El dirigente de En Comú y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha asegurado este martes que tanto la votación en la Diputación Permanente de los decretos leyes de vivienda tumbados por el Pleno del Congreso como la convocatoria de una huelga general ante la crisis habitacional cuentan con “plena cobertura legal”.
La derogación de esos decretos leyes el pasado viernes desencadenó el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre y la consiguiente disolución del Congreso y del Senado, además del acuerdo de las organizaciones sindicales para impulsar una huelga general por la situación de la vivienda.
Con las Cortes ya disueltas, el Ejecutivo ha confirmado que volverá a aprobar en el Consejo de Ministros los decretos anulados y que los remitirá a la Diputación Permanente, donde sí dispone de apoyos suficientes para sacar adelante, al menos, el decreto con medidas generales en materia de vivienda.
En este órgano hay 69 escaños, y el bloque que respaldó el primer decreto de vivienda suma una mayoría de 35 representantes, integrada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 que reúnen PP, Vox y Junts. El segundo decreto, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, continúa sin mayoría en la Diputación Permanente, ya que el PNV también lo rechazó en el Pleno.
Vox cuestiona la maniobra y Sumar la avala
Vox ha manifestado sus dudas sobre la legalidad de esta vía y estudia incluso la posibilidad de impugnarla ante los tribunales. No obstante, el diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso ha defendido que la actuación del Gobierno se ajusta al reglamento de la Cámara Baja.
“Está previsto en el reglamento la posibilidad de que la Diputación Permanente pueda convalidar decretos-leyes”, ha señalado en una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso, descartando que esta estrategia pueda suponer un “fraude de ley”.
El representante de Sumar ha precisado que los textos que se someterán a votación en la Diputación Permanente no serán “exactamente” iguales a los que se debatieron en el Pleno del Congreso.
Ha añadido además que los decretos deben estar amparados por una situación de extraordinaria y urgente necesidad, y ha recordado que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido que en el ámbito de la vivienda existe “una situación de emergencia habitacional”.
Desde esta perspectiva, Pisarello sostiene que la emergencia habitacional “está más que probada” y argumenta que, incluso con un Gobierno en funciones como el actual y dentro de las competencias que permite el marco normativo vigente, no solo es posible, sino obligatorio impulsar medidas excepcionales y de urgencia para impedir que “millones de personas queden en la calle”.
Huelga general y protestas por la vivienda
En relación con la convocatoria de una huelga general, respaldada por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, el miembro de la Mesa del Congreso ha subrayado que, del mismo modo que las acampadas, “son expresión legítima de derechos básicos reconocidos en la Constitución”, como el derecho de manifestación y el propio derecho de huelga.
“Por lo tanto, creemos que tienen plena cobertura legal y plena justificación social”, ha concluido Pisarello.