Cinco países de la Unión Europea han dado un nuevo paso para externalizar parte de su política de expulsiones. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos acordaron este viernes en Copenhague un modelo común para crear los denominados return hubs o centros de retorno en terceros países, instalaciones a las que podrían ser trasladados migrantes que se encuentren irregularmente en la UE y sobre los que pese una decisión de retorno. El objetivo declarado por el grupo es alcanzar durante este año un acuerdo con al menos un Estado dispuesto a albergar estos centros y estar en condiciones de efectuar los primeros traslados a lo largo de 2027.
Por el momento, los cinco gobiernos no han desvelado con qué países están negociando, aunque distintas informaciones sitúan a Ruanda y Uganda entre los posibles candidatos. El ministro danés de Inmigración e Integración, Morten Bødskov, aseguró tras la reunión que las conversaciones se encuentran en una fase avanzada y señaló que esperan disponer de un entendimiento común con un país socio alrededor de Año Nuevo. El grupo volverá a reunirse a finales de septiembre en Múnich para continuar perfilando el proyecto.
Un nuevo instrumento para ejecutar las expulsiones
La iniciativa se dirige específicamente a ciudadanos de terceros países que no tengan derecho a permanecer en la Unión, entre ellos solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada y cuya expulsión al país de origen no pueda ejecutarse inmediatamente. Estos migrantes podrían ser enviados a un tercer Estado que haya aceptado recibirlos mediante un acuerdo previo con el país europeo responsable de su retorno. No se trata, por tanto, de trasladar fuera de la UE a cualquier solicitante de asilo que llegue a Europa, sino de aplicar el mecanismo a personas sobre las que ya exista una decisión de retorno.
Los cinco gobiernos sostienen que estos centros permitirían aumentar el reducido porcentaje de órdenes de retorno que llegan a ejecutarse y, al mismo tiempo, enviar un mensaje disuasorio frente a la inmigración irregular. Austria ha fijado incluso como objetivo político avanzar hacia una reducción drástica de las llegadas irregulares, mientras Dinamarca insiste en que los futuros centros no deberían funcionar como cárceles, sino como instalaciones desde las que las personas afectadas puedan regresar posteriormente a sus países de origen o rehacer su vida en el Estado socio.
Bruselas abre la puerta a los ‘hubs de retorno’
El proyecto ha ganado viabilidad después de que el Parlamento Europeo aprobara el pasado 17 de junio la reforma del sistema comunitario de retornos por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. El nuevo marco permite expresamente que un Estado miembro alcance acuerdos con terceros países para trasladar allí a personas sujetas a una orden de retorno, siempre que el país receptor respete los derechos humanos, el Derecho internacional y el principio de no devolución. La reforma también contempla mayores obligaciones de cooperación para las personas sometidas a procedimientos de expulsión y amplía las posibilidades de detención cuando exista riesgo de fuga o falta de colaboración.
La normativa establece salvaguardas relevantes: los menores no acompañados quedan excluidos de los centros de retorno, aunque el mecanismo sí puede alcanzar a familias con hijos. Los Estados tendrán además que informar a la Comisión Europea y al resto de socios comunitarios sobre los acuerdos suscritos con terceros países antes de ponerlos en funcionamiento.
Las dudas sobre derechos humanos y eficacia
El proyecto afronta, sin embargo, importantes interrogantes jurídicos y prácticos. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, advirtió en julio directamente a los cinco gobiernos de que los centros pueden generar «considerables riesgos para los derechos humanos» y reclamó evaluaciones previas de riesgo, supervisión independiente permanente, cláusulas jurídicamente vinculantes y mecanismos que permitan suspender los acuerdos cuando no se respeten las garantías exigidas.
También existen dudas sobre su eficacia real. Un informe del servicio de estudios del Parlamento Europeo señala que experiencias similares desarrolladas fuera de la UE apuntan a costes elevados, dificultades jurídicas y un número limitado de personas efectivamente trasladadas. Italia mantiene ya un precedente con sus instalaciones en Albania, mientras otros intentos de externalización han tropezado durante los últimos años con obstáculos judiciales, políticos y económicos.
Pese a esas reservas, el acuerdo entre Berlín, Viena, Copenhague, Atenas y La Haya muestra hasta qué punto la externalización de los retornos ha pasado de ser una propuesta controvertida a convertirse en una de las grandes líneas de la nueva política migratoria europea. El siguiente paso será encontrar un tercer país dispuesto a recibir a los expulsados y fijar quién asumirá su custodia, manutención y eventual traslado posterior; cuestiones que determinarán si los primeros centros pueden estar realmente operativos en 2027 o si el proyecto vuelve a encontrarse con los problemas legales y logísticos que han frenado iniciativas anteriores.