La Agencia Valenciana Antifraude ha decidido cerrar la investigación abierta sobre la posible irregularidad en la Diputació de València relativa al sistema de provisión temporal, mediante comisión de servicios, de la plaza de secretaria de dirección que desempeñó la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Finalmente, esta persona no concurrió al proceso para la cobertura definitiva del puesto.
La resolución, adelantada por 'Las Provincias' y a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que no existen “indicios razonables de veracidad en los hechos que han sido objeto de la denuncia”. Al mismo tiempo, precisa que todo ello se acuerda “sin perjuicio de la posibilidad de reapertura del expediente en el caso de que se aporten nuevas pruebas o indicios que soporten las alegaciones vertidas”.
En relación con la existencia de una vacante cuya cobertura fuera urgente e inaplazable, el documento considera que este extremo resulta “dudoso” atendiendo a los plazos observados: “la plaza se creó el 23 de julio de 2025, sin que se hiciera pública la convocatoria para la cobertura temporal en comisión de servicios del puesto de secretario de dirección hasta el 27 de enero de 2026”.
Según Antifraude, “el transcurso de aproximadamente seis meses entre la creación de la plaza y el inicio del procedimiento de cobertura resulta difícilmente conciliable con la nota de urgencia que el precepto exige, sin que conste en el expediente motivación específica que justifique dicha demora”. No obstante, sí aprecia que el requisito de publicidad se ha respetado, dado que la plaza se ofertó mediante convocatoria pública el 28 de enero de 2026, a las 09.54 horas, a través de un anuncio en la web de la Diputació de València.
Informe de idoneidad y requisitos de la plaza
Sobre el hecho de que el protocolo de comisiones de servicio de la Diputació no incluya baremos ni puntuaciones y se base únicamente en un informe de idoneidad emitido por la persona superior jerárquica del puesto, Antifraude indica que ello “no vulnera precepto legal alguno”. Explica que este sistema se ajusta a la doctrina del Tribunal Supremo, que diferencia entre el concurso de méritos —que sí requiere baremo, evaluación reglada y órganos de valoración— y la comisión de servicios, concebida como un mecanismo de provisión provisional.
En cuanto a la comprobación de los requisitos y de la idoneidad de la persona seleccionada, el organismo recuerda que, aunque en una comisión de servicios “no exige las formalidades propias de un concurso de méritos, sí debe constatarse el cumplimiento de los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo (RPT) y la idoneidad del candidato” y precisa que ambos aspectos “quedan acreditados”.
Así, se verificó la pertenencia al subgrupo C1 como funcionario de carrera, “quedando excluido uno de los candidatos por no acreditar dicho requisito”, y se constató que la pareja de Llorca era “la candidata con mayor experiencia en el desempeño de puestos de personal administrativo C1 y en funciones específicas propias de puestos de secretaría de dirección, según informe de 13 de febrero de 2026, de entre los cinco candidatos presentados”.
Antifraude entiende igualmente cumplido el requisito de prever la oferta de la plaza en la siguiente convocatoria ordinaria de provisión, “al haberse procedido a la oferta de la plaza para su provisión definitiva mediante decreto de la Presidencia de la Diputació nº2967, de 5 de marzo de 2026”. En este punto, la resolución recuerda que la pareja de Llorca “no ha participado en dicha convocatoria, que permanece pendiente de adjudicación con carácter definitivo”.
Coincidencia temporal y archivo del expediente
En relación con la aceleración del procedimiento y el hecho de que la comisión de servicios se convocara dos meses después de la toma de posesión del jefe del Consell, Antifraude sostiene que la “coincidencia temporal entre ambos hechos no constituye, por sí sola, indicio de irregularidad ni vicia la legalidad del procedimiento aunque sí subsiste la duda, no resuelta por la mera coincidencia temporal, pero tampoco despejada por ella, sobre la motivación real de la urgencia e inaplazabilidad que justificó acudir a esta figura excepcional en lugar de a los sistemas ordinarios de provisión, dado el prolongado lapso transcurrido entre la creación de la plaza (23 de julio de 2025) y el inicio de la convocatoria (27 de enero de 2026)”.
Sin embargo, a la vista de la situación actual, la resolución concluye que el objeto de la actuación “ha decaído, pues la persona a la que se atribuía un presunto trato de favor no se ha presentado a la convocatoria de provisión definitiva del puesto, quedando este sometido a los cauces ordinarios y reglados del correspondiente procedimiento de provisión”.
Por este motivo, Antifraude considera procedente el archivo de las diligencias por pérdida sobrevenida de objeto, al amparo del artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, precisa que se “abstendrá de iniciar actuaciones de investigación, dado que, de los hechos y las conductas denunciadas, no se aprecian indicios razonables que acrediten la veracidad de los mismos”.
El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya pidió en su día esperar al pronunciamiento de Antifraude sobre la contratación de su pareja y expresó su “respeto a cualquier tipo de investigación”: “Que se investigue, que se resuelva y luego sacamos las conclusiones, lo que no hay que hacer es sacarlas antes”. “Esperemos a la resolución, lo que no puede ser es que sentencien todos antes de que se investiguen las cosas”, aseveró, y remarcó que no tiene “ningún problema en que las cosas se investiguen”.