Agosto encara sus compases finales y, con septiembre, regresa la actividad parlamentaria. El Gobierno dejó claras algunas de sus prioridades para el nuevo periodo de sesiones y una de ellas es la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, una iniciativa que tiene por objeto actualizar la normativa vigente ante el auge de las nuevas tecnologías y modelos de consumo, así como regular cómo debe apoyar el dinero público a una industria que ha cambiado radicalmente en los últimos años y cómo repartir el equilibrio entre producción, exhibición y plataformas.
Con las enmiendas parciales ya registradas y la ponencia constituida desde finales de julio, los grupos comenzarán a trazar el texto y el sector observa con interés e inquietud varias cuestiones que afectan directamente al funcionamiento de la industria. Una de ellas, ha pasado hasta ahora relativamente desapercibida: el PP quiere que la taquilla pueda convertirse en uno de los criterios para decidir el acceso a determinadas ayudas públicas.
Así figura en la enmienda número 394 de los populares, que plantea modificar el Artículo 19 para añadir un nuevo apartado según el cual, para la concesión de estas ayudas “se podrá tener en cuenta el criterio de taquilla de años anteriores”. La formulación no establece una vinculación automática entre la recaudación de una película y la posibilidad de obtener fondos públicos. Tampoco fija un porcentaje concreto de taquilla que determine el acceso a las ayudas. Lo que hace es abrir expresamente la puerta a utilizar el rendimiento comercial previo como criterio de valoración.
La propuesta introduce así un elemento de carácter más industrial en un sistema de ayudas que también contempla objetivos culturales, sociales, de igualdad, apoyo a nuevos talentos, animación, documental o producción independiente.
No es, en cualquier caso, la única propuesta del PP. La batería de enmiendas presentada por los populares afecta a buena parte del proyecto y plantea desde una reforma del ICAA y un estatuto propio para la Filmoteca Española hasta nuevas medidas de financiación, protección del patrimonio cinematográfico, propiedad intelectual e inteligencia artificial. También propone reservar un mínimo del 35% de determinadas líneas de ayudas a proyectos realizados exclusivamente por directoras.
Del dinero público a los puntos de fricción
La dimensión comercial del PP con una enmienda que contempla la taquilla a la hora de otorgar ayudas públicas trastoca la naturaleza de un proyecto de ley que pretende fomentar la creación, producción, distribución y exhibición y presta una atención específica a los sectores independientes y a las obras de interés cultural. Esta tensión no es ni la única ni el punto de mayor fricción de la iniciativa. Las dos aristas más problemáticas son la cuota de pantalla y la ventana de exhibición, tal y como ha desvelado DEMÓCRATA en anteriores ocasiones.
La batalla por la cuota de pantalla
La ley vigente fija a las salas de cine un porcentaje mínimo del 25% para el cine comunitario como medida de protección. El proyecto de ley relaja esta imposición en cinco puntos, hasta el 20%; y para su cumplimiento se incluiría, además del cine europeo, el cine iberoamericano; a lo que habría que sumar una serie de factores de valor doble a la hora de calcular el cómputo global anual. Para las productoras independientes esto no es suficiente y piden que sea del 40%, una demanda que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyos votos son necesarios, ha hecho suya mediante una enmienda. La cifra, por tanto, será un importante foco de discusión.
Por su parte, desde FECE (Federación de Cines de España) no ven con buenos ojos la rebaja de la cuota de pantalla porque entienden que no es suficiente. En su lugar, apuestan por suprimirla y dar incentivos al espectador, invirtiendo en promoción y publicidad para las películas.
Una ventana de cuatro meses
La ventana de exhibición, es decir, el margen de tiempo que los cines tienen para poder mostrar una película en exclusiva antes de que salga en formato físico, en streaming o en plataformas de VOD (video-on-demand) es otro de los grandes puntos de fricción.
Esta arista es aún más relevante para la cadena de explotación cinematográfica El proyecto que llegó al Congreso ya contempla una referencia temporal para la explotación cinematográfica: la definición de película cinematográfica exige que no sea difundida en otro medio con anterioridad a 60 días desde su estreno comercial en salas. Sin embargo, ERC también quiere endurecerlo y propone un periodo de exclusividad de cuatro meses.
Si el Gobierno quiere sacar adelante la norma, tendrá que encontrar un punto de encuentro con Junts y convencer a un sector que llega a la negociación con intereses muy distintos
Toda una odisea
Así, la Ley del Cine encara septiembre convertida en una de las negociaciones sectoriales más complejas del nuevo periodo de sesiones. La propuesta del PP para introducir la taquilla como criterio para acceder a ayudas añade una nueva dimensión al debate, mientras productores, exhibidores y plataformas mantienen posiciones enfrentadas sobre la cuota de pantalla y la ventana de exhibición. Y, por encima de las cuestiones estrictamente cinematográficas, queda la incógnita política: si el Gobierno quiere sacar adelante la norma, tendrá que encontrar un punto de encuentro con Junts y convencer a un sector que llega a la negociación con intereses muy distintos.