Es positivo que, por fin, se haya abierto un debate público sobre el despliegue de los centros de datos. En España, ha comenzado a raíz del reciente proyecto de Real Decreto del Gobierno sobre sostenibilidad, eficiencia y soberanía de los centros de datos. Solo por eso debe ser bienvenido, aunque el debate lleve ya meses desarrollándose, de manera mucho más soterrada, en los sectores digital y energético.
Los recursos que demandan estas infraestructuras son muy significativos, particularmente en términos energéticos. Tan es así que su despliegue puede condicionar los precios mayoristas de la electricidad, los costes de red y la necesidad de construir nuevas infraestructuras eléctricas.
En EE. UU., país pionero en el desarrollo masivo de centros de datos, sus consecuencias —positivas y negativas— llevan tiempo formando parte del debate público, con controversias intensas y una creciente oposición ciudadana en algunos territorios, lo que ha llevado a Estados y condados a empezar a adoptar medidas restrictivas. El caso más llamativo es Nueva York, donde la gobernadora Kathy Hochul estableció el pasado 14 de julio una moratoria de un año para nuevos centros de datos de hiperescala, precisamente mientras se diseña un nuevo marco regulatorio para proteger a los consumidores, las infraestructuras y el medio ambiente.
En Europa, algunos Estados ya habían comenzado antes a tomar medidas. El ejemplo paradigmático es Irlanda, país en el que los centros de datos representaron en 2025 el 23 % de todo el consumo eléctrico nacional, según la oficina estadística irlandesa, y donde tras una moratoria de cuatro años a su construcción se ha aprobado un nuevo plan con estrictas exigencias a los mismos. Igualmente, Dinamarca tramita ahora una reforma para priorizar el acceso a una capacidad de red cada vez más escasa, en la que los centros de datos aparecen entre los sectores susceptibles de recibir menor prioridad.
Fuera de Europa, países tan distintos como Australia, Singapur o Malasia avanzan también hacia una mayor regulación. Australia propone que los centros aporten nueva generación renovable, capacidad firme y flexibilidad, evitando trasladar sus costes a otros consumidores. Singapur presentó el 8 de septiembre su Digital Infrastructure Bill, que introduce requisitos de sostenibilidad para los centros de datos, y Malasia condiciona ya nuevas inversiones a disponer de energía y agua suficientes y acreditar criterios ambientales.
En esa misma dirección, Mario Draghi defendía el pasado viernes 11 de septiembre, en su artículo Europe’s difficult choices on AI, que Europa necesita ampliar de forma sustancial su propia capacidad de computación si quiere preservar su soberanía. Pero esa expansión no puede hacerse ignorando las restricciones de energía, red, territorio o eficiencia.
En el ámbito energético, por tanto, el aumento de la demanda eléctrica y de las solicitudes de conexión provocado por los centros de datos puede exceder la capacidad existente y debe ser ordenado. El primer problema es decidir a quién concedemos una conexión escasa: si, por ejemplo, un centro de datos obtiene la capacidad eléctrica que necesita una siderúrgica con cientos de trabajadores para electrificar y modernizar su producción, probablemente la sociedad tendrá dificultades para entenderlo.
En algunos lugares ese problema ya empieza a hacerse visible. El pasado 11 de septiembre, ACER publicó su opinión sobre la evaluación portuguesa de adecuación de recursos. El análisis nacional portugués detecta riesgos de adecuación eléctrica desde 2028 hasta 2035 asociados, entre otros factores, al fuerte aumento previsto de la demanda de grandes consumidores, especialmente centros de datos. ACER matiza que Portugal puede estar sobreestimando el déficit porque infravalora posibles nuevas inversiones, baterías y respuesta de la demanda, pero confirma que el problema existe y merece planificación. Esta advertencia pone, como mínimo, en perspectiva la sobrerreacción de algunos desarrolladores al proyecto de Real Decreto español, amenazando con trasladar sus inversiones precisamente a Portugal.
El segundo riesgo es aumentar nuestra dependencia energética de terceros países en un escenario geopolítico especialmente complejo. Si para alimentar los centros de datos europeos necesitamos quemar un gas fósil que Europa no posee y debe importar, difícilmente estaremos ganando soberanía. Al contrario, estaremos perdiéndola.
Por eso tiene sentido, tanto ambiental como económicamente, exigir a los nuevos centros energía renovable adicional y real. Al igual que lo tiene mantener en Europa una elevada exigencia en materia de eficiencia energética, uso de recursos, almacenamiento, flexibilidad y reutilización, ámbitos en los que, además, contamos con importantes empresas europeas. Si no todos pueden conectarse, debemos priorizar los proyectos más sostenibles y los que más valor aporten a nuestra economía y a nuestra sociedad.
Pero existe una segunda dimensión de la soberanía, probablemente aún más importante. En un interesantísimo artículo publicado el 2 de septiembre en el Financial Times, su autor, Mehran Gul, plantea una idea esencial: alojar servidores en un país no equivale a disponer de capacidad soberana de inteligencia artificial, pues la dispersión física del hardware no descentraliza por sí sola el poder tecnológico.
Evidentemente, un centro de datos situado en Europa y dedicado esencialmente a operar modelos estadounidenses como ChatGPT, Claude o Gemini no aumenta necesariamente nuestra soberanía digital. Un reciente policy brief de Bruegel sobre la brecha europea de capacidad de computación llega, con matices, a una conclusión semejante: el déficit europeo de computación no se resuelve simplemente instalando infraestructura; hacen falta acceso a red, permisos y auténticas herramientas de soberanía en el uso de esa capacidad.
De hecho, puede suceder lo contrario: que nuestra dependencia tecnológica ponga en riesgo nuestra autonomía. Ya hemos tenido una advertencia muy concreta este año. Basta remontarse al pasado 12 de junio, cuando el Gobierno estadounidense impuso controles de exportación que impedían a ciudadanos extranjeros acceder a los nuevos modelos Claude Fable 5 y Mythos 5, se encontraran o no dentro de EE. UU. Anthropic, incapaz de verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real, tuvo que suspender temporalmente el acceso a ambos modelos.
Finalmente, las restricciones sobre Fable 5 fueron levantadas el 30 de junio y el servicio volvió a estar disponible globalmente el 1 de julio, pero fue una demostración bastante gráfica de que tener infraestructura física en suelo europeo no significa controlar los servicios que funcionan sobre ella. No obstante, existen herramientas regulatorias para reducir ese riesgo y debemos ponerlas en marcha. No se trata de impedir que las grandes compañías internacionales se instalen en Europa, sino de exigir garantías para que los europeos podamos acceder en igualdad de condiciones a los servicios que utilizan nuestra energía, nuestras redes y nuestro territorio.
Otra forma de apostar por nuestra soberanía es fomentar un verdadero espacio europeo de datos y servicios en la nube, con residencia y control europeos. Los desarrolladores que opten por este modelo deberían ser prioritarios. Y también deberíamos favorecer los centros que proporcionen capacidad de computación a modelos europeos —como Mistral— y a las infraestructuras públicas que estamos construyendo. La Comisión cuenta ya con 19 Factorías de IA y está impulsando nuevas Gigafactorías para aumentar la capacidad europea de entrenamiento e inferencia.
Estas son algunas de las condiciones necesarias para garantizar un despliegue sostenible y soberano de centros de datos en Europa. Hoy todavía no las estamos cumpliendo. Se pretende desplegar con rapidez y medir el éxito en megavatios instalados, en lugar de buscar el máximo rendimiento en capacidad de computación por potencia energética utilizada. Quemar gas importado, incluso detrás de la red, a los precios actuales, difícilmente puede ser eficiente, además de ambientalmente insostenible. Y tampoco puede hablarse de soberanía si esos desarrollos no ofrecen a nuestras sociedades europeas un mayor control sobre la tecnología que alojan.
No basta con decir a la ciudadanía y a sus representantes que estos centros son imprescindibles y que deben aceptarlos sin más para no perder una carrera cuya meta, en demasiadas ocasiones, ni siquiera hemos definido. Pero esa es otra discusión: la de la gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Y merece un artículo propio.
sobre la firma:
Nicolás González Casares es diputado del Parlamento Europeo por el PSOE y miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D).