La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que la gasolina y el diésel registran incrementos acumulados del 30,7% y del 34,4%, respectivamente, desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero. A la vista de esta escalada, la entidad reclama nuevas actuaciones de carácter estructural y una “estrecha vigilancia” sobre la evolución de los precios de los carburantes.
Según los cálculos de la OCU, entre el 28 de febrero y el 28 de septiembre el precio medio de la gasolina ha pasado de 1,48 euros por litro a 1,935 euros, lo que supone un encarecimiento del 30,7%. En el mismo periodo, el diésel habría subido de 1,437 euros a 1,931 euros por litro, lo que implica una subida del 34,4%.
Este fuerte repunte se produce a pesar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, que incluyen “una rebaja aproximada de 24 céntimos por litro y una reducción cercana a los seis céntimos para la gasolina”, cuya “utilidad” para contener el impacto inicial de la crisis la organización reconoce.
No obstante, la OCU advierte de que “el actual marco inflacionario obliga a avanzar hacia nuevas estrategias estructurales, sobre todo teniendo en cuenta que es poco probable que los precios vuelvan a los valores del año pasado”, según señala en un comunicado difundido este jueves.
En esta línea, la organización considera “necesarias medidas adicionales”, entre ellas ayudas directas a los hogares, ajustadas al nivel de renta y al peso del gasto en carburantes dentro del presupuesto familiar, el refuerzo del transporte público, el impulso de la movilidad compartida y el desarrollo de una red de puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. Asimismo, reclama que las posibles bajadas en las cotizaciones de los carburantes “se trasladen igual de rápido que las subidas”.
Con relación a este aspecto, la OCU insiste en la importancia de una “estrecha vigilancia” sobre la formación de precios para “garantizar la transparencia del mercado”.
Para la organización, “la actual situación evidencia la necesidad de combinar medidas de alivio inmediato con políticas estructurales orientadas a reforzar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la resiliencia de los hogares frente a futuras crisis”.
En coherencia con este diagnóstico, la OCU reclama que se actúe con criterios de “equidad, transparencia y seguridad económica”, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y promoviendo alternativas de movilidad “accesibles, seguras y respetuosas con el medio ambiente”, con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de las familias.
Además, la organización subraya que, en determinadas zonas, la diferencia de precios entre las estaciones de servicio más caras y las más baratas puede suponer un ahorro anual de hasta 300 euros para los conductores que eligen las opciones más económicas.