Los sandicatos ratifican la huelga por la vivienda para el 11 de noviembre

A fecha de hoy, con las Cortes Generales disueltas por el adelanto electoral de finales de 2026, el panorama parlamentario de la vivienda está en una situación de transición: las grandes leyes de vivienda en tramitación han quedado, en la práctica, abortadas por el cierre anticipado de la legislatura, mientras que el Gobierno ha pivotado hacia los reales decretos‑ley para seguir legislando en esta materia.

1. Iniciativas de la oposición sobre vivienda que decaen con el adelanto electoral

Según la cobertura de Demócrata y otras fuentes citadas, el adelanto electoral anunciado a comienzos de octubre ha hecho caer un bloque importante de iniciativas legislativas sobre vivienda que estaban en distintas fases de tramitación:

• Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y de habitaciones (Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG).
  • El Congreso tomó en consideración la iniciativa en diciembre de 2024 y se abrió la fase de comisión y de enmiendas, con trabajos de ponencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana durante 2025.
  • En 2026 seguía bloqueada por la negativa de Junts a permitir que se elevara a Pleno, pese a las transaccionales pactadas entre los socios del Gobierno y otros grupos.
  • Las piezas de Demócrata sobre el adelanto electoral (5 de octubre de 2026) señalan expresamente que esta proposición de ley “se queda en el camino”, es decir, decae con la disolución y tendría que volver a registrarse en la próxima legislatura.
• Ley de Vivienda del PP sobre vivienda y suelo (Proposición de Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda).
  • El texto, que ya había sido aprobado en el Senado, fue admitido a trámite en el Congreso en abril de 2026, abriéndose el plazo de enmiendas al articulado (noticia de Demócrata).
  • Entre otros aspectos, planteaba juicios rápidos frente a ocupaciones, la eliminación de zonas de mercado tensionado y del índice de precios de referencia, y cambios relevantes en la Ley del Suelo.
  • El adelanto electoral descrito por Demócrata implica que esta proposición de ley del PP no culmina su tramitación y decae.
• Otras iniciativas de oposición en materia de vivienda.
  • El análisis sobre los efectos del adelanto subraya que “en política de vivienda, decaen todas las iniciativas legislativas del PP registradas en Congreso y Senado”, que incluían medidas antiokupación, rebajas fiscales para la compra de vivienda y reformas de la Ley del Suelo.
  • Se menciona igualmente la caída de una ley de EH Bildu para controlar la publicidad de pisos turísticos ilegales y otras propuestas fiscales y regulatorias en vivienda. Todas ellas quedan sin recorrido al cerrarse la legislatura.

En resumen, las principales proposiciones de ley de oposición específicamente centradas en vivienda, alquiler y suelo han decaído y ya no están en tramitación efectiva.

2. Proyectos de ley del Gobierno con capítulos de vivienda

En paralelo, el Gobierno había impulsado varios reales decretos‑ley con contenidos relevantes de vivienda que el Congreso convalidó y acordó tramitar después como proyectos de ley. Entre los que siguen figurando formalmente como “en fase de enmiendas” en el registro, destacan:

• Proyecto de Ley de prórroga de la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual para colectivos vulnerables (procedente del Real Decreto‑ley 1/2024).
  • Tramitado en el Congreso como Proyecto de Ley 121/000024, remitido a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana por el procedimiento de urgencia.
  • Los sucesivos acuerdos de la Mesa han ido extendiendo el plazo de presentación de enmiendas hasta principios de octubre de 2026.
• Otros proyectos de ley procedentes de reales decretos‑ley con capítulos de vivienda, como:
  • El proyecto derivado del Real Decreto‑ley 1/2025, con medidas en materia económica, de transporte, Seguridad Social y apoyo a personas vulnerables, que incluye la prolongación de protecciones frente a desahucios y situaciones de vulnerabilidad en la vivienda.
  • Proyectos ligados a reales decretos‑ley sobre daños de la DANA y reconstrucción que incorporan medidas específicas para vivienda (ayudas para reparación de viviendas, alojamiento de familias afectadas, subvenciones a SEPES para compra de viviendas, etc.).

Estos textos seguían, en el plano estrictamente registral, en la fase de enmiendas en comisión cuando se anuncia el adelanto electoral. En la práctica, al disolverse las Cámaras, su tramitación también se interrumpe: los decretos‑ley continúan vigentes como tales, pero la conversión en ley ordinaria y las eventuales modificaciones vía enmiendas quedan pendientes de lo que decida la próxima mayoría parlamentaria.

3. Nuevos reales decretos‑ley de vivienda en la recta final de la legislatura

Ante la dificultad para sacar adelante leyes ordinarias en un Congreso muy fragmentado, el Gobierno ha redoblado el uso del real decreto‑ley en materia de vivienda:

• El 1 de octubre de 2026 el Congreso anunciaba el debate de dos reales decretos‑ley de vivienda:
  • Un decreto con medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, que incluye limitación temporal de determinadas adquisiciones de vivienda, un régimen de suspensión de desahucios para personas vulnerables, refuerzo de la protección de arrendatarios y medidas fiscales y de promoción de parque público (nota del Congreso).
  • Otro decreto para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, alargando la duración efectiva de los alquileres y endureciendo las condiciones de no renovación.
• Además, Demócrata documenta un decreto‑ley específico que limita al 2 % la subida de alquileres en 2026‑2027 y permite prórrogas extraordinarias de contratos, pendiente de convalidación parlamentaria en el momento de su publicación.

Estos decretos no son “iniciativas en tramitación” en el sentido clásico de un proyecto o una proposición de ley, pero sí constituyen hoy el instrumento central de la política estatal de vivienda: entran en vigor desde su publicación y solo necesitan la convalidación del Congreso (o su eventual tramitación posterior como proyecto de ley) para consolidarse o modificarse.

En síntesis, el estado parlamentario actual es el de una legislatura interrumpida: las principales leyes de vivienda de oposición han decaído, los proyectos de ley gubernamentales con contenido de vivienda quedan congelados en fase de enmiendas, y la regulación efectiva del alquiler, los desahucios y el parque público se está haciendo, de facto, vía reales decretos‑ley que el próximo Congreso podrá refrendar, revisar o derogar.

En España, el derecho de huelga y la capacidad de los sindicatos para convocar huelgas generales se asientan en una combinación de normas constitucionales, legislación preconstitucional reinterpretada y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

1. Fundamento constitucional

El punto de partida es el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), que reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Es un derecho fundamental, lo que implica:

• Goza de especial protección jurisdiccional (recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional).
• Cualquier limitación debe estar justificada, ser proporcional y respetar su contenido esencial.
• Vincula a todos los poderes públicos, también cuando regulan servicios mínimos o reaccionan frente a la huelga.

2. Normativa específica: Real Decreto-ley 17/1977

La regulación básica sigue siendo el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, una norma anterior a la Constitución pero “depurada” por el Tribunal Constitucional. Este texto:

• Define la huelga como la cesación colectiva y concertada del trabajo por parte de los trabajadores.
• Establece formalidades (aviso previo, comunicación al empresario y a la autoridad laboral, etc.).
• Recoge límites (huelgas políticas puras, de solidaridad abusiva, rotatorias, de celo, etc.), muchos de ellos reinterpretados y restringidos por la jurisprudencia.

El Tribunal Constitucional, especialmente en las sentencias 11/1981 y posteriores, ha declarado inconstitucionales o ha reinterpretado varios preceptos, adaptando la norma al marco de la CE y ampliando la protección del derecho de huelga.

3. ¿Quién puede convocar una huelga general?

Legalmente, no existe una “licencia exclusiva” para determinados sindicatos; la capacidad de convocatoria se estructura así:

• Comités de empresa y delegados de personal: pueden convocar huelgas en su ámbito (centro de trabajo, empresa o sector).
• Sindicatos: pueden convocar huelgas dentro de su ámbito de actuación (empresa, sector, territorio) y también huelgas generales, siempre que el llamamiento se dirija a trabajadores respecto de cuyos intereses estatutarios pueden actuar.
• Asambleas de trabajadores: la propia normativa admite la convocatoria cuando la apruebe la mayoría de los trabajadores afectados, respetando las exigencias formales.

En la práctica, las huelgas generales que aspiran a paralizar el país las convocan las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o autonómico, por su capacidad organizativa y de interlocución, pero no porque la ley reserve a estas en exclusiva la facultad.

4. Requisitos formales y procedimentales

Para que la huelga general sea legal, los sindicatos deben respetar ciertas exigencias:

• Acuerdo de convocatoria: adoptado por el órgano competente del sindicato o por el comité/delegados o asamblea de trabajadores.
• Preaviso: comunicación por escrito al empresario (o a la organización empresarial) y a la autoridad laboral con una antelación mínima (generalmente 5 días, 10 en servicios públicos esenciales).
• Contenido del preaviso: fecha de inicio, objetivos de la huelga, ámbito personal, territorial y funcional, y órgano convocante.
• Negociación: durante el preaviso deben mantenerse las posibilidades de negociación para intentar evitar el conflicto.

5. Servicios esenciales y límites

En sectores que prestan servicios esenciales para la comunidad (sanidad, transporte, comunicaciones, etc.), la Administración puede fijar servicios mínimos para garantizar derechos fundamentales de terceros. La intervención se articula así:

• El Gobierno o la autoridad competente fija por norma o resolución los servicios mínimos.
• Los sindicatos pueden negociar su alcance y, en su caso, impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa si los consideran abusivos.
• El Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios controlan que los mínimos sean proporcionados y no vacíen de contenido el derecho de huelga.

6. Actuación sindical durante la huelga

Los sindicatos ejercen varias funciones durante la huelga general:

• Organización de la difusión, piquetes informativos, asambleas y movilizaciones.
• Negociación con la patronal y/o el Gobierno para la resolución del conflicto.
• Defensa jurídica de trabajadores sancionados o despedidos por su participación.

La jurisprudencia distingue entre piquetes informativos —amparados por el derecho de huelga siempre que no haya coacciones ni violencia— y actuaciones coercitivas (intimidación, daños, bloqueo total del acceso) que pueden ser sancionadas administrativa o penalmente.

7. Garantías y responsabilidades

La huelga general correctamente convocada suspende, pero no extingue, el contrato de trabajo: el trabajador no cobra salario esos días, pero no puede ser sancionado ni despedido por el mero ejercicio del derecho. Los sindicatos, por su parte, pueden asumir responsabilidades si se acredita que han promovido actuaciones ilícitas (por ejemplo, daños a bienes) más allá del ejercicio legítimo del derecho de huelga.

En la última década (2016‑2026), según la información disponible en fuentes sindicales y en el periódico Demócrata, no se ha celebrado ninguna huelga general estatal de 24 horas convocada y respaldada conjuntamente por CCOO y UGT. La primera que ambos sindicatos han acordado promover en este periodo es la huelga general por la vivienda y los salarios anunciada en octubre de 2026, que aún debe fijar fecha y formalizarse ante la autoridad laboral.

Esto permite distinguir con claridad dos planos:

• Número de huelgas generales conjuntas efectivamente realizadas entre 2016 y hoy: 0.
• Huelgas generales conjuntas anunciadas en este periodo: 1, la de otoño de 2026 por vivienda y salarios, pendiente de ratificación y de fecha concreta.

1. La huelga general por la vivienda y los salarios (otoño de 2026)

El 5 de octubre de 2026, CCOO hizo público que, junto con UGT, han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño, decisión que debe ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Demócrata ha dedicado varias piezas explicativas a esta movilización, en las que detalla tanto el contexto como las reivindicaciones centrales.

De acuerdo con el comunicado sindical de CCOO y el análisis de Demócrata (análisis sobre la huelga por la vivienda), las principales reivindicaciones de esta huelga general son:

• Derecho efectivo a la vivienda: se articula en torno a un “decálogo por el derecho a la vivienda” y a la exigencia de un pacto social y político que garantice:
  • Un parque público de vivienda protegida y permanente.
  • La limitación del precio de los alquileres en las zonas tensionadas.
  • La aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
• Salarios dignos que permitan pagar la vivienda:
  • Vinculación directa entre evolución salarial y coste de la vivienda.
  • Subidas de sueldos en línea con la propuesta sindical para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con incrementos de referencia entre el 4 % y el 7 % y cláusulas de revisión salarial.
  • Desbloqueo de los convenios colectivos que llevan años congelados.
• Responsabilidad compartida de administraciones y empresas:
  • Llamamiento a todas las administraciones con competencias en vivienda para que refuercen la regulación y el parque público.
  • Exigencia a las organizaciones empresariales de que asuman que los salarios deben garantizar el acceso a bienes básicos, empezando por la vivienda.

La convocatoria surge inmediatamente después de que el Congreso rechazara varios reales decretos‑leyes de vivienda, lo que lleva a CCOO y UGT a “incorporar el mundo del trabajo” a la movilización social sobre este tema, en alianza con el Sindicato de Inquilinas, movimientos vecinales y organizaciones sociales.

2. Qué ha habido en estos diez años si no hubo huelgas generales conjuntas

La pieza de Demócrata que repasa la historia de las huelgas generales en España (“Cuántas huelgas generales ha habido en España y por qué se convocaron”) muestra que las grandes huelgas generales estatales con respaldo de CCOO y UGT se concentran entre los años ochenta y la crisis de 2010‑2012. Desde entonces:

• No se registran nuevas huelgas generales estatales conjuntas de 24 horas entre 2016 y 2026.
• Sí han existido:
  • Huelgas generales territoriales (por ejemplo, en Euskadi o Navarra) convocadas por otros sindicatos, sin apoyo de CCOO y UGT, como recoge Demócrata en la huelga de marzo de 2026 en el País Vasco y Navarra, de la que ambos se desmarcan.
  • Paros parciales y campañas específicas: un ejemplo es la jornada de paros por Gaza del 15 de octubre de 2025, donde CCOO y UGT registran paros de dos horas por turno, mientras que la huelga general de 24 horas la convocan CGT y otros sindicatos.
  • Huelgas sectoriales y de empresa en las que CCOO y UGT actúan conjuntamente (Iberdrola, Rodalies, estaciones de servicio, sanidad, aeropuertos, etc.), pero que no tienen el carácter de huelga general estatal.

En resumen, en la última década CCOO y UGT han optado sobre todo por movilizaciones sectoriales, territoriales y paros parciales, reservando la herramienta de la huelga general estatal para situaciones que consideran excepcionales. La huelga general por la vivienda y los salarios acordada para otoño de 2026 sería, si se celebra finalmente, la primera gran huelga general conjunta de este periodo, centrada en vincular el derecho a una vivienda asequible con una mejora sostenible de los salarios y de la negociación colectiva.