Si PP y Vox alcanzaran un acuerdo para gobernar después de las elecciones generales del 29 de noviembre, ¿qué ministerios podría reclamar la formación de Santiago Abascal? Sus coaliciones autonómicas permiten hacer una proyección y ofrecen pistas: una vicepresidencia, competencias de desregulación y familia y la gestión del campo forman el esquema más repetido, aunque Andalucía presenta un reparto diferente.
El resultado electoral y la dependencia del PP de los votos marcarían esa negociación. El consenso de los últimos sondeos publicados -anteriores al anuncio electoral- sitúan a Vox con alrededor del 18%-19% de los votos, suficientes para sumar al porcentaje estimado de voto otorgado al PP para tratar de formar un Gobierno conservador.
Una vicepresidencia, el precedente más constante
Vox ha obtenido una vicepresidencia en las cuatro comunidades donde ha cerrado coaliciones de gobierno con el PP este año: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Esa repetición convierte el puesto en uno de los precedentes más sólidos para una eventual negociación nacional.
La fórmula combina rango institucional y competencias propias. En Extremadura, Óscar Fernández Calle dirige Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En Castilla y León, Carlos Pollán ocupa la Vicepresidencia Primera y gestiona Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En Andalucía, Manuel Gavira es vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.
El precedente apunta a una posible vicepresidencia para Vox. La entrada del partido en un Ejecutivo liderado por PP y el papel personal de Abascal serían dos decisiones relacionadas, aunque distintas.
Familia y Desregulación, una posible cartera propia
Un departamento que reuniera Familia, Derechos Sociales y Desregulación sería una de las opciones que mejor encajan con los acuerdos autonómicos. Su creación podría implicar una reorganización de competencias, en lugar de la simple entrega de un ministerio existente.
Extremadura y Castilla y León cuentan con departamentos que vinculan expresamente desregulación, familia y servicios o ayudas sociales. El acuerdo aragonés atribuye a Vox Servicios Sociales y Familia y una vicepresidencia con funciones de desregulación. Andalucía introduce una excepción: allí el departamento de Gavira incluye Desregulación, pero no Familia.
La apuesta tiene también una dimensión nacional. Vox presentó en junio un programa de desregulación con participación de sus vicepresidentes autonómicos, reforzando esa materia como una de sus prioridades de gobierno.
Que una eventual cartera absorbiera Igualdad es una hipótesis adicional.
Agricultura, el ministerio con el encaje más directo
Agricultura, Pesca y Alimentación sería otra de las opciones con mayor respaldo, según la experiencia autonómica de Vox. El partido gestiona Agricultura en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
El encaje combina experiencia de gestión y prioridad programática. El acuerdo aragonés recoge la defensa del campo frente a Mercosur y determinadas políticas ambientales europeas, junto con medidas de protección para agricultores y ganaderos. En el Gobierno nombrado en Castilla y León, la cartera de Vox se denomina Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, mientras Medio Ambiente y Energía permanece en manos del PP.
Ese recorrido ofrece una base concreta para proyectar una posible petición de Agricultura por parte de los de Abascal.
Interior y Migraciones, la opción ligada a su principal bandera política
Interior sería una aspiración coherente con el peso de la inmigración en el discurso de Vox. Tras la convocatoria electoral, Abascal situó la prioridad nacional, la desregulación y la remigración entre las condiciones para el programa del Gobierno que aspiraría a formar con el PP.
Sin embargo, controlar Interior supondría un salto respecto a las responsabilidades regionales. Las competencias estatales sobre fronteras, extranjería y fuerzas de seguridad tienen un alcance distinto al de las consejerías autonómicas.
Hay un antecedente en la Comunidad Valenciana, donde Vox gestionó Justicia e Interior en el Ejecutivo constituido en 2023. Extremadura no sirve como segundo precedente: allí Vox obtuvo Gestión Forestal y Mundo Rural, mientras Presidencia e Interior quedó en manos del PP.
Cultura, Turismo y Justicia, las otras posibilidades
Los gobiernos autonómicos aportan también precedentes para Cultura, Turismo, Deporte y Justicia. Vox dirige Cultura, Turismo y Deporte en Castilla y León; el acuerdo aragonés le atribuye Medio Ambiente y Turismo; y Justicia forma parte del departamento de Gavira en Andalucía.
Son áreas que podrían incorporarse al reparto. Su configuración dependería de cómo se agruparan los ministerios y de qué competencias quisiera reservarse el PP.
Cuántos ministerios podría conseguir Vox
Los acuerdos regionales muestran repartos diferentes: dos consejerías en Extremadura, tres en Aragón y Castilla y León y una en Andalucía, con una vicepresidencia vinculada a uno de esos departamentos.
No existe una regla que permita convertir el porcentaje de voto obtenido en unas elecciones en una cuota fija de ministerios dentro de una negociación para formar un Ejecutivo de coalición.
Feijóo anunció un máximo de 15 ministerios en agosto de 2022. Hablar de entre tres y cinco ministerios para Vox entra dentro de lo probable.
El programa pesaría tanto como el reparto
Los pactos autonómicos incorporan prioridades que Vox podría intentar trasladar a un acuerdo estatal: restricciones a la acogida de menores migrantes, criterios de prioridad nacional en ayudas y vivienda, rechazo a Mercosur, prohibiciones del burka y el nicab y leyes de concordia para sustituir la normativa de memoria.
Feijóo ha señalado, por su parte, límites relacionados con el marco constitucional y autonómico y con las políticas de igualdad de género y LGTBI. También ha descartado reformar el sistema de plazos del aborto.
La negociación tendría así dos dimensiones: qué competencias asumiría Vox y qué políticas aceptaría desarrollar el PP. Los precedentes sitúan vicepresidencia, desregulación, familia y agricultura en el centro de la proyección. Interior sería una opción vinculada a la agenda migratoria de Vox, pero con responsabilidades estatales mucho mayores.