La llegada de menores sin familiares adultos durante la crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a plantear qué ocurre con estos niños y adolescentes una vez que entran en España. Aunque hayan accedido de manera irregular, la prioridad legal deja de ser el control migratorio y pasa a ser la protección del menor.
La normativa considera menor extranjero no acompañado a quien tiene menos de 18 años y llega a España sin un adulto responsable, o queda solo después de entrar en el país, siempre que exista una situación de desprotección.
Atención inmediata y traslado a los servicios de protección
Cuando la Policía Nacional, la Guardia Civil u otra autoridad localiza a un menor extranjero solo, debe comunicarlo al Ministerio Fiscal y ponerlo a disposición de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma correspondiente.
Las autoridades están obligadas a proporcionarle atención inmediata, que puede incluir alojamiento, alimentación, asistencia médica, ropa, apoyo psicológico e intérprete. La entidad pública puede asumir inicialmente su guarda provisional mientras investiga su identidad, sus circunstancias familiares y la posible existencia de una situación de desamparo.
Un menor extranjero no acompañado no puede ser internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros. La Ley de Extranjería ordena expresamente que sea entregado a las entidades públicas de protección de menores.
¿Cómo se comprueba si realmente es menor?
Cuando la minoría de edad resulta clara por la documentación o la apariencia física, la persona es trasladada directamente a los servicios autonómicos de protección y sus datos se inscriben en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
Si está indocumentada y existen dudas razonables sobre su edad, la Policía debe comunicarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal. La Fiscalía ordenará las actuaciones necesarias para determinarla, con la colaboración prioritaria y urgente de los servicios sanitarios. Mientras se desarrolla el procedimiento, la persona debe recibir la atención inmediata que necesite.
Las pruebas pueden incluir una entrevista, una exploración física y estudios médicos. Si el resultado establece una horquilla y su límite inferior se sitúa por debajo de los 18 años, la normativa obliga a considerarla menor.
¿Quién asume la tutela?
Las competencias sobre protección de la infancia corresponden a las comunidades y ciudades autónomas. Cuando la Administración constata que el menor se encuentra desamparado, asume su tutela por ministerio de la ley y adopta las medidas necesarias para su guarda.
El menor puede ser alojado en un centro de primera acogida, trasladado posteriormente a un recurso residencial más estable o incorporado a un sistema de acogimiento familiar, dependiendo de su edad, sus necesidades y la disponibilidad del sistema.
Desde su entrada en el recurso de protección debe recibir una atención integral y adecuada, evitando prolongar innecesariamente las medidas provisionales o la estancia en centros de primera acogida.
¿Qué derechos tiene?
Los menores extranjeros que se encuentran en España tienen derecho a educación, asistencia sanitaria, servicios sociales y prestaciones básicas en las mismas condiciones que los menores españoles, con independencia de cómo hayan entrado en el país.
También tienen derecho a:
- Ser informados en un idioma que comprendan.
- Ser escuchados en las decisiones que les afecten.
- Disponer de representación legal.
- Recibir asistencia jurídica e intérprete.
- Mantener protegida su identidad y sus datos personales.
- Solicitar asilo o protección internacional.
- Recibir atención especializada si son víctimas de trata, violencia, abuso o explotación.
Los servicios de protección deben informarles de manera fehaciente sobre el derecho de asilo y el procedimiento para solicitarlo. Cuando un menor pide protección internacional, debe contar con un representante que actúe en su nombre y lo asista durante la tramitación.
¿Puede ser devuelto a su país?
No puede ser devuelto automáticamente ni mediante una expulsión ordinaria. La Administración puede estudiar su repatriación, pero debe abrir un procedimiento individual y demostrar que el retorno protege mejor su interés superior.
Antes de decidir, el Estado solicita información al país de origen sobre su familia y sus circunstancias. La repatriación solo puede plantearse para:
- Reunirlo con su familia cuando existan condiciones adecuadas.
- Entregarlo a los servicios de protección de menores de su país, si estos garantizan que asumirán su cuidado.
El menor debe ser informado, escuchado y asistido. También intervienen la entidad que ejerce su tutela y el Ministerio Fiscal. Si tiene más de 16 años puede actuar personalmente en el procedimiento; si es más pequeño pero tiene madurez suficiente y discrepa de su tutor, debe nombrársele un defensor judicial.
La decisión corresponde a la Delegación o Subdelegación del Gobierno y puede ser recurrida ante los tribunales. Si no se acredita que el retorno es seguro y favorable para el menor, debe permanecer bajo protección en España.
¿Obtiene permiso de residencia?
La residencia del menor tutelado por una Administración pública se considera regular a todos los efectos, incluso antes de que reciba físicamente su tarjeta. La falta temporal de documentación no puede privarlo de sus derechos como menor.
Cuando se acredita que no puede ser repatriado, y en todo caso una vez transcurridos 90 días desde su puesta a disposición de los servicios de protección, la Oficina de Extranjería debe iniciar el procedimiento para concederle una autorización de residencia.
La autorización:
- Tiene inicialmente una duración de dos años.
- Produce efectos desde el momento en que el menor fue puesto bajo protección.
- Permite trabajar desde los 16 años en actividades que favorezcan su integración social, a propuesta de la entidad protectora.
- Puede renovarse por tres años si continúan las circunstancias que justificaron su concesión.
La concesión del permiso no impide una repatriación posterior si se demuestra que resulta beneficiosa para el menor.
¿Puede ser trasladado a otra comunidad autónoma?
En circunstancias normales, la comunidad autónoma donde se encuentra el menor asume inicialmente su protección. También puede acordar con otro territorio el traslado de su tutela y custodia para facilitar una atención más adecuada.
Desde 2025 existe, además, un mecanismo estatal de redistribución cuando una comunidad o ciudad autónoma es declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria por la saturación de su sistema de acogida.
En esos casos, el Estado puede asignar al menor a otra comunidad autónoma. El traslado debe realizarse, con carácter general, dentro de los 15 días naturales posteriores a su inscripción en el registro. Antes de resolver, deben ser escuchados el menor y la comunidad de destino, y el expediente se comunica al Ministerio Fiscal.
El traslado no elimina la protección: la comunidad de destino pasa a asumir su guarda o tutela y debe garantizar sus derechos.
¿Qué ocurre cuando cumple 18 años?
Al alcanzar la mayoría de edad termina la tutela administrativa, pero el joven no queda automáticamente en situación irregular ni pierde de inmediato su autorización.
Quienes ya disponen de permiso de residencia pueden solicitar su renovación. Se valoran sus medios de vida, su participación en programas de integración, su formación y su posible incorporación al mercado laboral. La autorización renovada tiene una duración de dos años y permite trabajar.
Si alcanzó los 18 años sin recibir el permiso pese a haber cumplido las condiciones para obtenerlo, puede solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.