Las plantillas de Airbus en Illescas (Toledo) y Albacete han optado por interrumpir durante varios días la huelga convocada en la compañía para abrir un margen a la negociación, mientras que el resto de centros —Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada— someterá este lunes a votación una propuesta con las fechas concretas de esa suspensión temporal, según indicó recientemente el secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en Airbus Cádiz y miembro de la mesa negociadora en el SIMA, Edmundo Otero.
La decisión llega tras la última propuesta presentada por el fabricante, que incluye la vinculación de los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, entre otros elementos, condicionando no obstante la aplicación formal del acuerdo a que las organizaciones sindicales procedan a la desconvocatoria o suspensión inmediata de la huelga.
En el caso de Illescas, la plantilla respaldó la suspensión de los paros el pasado viernes en asamblea, mientras que en Albacete se pronunciarán este lunes, al igual que en los demás centros citados, donde también se votará si se detiene temporalmente la movilización.
Otero detalló que esta iniciativa, defendida por UGT en las asambleas del viernes en todas las factorías, pretende comprobar si la empresa “mueve ficha de manera efectiva” en la negociación, manteniendo abierta la opción de “activarla indefinidamente” si el avance por parte de la compañía se considera insuficiente.
El responsable sindical recalcó que el propósito de esta suspensión es “desmontar el único argumento en el que se escuda la compañía para no acabar esta negociación con el comité de huelga” y evidenciar que “los trabajadores y las trabajadoras cumplen en la negociación” y no van a ser “el impedimento para bloquear absolutamente nada”. Aun así, insistió en que “la responsabilidad de todas las partes debe ser llegar a una propuesta final lo antes posible”.
En un comunicado difundido por UGT FICA, la organización ha advertido de que regresará “a la huelga indefinida si al final esto es una maniobra más de Airbus” y ha exigido a la dirección que, tras este gesto, “ya no tiene excusas para cerrar un conflicto” después de que la plantilla rechazara la anterior plataforma negociadora.
Otero precisó que cualquier planteamiento que salga de la mesa de negociación se discutirá primero en las asambleas de todos los centros y, después, se someterá a “un referéndum general vinculante en el que la plantilla decida si el acuerdo es suficiente o no para cerrar este conflicto y que vuelva la normalidad en la compañía”, tal y como se comprometieron UGT, CGT y UTIL.
La próxima reunión formal de mediación entre Airbus y la representación legal de los trabajadores tendrá lugar mañana martes en el SIMA, encuentro en el que la empresa reiterará que el cierre definitivo del pacto pasa por un escenario previo sin paros ni movilizaciones.
“Estamos plenamente comprometidos a alcanzar un acuerdo. Vemos una gran buena voluntad en muchas áreas, lo que nos da la confianza de que podemos tener éxito en encontrar un camino común hacia adelante”, aseguró la compañía esta pasada semana.
Detalles de la última oferta de Airbus
En el ámbito retributivo, la última propuesta de Airbus contempla la referencia directa del salario al IPC real, junto con una recuperación del poder adquisitivo del 7,6% distribuida en cinco años y con una vigencia que se prolongaría hasta 2030.
Además, el planteamiento económico de la dirección incorpora la asignación de un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% destinado específicamente a atender el apartado de promociones profesionales internas.
En otros aspectos destacados, la compañía se compromete a mantener íntegramente el actual acuerdo de teletrabajo, respetando los pactos individuales firmados con la plantilla y conservando el tope del 40% de la jornada en modalidad no presencial.
Respecto al control del absentismo, la multinacional confirma la paralización del sistema Bradford, por lo que procederá a la devolución de los descuentos aplicados en nómina en un plazo máximo de dos meses tras la ratificación del acuerdo, y pondrá en marcha un grupo de trabajo paritario para consensuar un nuevo modelo de prevención.