Brasil afronta este domingo una gran jornada en las urnas, con elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en un clima de fuerte polarización en torno a los dos aspirantes con más opciones al Palacio de Planalto: el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente bajo arresto domiciliario Jair Bolsonaro. Ambos encarnan visiones políticas totalmente enfrentadas.
En esta cita se decidirán más de 1.650 cargos y todos los sondeos apuntan a que Lula y Flávio se verán abocados a una segunda vuelta muy ajustada el 25 de octubre. La votación cobra un peso adicional porque el presidente brasileño es uno de los escasos dirigentes de izquierdas en una región donde la ultraderecha ha ido ganando terreno, algo celebrado por la Administración de Donald Trump.
El bolsonarismo también se juega su futuro. El patriarca del clan permanece en arresto domiciliario por motivos de salud tras ser sentenciado a más de 27 años de prisión por su papel como principal ideólogo del intento de golpe de Estado posterior a su derrota en las presidenciales de 2022.
Un eventual triunfo de Flávio podría ser clave para las aspiraciones de libertad de Bolsonaro, ya sea impulsando una ley de amnistía en un Congreso previsiblemente inclinado a la derecha, o mediante la concesión directa de un indulto. El exmandatario figura entre las 1.400 personas condenadas por el asalto a las instituciones en enero de 2023 en Brasilia.
Propuestas opuestas y el peso decisivo del ‘centrão’
El proyecto de Lula se basa en un modelo de desarrollo con fuerte intervención del Estado, un sistema fiscal más progresivo, incrementos del salario mínimo y el refuerzo de programas sociales como Bolsa Familia o Minha Casa. En política exterior, defiende un multilateralismo activo que ha reiterado en numerosos foros internacionales.
Flávio, por su parte, hereda la agenda de su padre, caracterizada por políticas de recorte del gasto, desregulación, rebajas fiscales, explotación intensiva de los recursos naturales, endurecimiento de las penas y la supuesta restauración de valores tradicionales, fuertemente influida por los movimientos evangélicos.
Pese a que la pugna por la Presidencia concentra la atención, el verdadero poder volverá a dirimirse en el Congreso, donde la bancada del ‘centrão’, un conglomerado informal de partidos de tendencia derechista, se reafirma como el actor más decisivo de la política brasileña.
Desde hace décadas, cualquier presidente que ha llegado al Planalto ha tenido que entenderse con este bloque, capaz de bloquear leyes y derribar gobiernos, tanto conservadores como progresistas, para sacar adelante sus intereses o promover un juicio político, como comprobó en 2016 la expresidenta Dilma Rousseff.
Las formaciones que integran el ‘centrão’ no han presentado candidato propio ni se han decantado públicamente en esta primera vuelta por ninguno de los dos favoritos, manteniendo su tradicional pragmatismo para negociar con ambos bandos, especialmente en lo relativo al reparto de partidas presupuestarias.
Como ya ocurrió en 2022, a partir de este domingo podría repetirse el escenario de un Lula vencedor en las presidenciales obligado a gobernar con un Parlamento dominado por las derechas, tal y como ha sucedido en la actual legislatura, con arduas negociaciones para sacar adelante sus iniciativas.
Tensión religiosa en el tramo final de la campaña
El auge del bolsonarismo se produjo en buena medida como reacción al descrédito acumulado por los últimos gobiernos de izquierdas —escándalos de corrupción, destitución de Rousseff y encarcelamiento de Lula—, acompañado de la expansión de los movimientos evangélicos, que han impregnado de religiosidad su discurso político.
Esta confesión se ha extendido con rapidez no solo en Brasil, donde ya representa el 31% de los creyentes, sino en buena parte de América Latina desde los años 60, como respuesta promovida por Estados Unidos frente a la teología de la liberación vinculada al catolicismo e inspiradora de numerosos movimientos revolucionarios.
La religión marca otra línea divisoria entre los candidatos: Lula es católico practicante, mientras que Flávio es evangélico neopentecostal, una diferencia que también se refleja en el comportamiento electoral de ambas comunidades de fe.
Aunque la dimensión religiosa siempre ha estado presente en otras campañas —es habitual ver a los aspirantes acudir a iglesias y templos de todo tipo para sumar o consolidar apoyos—, en esta recta final una controversia sobre el estatus legal de la virgen de Aparecida como patrona de Brasil ha obligado a la Justicia a intervenir para frenar la desinformación.
El conflicto estalló tras la difusión de bulos y mensajes sacados de contexto sobre el supuesto respaldo de Flávio a una iniciativa legislativa de hace dos décadas que pretendía retirar a esta virgen su condición de patrona del país, interpretada como un guiño a los sectores evangélicos más radicales y que desató la indignación de amplios sectores católicos.
Entre cruces de acusaciones entre fieles y chistes en redes sociales, la confusión se agravó cuando el magistrado progresista del Supremo Flávio Dino revocó una decisión previa de su colega conservador del Tribunal Superior Electoral (TSE), André Mendonça, que ordenaba retirar estos contenidos desinformativos de las plataformas digitales.
Finalmente, la resolución se mantuvo y el tribunal decidió además congelar los fondos de campaña utilizados para atacar a los candidatos por motivos religiosos, advirtiendo de posibles sanciones a los líderes de distintas confesiones que emplearan sus púlpitos para pedir el voto por uno u otro aspirante o difundir falsedades.
Encuestas, territorio y voto
Las dos campañas han intentado aprovechar esta coyuntura para arañar apoyos en una disputa muy ajustada, en la que Lula parte con un 42% de intención de voto en la primera vuelta, cuatro puntos por delante de Flávio. Se prevé, no obstante, un desenlace mucho más reñido en la segunda ronda del día 25.
Brasil presenta una de las divisiones socioeconómicas más marcadas del mundo, con un noreste relativamente industrializado —aunque con un interior muy dependiente del campo— y donde se concentra buena parte de las ayudas públicas, como el programa Bolsa Familia.
Esta transferencia directa de renta a los hogares se puso en marcha en 2003, durante el primer mandato de Lula, natural de un municipio de esta región nordestina, donde el impacto del programa ha sido notable y ha consolidado al Partido de los Trabajadores (PT) como fuerza hegemónica.
En contraste, el sur, el centro-oeste y los grandes centros urbanos del sureste, como Sao Paulo y Río de Janeiro —cuna del bolsonarismo—, se inclinan mayoritariamente por opciones liberales y conservadoras, con la excepción de Minas Gerais, que desde el retorno de la democracia en 1989 suele anticipar al ganador nacional.
En el norte, donde se encuentra la Amazonía, el voto está más fragmentado: las áreas urbanas tienden hacia la derecha, mientras que las zonas rurales e indígenas han respaldado tradicionalmente al PT de Lula.