El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha avanzado que se modificará el decreto aprobado en 2022 que regula las bolsas de trabajo de la Administración autonómica, con el objetivo de simplificar y dar mayor rapidez tanto al procedimiento de designación de personal interino como al itinerario formativo asociado.
Durante el debate parlamentario celebrado en las Cortes autonómicas, a raíz de una interpelación planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, el consejero ha explicado que la norma que ahora se quiere revisar para dotarla de más agilidad ha permitido cubrir necesidades temporales de personal en 1.171 municipios de la Comunidad, lo que supone más del 52 por ciento de todas las localidades de Castilla y León.
En su intervención, González Gago ha desgranado otras actuaciones previstas por su departamento y ha adelantado que la Junta de Castilla y León será la encargada de convocar y organizar las elecciones de las 2.208 entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, un proceso que se desarrollará de forma coordinada e institucional con la Administración del Estado.
En el capítulo de cooperación institucional, el titular de la Presidencia ha subrayado la voluntad de seguir trabajando junto a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y con otros órganos de participación territorial, entre ellos el Consejo de Cooperación Local.
En cuanto al apartado financiero, el consejero ha destacado los 479 millones de euros consignados al Plan de Cooperación Local en los presupuestos autonómicos de 2026, de los que 114 millones serán gestionados directamente por su Consejería.
Entre las principales medidas, ha avanzado que la Junta blindará por ley a partir de 2027 la financiación que reciben las entidades locales, con el fin de evitar pérdidas derivadas de decisiones del Estado, de manera que se fijará un suelo de actualización del 3 por ciento sobre la cuantía consolidada.
Asimismo, ha anunciado que en 2027 se duplicarán las ayudas destinadas al sostenimiento del único bar existente en los pequeños municipios, hasta llegar a los 6.000 euros, siempre que la persona que lo gestione incorpore también la venta de productos básicos de alimentación.
Por otro lado, el procurador del Grupo Parlamentario Socialista Fran Díaz ha censurado la situación de la política municipal en Castilla y León y ha calificado los casi 40 años de gobiernos del Partido Popular como un “suspenso clamoroso”.
El representante socialista ha denunciado la insuficiencia de la financiación local, asegurando que Castilla y León se encuentra por debajo de la media nacional, y ha criticado el “sectarismo” en el reparto de las ayudas.
Durante su turno de palabra, el procurador socialista ha cuestionado igualmente la gestión de los fondos europeos, aludiendo a retrasos y falta de respuesta administrativa en programas como el Pre-5000, y ha urgido a la Consejería a afrontar problemas concretos del medio rural, como la ausencia de regulación ante la expansión de plantas de biogás y macrorranjas, la inseguridad jurídica en los procesos de selección de la policía local o las deficiencias en servicios públicos esenciales.