El rechazo de los dos decretos-ley de vivienda en el Congreso ha provocado la reacción de distintas organizaciones sociales, que han lamentado que las medidas no hayan salido adelante y han reclamado a los grupos políticos que vuelvan a abordar la emergencia habitacional. Oxfam Intermón, EAPN-ES y Amnistía Internacional han coincidido en señalar el impacto de la decisión sobre las personas que viven de alquiler y los hogares en situación de vulnerabilidad.
El responsable de Vivienda de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, ha calificado el resultado de la votación de "muy mala noticia" y ha considerado que supone "una oportunidad histórica" perdida para abordar la crisis habitacional. La organización sostiene que los decretos no solucionaban por sí solos el problema estructural de la vivienda, pero sí incorporaban medidas para aumentar la protección de los inquilinos y dar estabilidad a los contratos.
Según los cálculos difundidos por Oxfam, cerca de cinco millones de personas dejarán de poder beneficiarse de la prórroga extraordinaria de los contratos hasta 2028, mientras que más de 120.000 personas en situación de vulnerabilidad seguirán expuestas a un desahucio sin alternativa habitacional. La ONG añade que otros diez millones de personas que viven de alquiler no tendrán acceso al mecanismo de renovación automática incluido en el segundo decreto.
La organización también ha puesto el foco en la movilización desarrollada durante los últimos días en distintas ciudades. Oxfam considera que las protestas han situado la vivienda en el centro del debate público y reclama que el rechazo parlamentario no se traduzca en la paralización de nuevas medidas.
EAPN reclama una política de vivienda a largo plazo
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) también ha lamentado el resultado y ha reclamado a los representantes públicos "respuestas eficaces" ante la crisis habitacional.
La organización considera que el derecho a la vivienda no debería quedar bloqueado por la confrontación política y advierte de que el rechazo de los decretos deja sin aplicación medidas destinadas a reforzar la protección frente a los desahucios, mejorar las garantías de los inquilinos y aumentar la estabilidad de los contratos.
EAPN ha señalado además que el 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social, según el avance de resultados de su XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza. Entre las personas en situación de pobreza que viven de alquiler a precio de mercado, el gasto medio destinado a la vivienda alcanza el 51,4% de sus ingresos.
La organización reclama combinar las medidas de emergencia con una estrategia a largo plazo que permita ampliar el parque de vivienda social y protegida, recuperar la asequibilidad y prevenir la pérdida de vivienda. También pide medidas para evitar que las personas con menos recursos sean expulsadas de sus barrios como consecuencia de la evolución de los precios.
Amnistía denuncia la falta de protección del derecho a la vivienda
Amnistía Internacional ha centrado su reacción en la dimensión de derechos humanos de la votación. La organización sostiene que el rechazo de las medidas supone un retroceso en la protección efectiva del derecho a la vivienda y cuestiona que los grupos parlamentarios no hayan alcanzado un acuerdo.
"Votar en contra significa votar en contra de la protección del derecho a la vivienda", ha señalado la organización, que también ha reclamado que se siga trabajando para impulsar medidas concretas que refuercen jurídicamente este derecho.
Al igual que Oxfam, Amnistía ha destacado el papel que ha desempeñado la movilización social durante los últimos días, con acampadas y protestas en distintas ciudades. Para la organización, estas movilizaciones han contribuido a colocar la vivienda en el centro de la agenda política y mediática.
Las tres organizaciones coinciden, por tanto, en reclamar que el rechazo parlamentario no cierre el debate sobre las medidas de protección residencial. Oxfam plantea continuar trabajando en medidas sobre contratos, precios, desahucios y parque público; EAPN reclama una estrategia estable contra la exclusión residencial y Amnistía pide seguir reforzando la protección del derecho a la vivienda.