El Tribunal Constitucional (TC) ha dado su visto bueno a aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés', entre ellos el expresidente catalán y actual líder de Junts, Carles Puigdemont.
En el Pleno celebrado este martes, la mayoría del bloque progresista apoyó la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsellera de ERC Dolors Bassa por la malversación por la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que hasta ahora se había resistido a perdonar ese delito, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
La resolución del TC a favor de la amnistía de la malversación puede acelerar el eventual retorno de Puigdemont tras nueve años fuera de España y se ha producido un día después del adelanto electoral, tras el 'no' de Junts a los decretos de vivienda del Gobierno.
Conde-Pumpido, encuadrado en el sector progresista, incorporó en su ponencia, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, reproches a la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación al apreciar un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que desembocó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, declarado ilegal por el propio Constitucional.
Para el presidente del TC, el Supremo realizó una “interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad” de la ley de amnistía, y remarca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó en su sentencia del pasado julio, con la que avaló la amnistía, que “no puede apreciarse que los intereses financieros” comunitarios “se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica”.
Críticas a la falta de coherencia del Supremo
Las resoluciones que mantuvieron la malversación fuera de la amnistía, de acuerdo con el borrador de la ponencia, “han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables”.
Y, “además, al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía”, añadía el texto.
El presidente del TC sostenía que el Supremo sobrepasó los márgenes legales al “expulsar” del ámbito de la ley “supuestos de malversación que están comprendidos en su tenor literal y que son idóneos para realizar su fin último de pacificación del conflicto social e institucional generado por el proceso secesionista en Cataluña”.
Por ello consideraba vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la exconsellera y remarcaba que, en los hechos por los que fue condenada, concurren los requisitos que permitirían su inclusión en la amnistía.
Conde-Pumpido declaraba nulas las resoluciones del Supremo, instaba a que “se declare amnistiado el delito de malversación” y reclamaba que se actuase con el “carácter preferente y urgente” previsto en la propia norma.
El aval del TJUE y los próximos pasos del Supremo
Esta deliberación sobre los recursos de amparo llega tras el respaldo a la medida de gracia por parte del TJUE, que descartó uno de los argumentos clave del Supremo para denegar de forma definitiva la amnistía, esto es, que el referéndum ilegal hubiera afectado a los intereses financieros de la Unión Europea. No se pronunció, sin embargo, sobre el otro elemento apreciado por el alto tribunal: la existencia de beneficio personal para los dirigentes independentistas.
Cuando se formalice el aval del TC, el Supremo acelerará su decisión sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont y al resto de recurrentes, después de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se hayan mostrado también favorables a perdonar la malversación.
Según fuentes del Supremo citadas por Europa Press, si se estiman los recursos de amparo de Turull y Bassa, se hará extensiva la amnistía al expresidente de la Generalitat siempre que la doctrina fijada por el Constitucional resulte aplicable al conjunto de recurrentes.
Es decir, Puigdemont podría beneficiarse de la amnistía siempre y cuando la argumentación del Constitucional sobre Turull y Bassa establezca una doctrina que pueda trasladarse al resto de afectados.
De cumplirse estas condiciones, el magistrado instructor del 'procés' en el alto tribunal, Pablo Llarena, aplicaría la amnistía a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, procesados y pendientes de juicio desde su huida en 2017, mientras que la Sala de lo Penal deberá pronunciarse sobre los ya condenados: Junqueras, Turull, Bassa y Romeva.