Las autoridades de Dinamarca han anunciado este viernes su intención de que los centros de deportación situados fuera de la Unión Europea estén en funcionamiento, como muy tarde, a finales de 2027, tras una reunión celebrada con Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia, países con posiciones similares en materia migratoria.
Según ha explicado el ministro del Interior danés, Morten Bodskov, en una comparecencia ante la prensa en Copenhague, este grupo de países ha consensuado “los principios para un modelo de centro de devoluciones” que debería estar operativo en 2027.
“Nuestro objetivo es estar preparados para enviar a la gente antes de finales de 2027. Esa es nuestra fecha límite”, ha enfatizado Bodskov, destacando que el Gobierno danés impulsa una transformación del sistema de asilo de la UE, cuando hace apenas unos años este tipo de propuestas eran objeto de “burla” y “se consideraban poco realistas”.
El ministro ha insistido en que estos centros no serán de “detención” de migrantes. “Estamos hablando de la posibilidad de dar una segunda oportunidad para los migrantes irregulares que no pueden regresar a sus países de origen y que no tienen la oportunidad de permanecer legalmente en nuestros países”, ha señalado.
En esta línea, Bodskov ha precisado que el proyecto permitirá a estas personas disponer de “una oportunidad para una nueva vida en un país socio”.
Por su parte, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha calificado la reunión de este grupo de países como “enormemente importante” y ha adelantado que habrá otro encuentro en Múnich, Alemania, a finales de este mes.
El responsable alemán ha subrayado que la prioridad inmediata es cerrar acuerdos con terceros países donde ubicar estas instalaciones. “Queremos llegar a un acuerdo con terceros países antes de que termine este año, lo que permitirá establecer centros de retorno”, ha indicado, según declaraciones recogidas por la agencia DPA.
Una mayoría de Estados miembros de la UE ha reclamado acelerar la externalización de los centros de deportación a territorios ajenos al bloque, siguiendo la senda abierta por el acuerdo de Italia con Albania. En mayo, la Unión Europea aprobó una reforma que endurece la política de asilo y refuerza la creación de este tipo de centros de detención en países terceros.
A estas instalaciones podrían ser derivados migrantes que ya se encuentren en suelo comunitario pero para los que no se contemple la concesión de asilo, mientras se tramita su expulsión definitiva al país de origen o al de tránsito desde el que accedieron a la Unión.
La propuesta ha generado fuertes críticas por parte de países como España y de diversas organizaciones humanitarias, que ponen en duda tanto la eficacia de este modelo como su compatibilidad con los valores y los derechos fundamentales que la Unión Europea afirma defender.