La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha censurado este viernes al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por designar a los expresidentes regionales Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como integrantes de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que respalden su defensa del ático de Chamberí adquirido por Planifica Madrid y sufragados sus honorarios con fondos públicos de los madrileños.
En unas declaraciones remitidas a los medios, Sánchez Acera ha situado la incorporación de los exdirigentes madrileños del PP a este órgano consultivo en materia jurídica de la Administración autonómica como una fórmula de “pagar” para que le “apoyen en su defensa del ático” comprado por la Comunidad de Madrid en el paseo General Martínez Campos.
“Parece que Ayuso sí que ha encontrado la manera de pagar a los presidentes del Partido Popular para que le apoyen en su defensa del ático y sus viajes opacos, esta vez haciéndoles miembros de esta Comisión Jurídica”, ha señalado.
En concreto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde en su reunión del pasado 22 de julio al nombramiento de Aguirre, Gallardón y Cifuentes en este órgano encargado de elaborar dictámenes sobre asuntos de especial trascendencia jurídica que le son planteados por el Ejecutivo autonómico y otras administraciones públicas.
Desde el Gobierno regional recuerdan que, aunque los informes de este organismo son de carácter consultivo, suponen una referencia jurídica de peso para la actuación de las administraciones públicas madrileñas. En el caso de Joaquín Leguina, actualmente al frente de la Cámara de Cuentas, no se ha acordado su entrada en la comisión.
PAGADOS CON LOS IMPUESTOS DE TODOS LOS MADRILEÑOS
Desde el PSOE-M, la responsable de Organización ha subrayado que este “apoyo” de los tres expresidentes del PP al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se hará “con cargo a los presupuestos de todos los madrileños”. “No vaya a ser que se equivoque la señora Ayuso”, ha ironizado.
En la misma línea, en un mensaje oficial en la red social X, el PSOE de Madrid ha calificado de “vergonzoso” esta “paguita” a estos expresidentes “que cerraron el Consejo Consultivo, para compensar”. “Ayuso premia, con dinero público, a los expresidentes para que apoyen la compra del ático y sus viajes opacos”, ha insistido la formación.
La dirigente socialista madrileña ha respondido así a una información del diario ‘El País’ relativa al cobro de estas dietas. Según el rotativo, los expresidentes percibirán una dieta de 750 euros por cada asistencia a la Comisión Jurídica Asesora de Madrid, que se reunió 45 veces en 2025, ejercicio en el que habrían llegado a ingresar 33.750 euros en el caso de acudir a todas las sesiones.
Fuentes de la Consejería de Presidencia han indicado a Europa Press que esos 750 euros en concepto de dieta representan la cuantía máxima posible y no una cantidad fija garantizada por cada Pleno. “La cantidad efectiva dependerá de los plenos a los que se asista y de las condiciones concretas aplicables en cada caso”, han matizado desde el departamento que encabeza Migual Ángel García Martín.
En este sentido, han aclarado que la remuneración final estará condicionada tanto a la asistencia real —dependiente de las circunstancias personales que permitan o no acudir— como a lo que establezca la normativa aplicable en cada supuesto.
El Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, regulado mediante el Decreto 59/2025, fija que los expresidentes que hayan permanecido al menos dos años en el ejercicio de su cargo desde el inicio de la Legislatura pueden, tras su cese, ser designados vocales electivos de esta comisión.
La Comunidad de Madrid aprobó hace un año su Estatuto de expresidentes y del resto de miembros del Consejo de Gobierno una vez cesan, con la finalidad de “homologarse al Estado y a las comunidades autónomas”.
El texto incluía una compensación para los expresidentes autonómicos a partir de este mandato del 80% de sus retribuciones durante un máximo de 24 meses, mientras que el resto podrá desempeñar funciones consultivas y percibir una indemnización de 750 euros por asistir a las comisiones.
Asimismo, prevé que quienes hayan sido máximos responsables regionales durante un mínimo de dos años puedan disponer, durante los dos años posteriores a su salida del cargo, de medios personales y materiales de apoyo.