Naciones Unidas ha acusado este viernes a las fuerzas de seguridad israelíes de haber expulsado por la fuerza a comunidades palestinas completas en tres campamentos de refugiados en Cisjordania durante varias operaciones desarrolladas en enero y febrero de 2025, y de seguir impidiendo su regreso, lo que ha despertado preocupación por una posible “limpieza étnica”.
El informe, titulado “Destrucción de campamentos de refugiados palestinos en el norte de Cisjordania” y elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, detalla que militares, policías y otras unidades desplegadas en la zona mataron a civiles, destruyeron centenares de viviendas, dañaron carreteras e infraestructuras básicas, cortaron el suministro de agua y electricidad y bloquearon la entrada de ayuda humanitaria a los campamentos de Yenín, Nur Shams y Tulkarem.
Según el documento, las fuerzas de seguridad recorrieron las viviendas una a una obligando a los residentes a salir, y calcula que alrededor del 52% de las estructuras del campamento de Yenín, así como el 48% y el 36% de las de Nur Shams y Tulkarem, respectivamente, habían sido destruidas o presentaban daños a fecha de octubre de 2025.
“A los pocos días de comenzar la operación 'Muro de Hierro', las fuerzas de seguridad israelíes consolidaron su control sobre los campos de refugiados de Yenín, Nur Shams y Tulkarem y desplazaron por la fuerza a toda su población”, recoge el texto, que se fundamenta en la observación y documentación independientes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
La oficina ha recibido además testimonios de desplazados que aseguran haber sido informados de que no volvería a haber campamentos de refugiados y de que “todos debían ir a Jordania”.
El informe describe un desplazamiento sistemático, masivo y prolongado de más de 33.000 palestinos de estos campamentos durante ese periodo, en el que también se registró la muerte de más de cien palestinos, entre ellos 21 menores, lo que suscita temores de posibles crímenes de lesa humanidad por el traslado forzoso de población.
El documento subraya que el empleo de bombardeos aéreos, excavadoras blindadas y detonaciones controladas para dejar inhabitables los campamentos, obligar a sus habitantes a huir y evitar que regresen, sin una necesidad militar imperiosa, aparenta constituir un “castigo colectivo” y podría equivaler a una “limpieza étnica”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado que “la forma en que se llevó a cabo la operación 'Muro de Hierro' sugiere que su objetivo era expulsar al mayor número posible de palestinos y allanar el camino para más asentamientos israelíes ilegales, en una nueva violación del Derecho Internacional”.
“Israel debe poner fin a sus 59 años de ocupación del territorio palestino y cesar cualquier intento de desplazar por la fuerza a más palestinos y de seguir interrumpiendo la continuidad de un futuro Estado palestino”, ha afirmado Turk, según un comunicado difundido por el organismo tras la publicación del informe.
Turk ha recalcado que Israel “debe adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, tal como lo aclara la conclusión explícita de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hace ya más de dos años, de que debe poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado lo antes posible”.