La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia ha dado luz verde este viernes a una resolución que otorga a la Cámara la potestad de apartar de manera directa al fiscal general del Estado cuando sea imputado por un delito grave, como sucede con el actual responsable, Roger Mariaca. La medida también habilita a las autoridades legislativas para designar a un fiscal general interino que asuma el cargo durante posibles ausencias.
“Vamos a implementar (la medida) para que una persona pueda hacerse cargo momentáneamente por tres meses, para que quede al mando de la Fiscalía. No puede quedarse la misma persona (implicada en un delito) o uno de su equipo (...) porque han sido parte del equipo del fiscal (Roger Mariaca), entonces no hubiera la garantía de la transparencia”, se ha referido el presidente de la ALP, Diego Ávila, en el pleno.
El senador ha detallado que la reforma de la Ley número 260 del Ministerio Público pretende garantizar mayor transparencia en las pesquisas que se desarrollen cuando el fiscal general aparezca vinculado a un delito grave, como ocurre en el caso de Mariaca, investigado por narcotráfico.
“Entonces vamos a colocar a una persona (interina), que nada tiene que ver en el entorno del fiscal que se salió (...) en los tres meses tiene que cumplir la tarea que se le encomiende la Asamblea, no el Ejecutivo”, ha manifestado.
La resolución, respaldada por una mayoría de dos tercios, se conoce después de que el actual fiscal general interino, Luis Montaño, registrara este mismo viernes la declaración con la que asumía de forma provisional el despacho de fiscal general, amparándose en la Ley del Ministerio Público y en su condición de uno de los fiscales con más antigüedad.
Horas más tarde, el Gobierno de Bolivia anunció que la Policía procedería a detener a Montaño por presunta usurpación de funciones y por intentar entorpecer la investigación sobre las autoridades implicadas en el caso Marset, en el que también figura Mariaca.
El Ejecutivo acusó al fiscal interino de tratar de obstaculizar las pesquisas sobre los detenidos, señalándole de situarse “del narcoterrorismo y de la estructura criminal” y advirtiendo de que, por ese motivo, “recibirá una respuesta firme y directa de parte del Gobierno”.