España vuelve a superar la barrera de los tres millones de horas extraordinarias trabajadas cada semana sin remuneración. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que durante el segundo trimestre de 2026 los trabajadores realizaron una media de 7,18 millones de horas extra semanales, un 2,48% más que en el mismo periodo del año anterior y el mayor volumen registrado desde que comienza la serie comparable en 2011.
El problema no está únicamente en que aumente el tiempo trabajado fuera de la jornada ordinaria. De esos 7,18 millones de horas, 3,09 millones no fueron pagadas, el equivalente aproximadamente al 43% del total. Las horas extraordinarias sin remunerar aumentaron un 9,6% interanual, mientras las que sí recibieron compensación descendieron un 2,3%, hasta situarse alrededor de los cuatro millones semanales.
El repunte llega precisamente cuando el Ministerio de Trabajo intenta sacar adelante uno de sus proyectos pendientes: endurecer el registro horario para que todas las empresas dispongan de un sistema digital, fiable y accesible para la Inspección de Trabajo. La reforma debía haber sido aprobada antes del verano, pero las discrepancias con Economía y un informe muy crítico del Consejo de Estado retrasaron su tramitación. Trabajo y Economía acordaron finalmente retomar el texto en septiembre.
Las horas extra no pagadas aumentan un 9,6%
El salto respecto al primer trimestre es todavía más pronunciado, aunque parte de esa diferencia responde a la estacionalidad del mercado laboral. Entre enero y marzo se contabilizaron 5,89 millones de horas extraordinarias semanales; entre abril y junio fueron 7,18 millones, lo que supone un incremento cercano al 21%. En el caso concreto de las horas no pagadas, el aumento trimestral alcanza el 23%.
La situación varía mucho según el sector. La industria registra el mayor volumen global, con unas 976.000 horas extra semanales, aunque 703.000 son remuneradas. Le siguen las actividades sanitarias, con unas 947.300 horas, de las que 806.000 sí se pagan. En la hostelería se realizan aproximadamente 698.200 horas extraordinarias cada semana y casi la mitad quedan sin remunerar: unas 326.800.
El dato más llamativo aparece en la educación. De las 682.200 horas extraordinarias semanales contabilizadas en el sector, aproximadamente 588.900, el 84%, no reciben remuneración. Según cálculos de CCOO recogidos por EFE, seis actividades concentran el 62% de todas las horas extra sin pagar: educación, hostelería, industria manufacturera, comercio, actividades profesionales y Administración Pública.
Qué quiere cambiar Trabajo con el registro horario
El registro diario de jornada ya es obligatorio, pero el Ministerio considera que el modelo actual permite sistemas demasiado diferentes entre empresas y dificulta comprobar si las horas realmente trabajadas coinciden con las declaradas. De ahí que la reforma impulsada por el departamento de Yolanda Díaz pretenda sustituir ese esquema por un registro digital, objetivo, fiable y difícil de manipular.
Uno de los cambios centrales sería que la Inspección de Trabajo pudiera acceder al registro de manera remota, sin necesidad de acudir físicamente a la empresa para comprobar la jornada. La finalidad es que los inspectores puedan contrastar con mayor facilidad las horas de entrada y salida y detectar excesos de jornada o horas extraordinarias que no hayan sido pagadas o compensadas.
Trabajo mantiene que reforzar el control es necesario precisamente porque las cifras de la EPA muestran que millones de horas continúan quedando fuera de las nóminas y de las cotizaciones. La vicepresidenta segunda ha asegurado que la reforma saldrá adelante y llegó a afirmar antes del verano que se aprobaría "aunque sea lo último que haga".
Por qué todavía no se ha aprobado
El camino normativo está siendo más complicado de lo previsto. El Consejo de Estado emitió en marzo un dictamen desfavorable y cuestionó varios elementos del proyecto. Entre otras objeciones, consideró insuficiente la regulación sobre protección de datos personales y puso en duda que algunas de las nuevas obligaciones puedan introducirse mediante un real decreto sin una cobertura legal más amplia.
El organismo consultivo también cuestionó el impacto económico de la implantación obligatoria de sistemas digitales para las empresas. La patronal CEOE se opone igualmente al proyecto y ha avanzado su intención de impugnarlo judicialmente si se aprueba en los términos planteados, argumentando tanto cuestiones de privacidad como el coste que supondría especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Dentro del propio Ejecutivo también han existido diferencias. El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, ha defendido que las pymes deberían disponer de un periodo de adaptación que podría alcanzar un año. A finales de julio, Trabajo y Economía dieron por encauzadas sus discrepancias y acordaron dejar la aprobación para septiembre con el objetivo de introducir los ajustes necesarios tras el dictamen del Consejo de Estado.
El registro no reduce por sí mismo la jornada
La reforma del control horario debe diferenciarse de otro de los grandes proyectos defendidos por Trabajo: la reducción de la jornada laboral. El objetivo del nuevo registro no es modificar automáticamente el número máximo de horas que puede trabajar una persona, sino disponer de un mecanismo más preciso para saber cuánto trabaja realmente y comprobar si los excesos se pagan o compensan conforme a la normativa.
La cuestión cobra relevancia porque el volumen de horas extraordinarias ha alcanzado máximos. España realiza cada semana 7,18 millones de horas extra y más de tres millones quedan sin pagar, según el último dato disponible. La discusión que se reabrirá en septiembre será, por tanto, hasta dónde puede llegar el Gobierno mediante un reglamento para controlar esas jornadas y qué garantías deben establecerse para trabajadores y empresas.
Trabajo mantiene intacto el núcleo de su propuesta: fichaje digital y acceso de la Inspección al registro para dificultar que las horas trabajadas desaparezcan del control oficial. Antes de que pueda aplicarse, sin embargo, tendrá que superar las objeciones jurídicas, las resistencias empresariales y cerrar definitivamente el acuerdo dentro del Gobierno.