La Comisión Europea ha presentado este martes un plan para que los países candidatos a la Unión Europea se vayan integrando de forma progresiva en el bloque antes de su adhesión plena, y para introducir nuevas salvaguardas que permitan sancionarles durante los 15 años posteriores a su entrada si se producen violaciones graves del Estado de derecho o de los valores esenciales de la UE, con la posibilidad de llegar a suspender su derecho de voto.
Estas medidas se enmarcan en un amplio paquete de cambios con el que Bruselas quiere adaptar las instituciones, las políticas y el presupuesto comunitario a futuras ampliaciones. Entre las propuestas, la Comisión subraya la necesidad de acotar el uso de la unanimidad para reducir la capacidad de veto de los Estados y abre la posibilidad de recortar el tamaño del Ejecutivo comunitario, que hoy está formado por 27 comisarios, uno por cada país miembro.
El Ejecutivo comunitario ha remitido esta propuesta a los Veintisiete y al Parlamento Europeo con el objetivo de preparar a la Unión para la llegada de nuevos socios utilizando al máximo las herramientas de los tratados actuales, sin tener que modificarlos, algo que exigiría la unanimidad de todos los Estados miembro.
El planteamiento, que ahora deberán negociar los gobiernos y la Eurocámara, se presenta en un momento en el que varios candidatos han acelerado sus procesos de adhesión y en el que Montenegro aspira a concluir las negociaciones antes de que termine el año, con la meta de convertirse en Estado miembro de pleno derecho en 2028.
Menos vetos y una Comisión Europea más reducida
En el terreno institucional, la Comisión propone recortar los ámbitos en los que cada Estado miembro conserva derecho de veto y aboga por recurrir más a las llamadas cláusulas pasarela, que permiten sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada sin necesidad de reformar los tratados, aunque para activarlas sigue siendo imprescindible el respaldo unánime de los Veintisiete.
“Los tratados lo permiten. Es posible reducir el número de ámbitos en los que un solo país puede vetar decisiones que todos los demás apoyan”, ha defendido la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, en una rueda de prensa en la que ha mencionado como ejemplos las sanciones, la lucha contra el fraude fiscal o las decisiones intermedias en los procesos de adhesión de los países candidatos.
Además, el Ejecutivo comunitario quiere impulsar el uso de la cooperación reforzada, que posibilita que un grupo de Estados avance conjuntamente en determinadas políticas dejando abierta la incorporación posterior del resto, como fórmula para agilizar la toma de decisiones en una Unión más numerosa.
De forma paralela, Bruselas sugiere revisar el tamaño de la propia Comisión Europea de cara a próximas ampliaciones. El documento recuerda que los tratados permiten que el Colegio de Comisarios esté formado por un número equivalente a dos tercios de los Estados miembro, mediante un sistema de rotación equitativa, en lugar del esquema actual de un comisario por país.
Según la Comisión, un Ejecutivo más pequeño facilitaría la creación de carteras más amplias y una coordinación interna más sencilla, aunque admite que el modelo vigente aporta al Colegio un conocimiento directo de la realidad política, económica y administrativa de todos los socios.
Integración progresiva de los candidatos antes de entrar
Otro pilar de la propuesta es profundizar en la integración gradual de los países candidatos antes de que se conviertan en Estados miembro, permitiéndoles participar de manera anticipada en determinadas políticas, programas y estructuras comunitarias conforme vayan cumpliendo las reformas exigidas para su adhesión.
“La integración gradual no sustituye a la plena adhesión, es un acelerador de la ampliación”, ha subrayado la comisaria, que ha precisado que este proceso dependerá tanto del avance de las reformas como del alineamiento estratégico de los candidatos con la Unión Europea.
En la práctica, esta integración anticipada podría traducirse en un acceso temprano a programas como Erasmus+ u Horizonte Europa, en una participación reforzada en agencias de la UE como Frontex y en una incorporación paulatina a segmentos del mercado único, así como a las redes europeas de transporte, energía y conectividad digital y a grupos de expertos y comités comunitarios.
No obstante, esta participación será “reversible” y quedará supeditada al cumplimiento de las reformas y al respeto de los valores e intereses estratégicos de la UE, de modo que Bruselas podrá retirar los beneficios concedidos si un candidato deja de cumplir las condiciones.
Nuevas salvaguardas frente a retrocesos democráticos
La Comisión plantea también reforzar los mecanismos de protección para evitar que los nuevos Estados miembro incumplan, una vez dentro de la UE, los compromisos asumidos durante las negociaciones, en especial en lo relativo al Estado de derecho, la democracia y los Derechos Fundamentales.
“Tenemos que estar seguros de que, después de entrar, nunca vuelvan a caer por debajo de esos estándares”, ha advertido Kos, que ha defendido la necesidad de aprender de ampliaciones anteriores y dotar a la UE de instrumentos que permitan “recortar el apoyo financiero o restringir los derechos de voto” en caso de retrocesos graves.
Con este fin, Bruselas propone una “póliza de seguros” en forma de salvaguarda institucional aplicable durante los primeros 15 años tras la adhesión de un nuevo país, que permitiría reaccionar ante “violaciones graves de los valores fundamentales del bloque” o del principio de “cooperación leal”, llegando en los casos más extremos a suspender su derecho de voto en el Consejo.
Además, la Comisión quiere que los futuros Estados miembro asuman de manera voluntaria y por un periodo determinado el compromiso de no bloquear nuevas ampliaciones de la UE por disputas bilaterales con otros candidatos, como ha ocurrido en los Balcanes, para evitar que este tipo de conflictos paralicen los procesos de adhesión.
Ajustes por la posible entrada de Ucrania y hojas de ruta
Al margen de los cambios institucionales, el análisis del equipo de Ursula von der Leyen concluye que la UE puede absorber la ampliación en la mayoría de sus políticas actuales, aunque identifica áreas que requerirán ajustes específicos, entre ellas la política agrícola común ante una eventual adhesión de Ucrania.
Debido a “la escala, la estructura y la muy elevada productividad” del sector agrícola ucraniano, la Comisión propone estudiar medidas concretas que limiten “significativamente” el apoyo financiero y el acceso al mercado para determinados productos agrícolas sensibles, con el fin de evitar que la entrada de Kiev tenga efectos negativos sobre los agricultores europeos y, al mismo tiempo, ayudar al país a recuperar sus mercados tradicionales de exportación en terceros países.
En paralelo, la Comisión ha señalado a Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania como los cuatro candidatos “más avanzados” y tiene previsto presentar el próximo 28 de octubre, junto con sus informes anuales de ampliación, hojas de ruta indicativas para cada uno de ellos, en las que se definirán los siguientes pasos, calendarios orientativos y objetivos concretos para seguir progresando hacia la adhesión.
“No habrá atajos”, ha remachado la comisaria eslovena, que ha insistido en que el ritmo de cada candidato seguirá determinado por sus propios méritos y por el cumplimiento de las reformas exigidas por Bruselas.