La Fiscalía de Colombia ha formulado este lunes cargos contra la exjefa de Gabinete de la Presidencia y exministra de Exteriores, Laura Camila Sarabia Torres, a la que atribuye delitos de abuso de autoridad, coacciones y malversación de uso en relación con el presunto sometimiento en 2023 de una trabajadora del hogar a una prueba de polígrafo para averiguar el paradero de una cantidad de dinero no revelada que habría desaparecido de la vivienda de la entonces jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.
El Ministerio Público colombiano ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales, donde apunta a Sarabia “como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso”, figuras que se corresponden en el ordenamiento jurídico español con abuso de autoridad, coacciones y malversación de uso temporal.
“Las evidencias indican que habría intervenido en actuaciones relacionadas con la práctica irregular de una prueba de polígrafo a una de sus empleadas domésticas, Marelbys Meza Buelvas, para intentar conocer el paradero de un dinero que desapareció de su lugar de residencia”, detalla la Fiscalía en su nota.
De forma específica, el organismo investigador remarca que “la decisión de disponer de funcionarios y recursos oficiales para atender un asunto de carácter particular presuntamente desbordó las competencias misionales de Sarabia Torres y de otros servidores públicos involucrados, y constituyó un posible abuso del poder y del cargo”.
El asunto salió a la luz en mayo de 2023 y, tras un periodo en el que el procedimiento parecía haberse enfriado, la Fiscalía lo ha retomado ahora con esta imputación formal. En las pesquisas iniciales se sostenía que Sarabia habría recurrido a miembros de las fuerzas de seguridad para trasladar a la niñera de su hijo, Marelbys Meza, hasta una sala de un edificio oficial, donde se le habría practicado el polígrafo para determinar si era responsable del supuesto robo de 150 millones de pesos (31.000 euros), aunque en la denuncia presentada la cantidad señalada se reducía a 6.500 euros.