El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha expuesto este miércoles la postura del Gobierno de Asturias ante el diseño de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, apostando por un modelo que conjugue competitividad, sostenibilidad y cohesión territorial, y que incorpore las particularidades de las regiones atlánticas y de montaña.
Durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en Madrid, el responsable autonómico ha subrayado que la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal son actividades esenciales para la economía regional y el asentamiento de población en el medio rural, además de contribuir a la conservación del paisaje, la prevención de incendios y la vertebración del territorio. En este contexto, ha insistido en que la próxima PAC debe asegurar la viabilidad económica de las explotaciones.
“No habrá sostenibilidad ambiental si previamente no garantizamos el mantenimiento de la actividad agraria efectiva”, ha alertado.
El Ejecutivo asturiano defiende que las ayudas se orienten a quienes realmente producen, asumen riesgos empresariales y generan puestos de trabajo, con especial atención a las explotaciones familiares, profesionales y de montaña, que soportan mayores costes estructurales y desarrollan una función clave en el medio rural.
Asimismo, el Principado ve imprescindible preservar los criterios agroclimáticos y territoriales en el reparto de los fondos y rechaza esquemas homogéneos que ignoren las especificidades de las zonas de montaña y de la cornisa cantábrica.
El consejero ha puesto también el acento en el refuerzo de la seguridad alimentaria y de la autonomía estratégica mediante el mantenimiento de la capacidad productiva y el respaldo europeo a sectores como el vacuno de leche y carne, la apicultura y los cultivos proteicos. En esta línea, Asturias reclama una PAC con dotación financiera suficiente, verdaderamente común, con una gobernanza que garantice la participación real de las comunidades autónomas y una correcta territorialización de las intervenciones.
Medidas frente al estrés hídrico
Por otra parte, el titular de Medio Rural ha trasladado la inquietud de Asturias y del resto de comunidades de la cornisa cantábrica y de Navarra por el efecto de la escasez de precipitaciones y las elevadas temperaturas sobre las explotaciones agrarias y ganaderas.
La merma de los pastos obliga a muchas ganaderías a comprar piensos y forrajes que en condiciones normales producen ellas mismas. Ante esta situación, Marcos Líndez ha pedido al Ministerio actuaciones inmediatas para las explotaciones afectadas, entre ellas ayudas extraordinarias, la creación de un fondo de reserva para crisis climáticas, la prolongación de las medidas de alivio de costes y acciones específicas para sostener la demanda de los productos de los sectores más perjudicados.
El Principado, por su parte, movilizará recursos propios para paliar el impacto de esta coyuntura. En concreto, incrementará los fondos destinados a complementar la aportación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y pondrá en marcha ayudas excepcionales dirigidas a las explotaciones.
Reivindicaciones para la política pesquera
En cuanto a la pesca, el Gobierno de Asturias defiende que la futura política comunitaria mantenga una financiación suficiente para atender las necesidades específicas del sector y de las comunidades litorales.
El Principado considera que cualquier integración de la pesca en un marco financiero más amplio debe asegurar que esta actividad conserve peso propio, capacidad de decisión y una línea de financiación diferenciada. Por ello, el consejero ha reclamado que el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea incluya una asignación pesquera claramente identificable y con trazabilidad presupuestaria propia.
Del mismo modo, ha solicitado que las comunidades autónomas participen de forma efectiva en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los futuros planes regionales, así como la implantación de mecanismos estables de coordinación con la Administración General del Estado que les permitan intervenir en las decisiones estratégicas y en las posibles reprogramaciones financieras.