Junts eleva la presión sobre el Gobierno antes de la votación de los decretos de vivienda. El partido de Carles Puigdemont entregará al PSOE una propuesta propia y reclama retirar los dos textos que el Congreso tiene previsto examinar este viernes, 2 de octubre. El movimiento llega después de que su dirección anunciara el rechazo a ambas normas y de que el Ejecutivo descartara apartarlas del pleno.
La iniciativa no supone, por ahora, un cambio en el sentido del voto de Junts ni un acuerdo de última hora. La formación mantiene su oposición a los decretos actuales, pero plantea un nuevo punto de partida para negociar. Según la información adelantada por RAC1 y recogida por elDiario.es a las 08:23, Míriam Nogueras explicará la posición del grupo durante su intervención en el Congreso.
La diferencia es importante: los decretos todavía no han sido rechazados por la Cámara. Lo que existe a primera hora de la mañana es un anuncio de voto contrario que compromete su convalidación y una petición de retirada que el Gobierno se niega a aceptar.
Una alternativa para sustituir los textos del Gobierno
Junts presenta su propuesta como una vía para proteger a las familias y actuar contra los fondos buitre. Su exigencia es que la negociación no continúe sobre los dos decretos tal como están redactados, sino que desemboque en una alternativa.
La decisión prolonga la posición adoptada por la ejecutiva del partido el jueves por la noche. En su comunicado, la formación sostuvo que las medidas del Gobierno pueden reducir la oferta de alquiler y encarecer los precios, perjudicando precisamente a quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda. Se trata del diagnóstico político de Junts, no de efectos ya constatados de las normas.
El partido también planteó que, una vez pactado un nuevo texto, el Consejo de Ministros lo aprobara mediante otro real decreto ley. Esa es la condición que ofrece para respaldar una nueva iniciativa, mientras mantiene su rechazo a las que llegan este viernes al Congreso.
El Gobierno se planta y mantiene la votación
La respuesta del Ejecutivo ha sido mantener los dos decretos. Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press defienden que las medidas buscan contener la especulación, facilitar el acceso a la vivienda y proteger a los inquilinos sin perjudicar a los pequeños propietarios.
«Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten», han señalado esas fuentes. El Gobierno convierte así la votación en una exigencia de responsabilidad a los grupos que han anunciado su rechazo y descarta retirar los textos para comenzar otra negociación.
La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, defendió en RNE que la salida debía ser someter las medidas al Congreso, no retirarlas. Yolanda Díaz expresó la misma posición desde Sumar: «No hay nada que retirar».
Dos decretos con apoyos diferentes
El Gobierno había separado las medidas en dos textos para facilitar su aprobación. El primero reúne actuaciones sobre desahucios, alquileres de temporada y por habitaciones, fiscalidad y compra de vivienda. El segundo aborda la renovación automática de los contratos de alquiler.
La distinción no ha permitido asegurar una mayoría para ambos. PNV y Coalición Canaria habían mostrado su disposición a respaldar el primer decreto, pero no el segundo. Por eso, la posición de Junts resulta especialmente relevante para el bloque de medidas que sí había conseguido reunir más apoyos.
No se trata, por tanto, de una única negociación con un mismo resultado asegurado. Cada texto se enfrenta a su propia votación y a sus respectivas resistencias parlamentarias.
La crisis de vivienda llega a una votación decisiva
El pulso se produce después de las movilizaciones desencadenadas por el desahucio de Maricarmen Abascal. Su caso ha situado la protección de los inquilinos y la respuesta a los desalojos en el centro de la discusión política, con protestas y acampadas que reclaman medidas urgentes.
La propuesta anunciada por Junts añade una nueva pieza a ese enfrentamiento, pero no lo resuelve. El partido exige sustituir las normas; el Gobierno sostiene que hay que votarlas. Entre ambas posiciones queda pendiente lo esencial: si el Congreso respaldará las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo o si la política de vivienda volverá a quedar a expensas de otra negociación.