El deseo de los empresarios antes del 29N: menos ruido político, más consenso, menos papeles y más viviendas

Los empresarios reclaman menos confrontación política y más acuerdos para acelerar la vivienda y reducir trabas administrativas

6 minutos

Cartel del XXIX Congreso de la Empresa Familiar. Foto: IEF.

Cartel del XXIX Congreso de la Empresa Familiar. Foto: IEF.

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

6 minutos

Más leídas

Los empresarios no quieren ruido. Quieren que este proceso electoral que arrancó este lunes con el anuncio del presidente del Gobierno de un adelanto de los comicios generales para el 29 de noviembre se desarrolle en un periodo de reflexión, sin ruido mediático, respetando las reglas del juego y sacando de la ecuación, en estos momentos, eventualidades como la huelga general, en pleno proceso electoral.

Fuentes empresariales consultadas por DEMÓCRATA insisten en la necesidad de darse un tiempo de reflexión y de largo plazo para abordar los grandes temas del país, entre los que sitúan la vivienda, el salario medio de los trabajadores, el impacto de la tecnología, la educación o el talento.

Y, en lo que se refiere a la vivienda, los empresarios reclaman menos papeles -lo que, en clave política, pueden ser decretos- y más viviendas, mayor construcción y más oferta.

Reglas de juego claras

Durante estos dos días, en los que se ha celebrado en Madrid el XXIX Congreso de la Empresa Familiar, diferentes empresarios han conversado con DEMÓCRATA sobre la situación política y la nueva cita con las urnas. Entre sus posiciones aparece un denominador común: seguridad jurídica, reglas de juego claras, respeto a las leyes y un marco estable para que las empresas puedan invertir, contratar y crecer.

Las empresas, sostienen, que pueden aportar mucho a la sociedad. Su sentido de arraigo, su capacidad de inversión, innovación y creación de empleo forman parte de una ecuación que, según estas fuentes, debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar los grandes problemas del país. Para ello reclaman acuerdos, diálogo y amplitud de miras.

"Sin empresas -subrayan- no se puede construir un país próspero", matizan.

Clausura XXIX Congreso Nacional Empresa Familiar IV
Isabel Díaz Ayuso acudió la clausura del XXIX Congreso de la Empresa Familiar. Foto: IEF. 

«Más sexy» el consenso que la polarización

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Eloi Planes, expresó esta misma idea durante la inauguración del Congreso y también durante la clausura. Ante los empresarios reunidos en Madrid, reclamó capacidad para «acordar lo esencial y mantenerlo en el tiempo» y pidió generar la estabilidad necesaria para que la moderación vuelva a ocupar espacio frente a la polarización.

«Tenemos que conseguir que la moderación vuelva a ser más sexy que la polarización», afirmó Planes, que situó al empresariado del lado de quienes quieran contribuir a construir consensos. A su juicio, problemas como la educación, la vivienda o las infraestructuras requieren «menos cálculo a corto plazo» y soluciones que puedan mantenerse en el tiempo. 

El presidente del IEF llevó esa reclamación también al terreno estrictamente económico. Las empresas, defendió, necesitan una fiscalidad competitiva, un marco jurídico estable, confianza para invertir y una cultura que valore el esfuerzo privado. «Cuando cambiamos constantemente las reglas es muy difícil construir», resumió en otro momento de su intervención.

La petición coincide con una de las preocupaciones trasladadas estos días por los empresarios consultados por DEMÓCRATA: que el nuevo escenario político no se traduzca en una sucesión de cambios normativos sin continuidad suficiente para que las compañías puedan planificar sus inversiones.

CEIM: «La situación había llegado a un punto insostenible»

Una de las posiciones más explícitas ha sido la de CEIM. La patronal madrileña ha valorado la convocatoria electoral y la ha definido como una oportunidad para abrir una nueva etapa de estabilidad institucional y seguridad jurídica.

Su presidente, Miguel Garrido, ha considerado que la situación había llegado a «un punto insostenible» y ha vinculado directamente la confianza empresarial con la calidad del marco institucional. «Ningún país puede prosperar cuando se erosiona la confianza en las instituciones, se cuestionan principios básicos como la libertad de empresa y la propiedad privada, y la confrontación sustituye a los acuerdos», ha señalado.

Garrido ha reclamado recuperar «estabilidad, seguridad jurídica y una visión de futuro» y ha considerado la convocatoria electoral como el primer paso para conseguirlo. CEIM recuerda, además, que ya en junio había reclamado un adelanto electoral ante el deterioro institucional y la incertidumbre que, a su juicio, estaban afectando a ciudadanos, empresas e inversores.

La patronal madrileña pone así el acento en una cuestión que se repite en las conversaciones mantenidas estos días con empresarios: la necesidad de conocer las reglas del juego y poder mantenerlas durante un periodo suficiente.

EuropaPress 7822418 presidente partido popular alberto nunez feijoo xxix congreso nacional
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, en el XXIX Congreso de la Empresa Familiar, celebrado estos días en Madrid. Foto: Europa Press. 

CEOE: sosiego y normalidad democrática

La CEOE ha mantenido una posición más institucional ante la convocatoria. El mensaje que ha trasladado la organización empresarial se ha centrado en el respeto a la decisión adoptada y en la necesidad de que el proceso se desarrolle con normalidad.

Pero la propia patronal ha elevado este martes el tono al pronunciarse sobre la huelga general anunciada por los sindicatos en relación con la vivienda. CEOE y Cepyme consideran «inadmisible» trasladar a las empresas y a sus trabajadores el coste de una medida de presión dirigida al Gobierno y han advertido de que, en un momento en el que los ciudadanos están llamados a las urnas el 29 de noviembre, resulta difícilmente justificable utilizar la actividad empresarial como «tablero» para influir en el proceso electoral.

Las organizaciones empresariales han reclamado que el periodo electoral se afronte desde el «sosiego y la normalidad democrática» y han situado entre sus prioridades la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.

La posición adquiere especial relevancia en el debate sobre vivienda. Los empresarios consultados por DEMÓCRATA no sitúan únicamente el problema en las medidas concretas que pueda aprobar el Gobierno, sino en la necesidad de aumentar la oferta. Más viviendas, más construcción y menos incertidumbre regulatoria aparecen como algunas de las condiciones que consideran necesarias para ampliar el mercado.

Lorenzo Amor: «Bienvenidas sean por fin las elecciones»

Dentro del ámbito empresarial, la reacción más contundente ha llegado de Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE. Apenas conocido el anuncio de Sánchez, Amor celebró públicamente la convocatoria.

«Siempre es una buena noticia que se convoquen elecciones y dar la palabra a la ciudadanía», afirmó. A su juicio, «ahora era más necesario que nunca». El presidente de ATA recordó que la legislatura termina sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y calificó de «nefasta» la situación para los autónomos, a los que atribuyó pérdida de poder adquisitivo y un aumento de trabas, impuestos y cotizaciones. «Bienvenidas sean por fin las elecciones y que la ciudadanía decida su futuro», concluyó.

La posición de Amor introduce un matiz respecto al tono más institucional de CEOE: desde el ámbito de los autónomos sí se ha producido una valoración abiertamente favorable del adelanto electoral, vinculada sobre todo al agotamiento de una legislatura sin Presupuestos y a la necesidad de que las urnas permitan definir un nuevo escenario político.

Clausura XXIX Congreso Nacional Empresa Familiar II
Eloi Planes, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, en el XXIX Congreso Nacional Empresa Familiar. Foto: IEF. 

Una agenda económica que no puede esperar

El adelanto electoral llega además cuando permanece abierta una larga lista de asuntos económicos pendientes. La disolución de las Cortes deja en suspenso buena parte de la agenda legislativa y mantiene prorrogados los Presupuestos de 2023 por cuarto año consecutivo. Entre las materias afectadas figuran reformas económicas, fiscales y laborales que estaban pendientes de tramitación.

Es precisamente en este punto donde las demandas trasladadas por los empresarios durante el Congreso de la Empresa Familiar adquieren una dimensión que va más allá de la propia convocatoria electoral. El mensaje que trasladan las fuentes consultadas por DEMÓCRATA no es tanto qué partido debe gobernar como qué condiciones necesita el tejido productivo para afrontar los próximos años.

La vivienda aparece entre las prioridades, pero también la productividad, la educación, el talento, la digitalización, la energía y la capacidad de España para atraer y mantener inversión.

En el Congreso, Juan José Cano, presidente de KPMG en España, reclamó acelerar las reformas necesarias para mejorar la competitividad y situó entre los ámbitos prioritarios la energía, la soberanía digital, la industria y la defensa, los mercados de capitales, la simplificación y estabilidad regulatoria y el talento. 

El denominador común que emerge de estas posiciones es, por tanto, más económico que político: estabilidad para decidir, seguridad jurídica para invertir y reglas que no cambien constantemente.

Tiempos difíciles

Los empresarios sostienen a DEMÓCRATA que vienen tiempos difíciles y que habrá que afrontar los problemas con consenso y transversalidad. No plantean que desaparezcan las diferencias políticas, sino que las decisiones que afectan a la economía y a la actividad empresarial tengan una perspectiva que trascienda el corto plazo.

En este tiempo concreto, su reclamación es sencilla: pensar sin ruido para poder tomar decisiones importantes. Y hacerlo sobre cuestiones de fondo -vivienda, salarios, educación, tecnología, talento, inversión- para las que, según las fuentes empresariales consultadas, España sigue necesitando respuestas duraderas.

 

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿Cuáles son los trámites que deben seguirse tras la convocatoria de elecciones generales en España?

Tras la convocatoria de elecciones generales en España se activa una cadena de trámites regulados principalmente en la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Afectan tanto a los poderes del Gobierno saliente como a la organización del proceso electoral y a la posterior constitución de las nuevas Cortes Generales.

1. Disolución de las Cortes y convocatoria formal

El proceso se inicia con un Real Decreto de disolución del Congreso y del Senado y de convocatoria de elecciones, firmado por el Rey y refrendado por el presidente del Gobierno. Ese decreto fija:

  • La fecha de la votación.
  • La fecha de constitución de las nuevas Cámaras.
  • El plazo oficial de campaña electoral.

Publicado el decreto en el BOE, las Cortes quedan disueltas, se interrumpe la actividad parlamentaria ordinaria y se entra en fase de Gobierno en funciones.

2. Gobierno en funciones y Diputación Permanente

Disueltas las Cámaras, el Gobierno pasa automáticamente a estar en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Eso implica que:

  • Mantiene sus funciones de gestión ordinaria, pero ve limitado su margen para adoptar decisiones que condicionen al futuro Gobierno (nombramientos estructurales, grandes reformas, etc.).
  • Debe respetar especialmente los principios de neutralidad y prudencia en periodo electoral.

En el Congreso y en el Senado solo sigue operativa la Diputación Permanente, que:

  • Vela por los poderes de la Cámara durante la disolución.
  • Puede convalidar o derogar reales decretos-leyes del Gobierno en funciones y solicitar la reunión extraordinaria del Pleno si es necesario.

3. Organización administrativa del proceso electoral

Paralelamente se despliega toda la maquinaria electoral:

  • Se constituyen las Juntas Electorales (Central, de zona y provinciales), órganos encargados de dirigir y supervisar el proceso, resolver incidencias y garantizar la limpieza del escrutinio.
  • Se realiza la proclamación de candidaturas de partidos, coaliciones y agrupaciones de electores, con sus plazos de presentación, subsanación y, en su caso, impugnación.
  • Se elaboran y exponen públicamente las listas del censo electoral, con un plazo para reclamaciones de los ciudadanos que detecten errores.
  • Se organiza el voto desde el exterior y el voto por correo, con sus trámites específicos de solicitud, envío de documentación y deposición del voto.

4. Campaña electoral y jornada de reflexión

El decreto fija el inicio y fin de la campaña electoral, periodo en el que los partidos pueden pedir el voto de manera organizada con reglas específicas sobre:

  • Espacios gratuitos de propaganda en medios públicos y regulación de la publicidad electoral en medios privados.
  • Actos de campaña, mítines, debates y utilización del espacio público.
  • Restricciones a la inauguración de obras y grandes anuncios institucionales para evitar el uso partidista de recursos públicos.

La campaña termina con la jornada de reflexión, en la que se prohíbe pedir el voto y difundir propaganda electoral.

5. Jornada electoral y escrutinio

El día de las elecciones se constituyen las mesas electorales en los colegios designados, con presidente y vocales elegidos por sorteo. Los trámites clave son:

  • Constitución de las mesas y apertura de los colegios.
  • Emisión del voto presencial, con supervisión de interventores y apoderados.
  • Cierre de los colegios y escrutinio en mesa, cuyo resultado se remite a la junta correspondiente.
  • Publicación de resultados provisionales y, posteriormente, escrutinio general por las Juntas Electorales, con posibilidad de reclamaciones y recursos.

Las Juntas proclaman a los candidatos electos al Congreso y al Senado.

6. Constitución de las nuevas Cortes y formación de Gobierno

En la fecha indicada en el decreto se reúnen las nuevas Cámaras para:

  • Constituirse formalmente, verificar credenciales de los electos y elegir a la Mesa del Congreso y del Senado.
  • Comunicar al Rey la lista de diputados y la correlación de fuerzas, paso previo a las consultas con los representantes de los grupos para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno.

Con ello se cierra el ciclo de trámites iniciado con la convocatoria, dando paso al proceso de investidura y a la eventual formación del nuevo Gobierno.

¿Qué competencias tiene el presidente del Gobierno en la convocatoria de elecciones según la Constitución Española?

Según la Constitución Española, el presidente del Gobierno tiene un papel central en la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones, pero no actúa nunca en solitario: su iniciativa se articula siempre mediante un real decreto del Rey, sujeto a refrendo y a límites materiales y temporales muy precisos.

1. Fundamento constitucional de la competencia

Las facultades de disolución y convocatoria se basan principalmente en varios preceptos:

  • Artículo 62 b) CE: atribuye al Rey la facultad de “convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución”.
  • Artículo 115 CE: regula la disolución a iniciativa del presidente del Gobierno y el decreto de disolución y convocatoria.
  • Artículo 64 CE: establece el refrendo: los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno, que asume la responsabilidad política.
  • Artículo 68.6 CE: fija el marco temporal general de las elecciones al Congreso (entre 30 y 60 días desde la disolución o expiración del mandato, y constitución en los 25 días siguientes).
  • Artículo 99.5 CE: prevé la disolución automática de las Cámaras si en dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso.
  • Artículo 116 CE: regula los estados de alarma, excepción y sitio, con efectos sobre la posibilidad de disolver.

2. Naturaleza de la competencia: iniciativa del presidente y refrendo

La Constitución configura la disolución “ordinaria” de las Cámaras como una iniciativa políticamente atribuible al presidente del Gobierno, pero formalizada como acto del Rey:

  • Artículo 115.1 CE: el presidente del Gobierno puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras, que se hace efectiva mediante real decreto del Rey, tras deliberación del Consejo de Ministros.
  • Ese real decreto debe ir refrendado por el presidente del Gobierno (art. 64 CE). El Rey actúa formalmente; la responsabilidad política recae en el presidente que refrenda.
  • El Congreso no tiene una facultad general para autodisolverse; la disolución depende, en el régimen ordinario, de esa iniciativa del presidente del Gobierno.

Por tanto, puede decirse que el presidente tiene una competencia decisiva en la convocatoria de elecciones generales, pero canalizada institucionalmente a través del Rey y del Consejo de Ministros.

3. Límites temporales y materiales a la disolución

a) Plazos y caducidad del mandato

El artículo 68.4 y 6 CE fija la duración ordinaria del mandato (cuatro años) y el marco temporal para elecciones tras disolución o expiración. La disolución anticipada acorta ese mandato, pero siempre debe respetar:

  • Celebrar las elecciones dentro del intervalo constitucional (entre 30 y 60 días desde la disolución o expiración).
  • Convocar el nuevo Congreso dentro de los 25 días siguientes a las elecciones.
b) Límite de un año entre disoluciones por esta vía

El artículo 115.2 CE establece que “no podrá proponerse una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior disolución por este procedimiento”. Es decir:

  • El presidente no puede encadenar disoluciones discrecionales; debe esperar al menos un año desde la última disolución que se produjo a su propuesta.
  • Este límite se refiere a las disoluciones acordadas conforme al art. 115, no a la disolución automática del art. 99.5 CE.
c) Prohibición mientras se tramita una moción de censura

El mismo artículo 115.2 CE impide al presidente proponer la disolución cuando haya una moción de censura en trámite (regulada en el art. 113 CE) que todavía no haya sido votada. De este modo:

  • El Gobierno no puede “eludir” una moción de censura disolviendo las Cortes y convocando elecciones.
  • Debe esperarse al resultado de la moción (aprobación o rechazo) antes de plantear una disolución.
d) Estados de alarma, excepción y sitio

El artículo 116 CE dispone que durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio rigen reglas especiales. Entre ellas, se establece que:

  • No puede procederse a la disolución de las Cámaras mientras dure alguno de estos estados.
  • Si las Cámaras estuvieran disueltas, quedan automáticamente convocadas para ejercer las facultades constitucionales de control y autorización sobre dichos estados.

En consecuencia, el presidente del Gobierno no puede utilizar la disolución como instrumento político mientras está vigente un estado de excepción, alarma o sitio.

4. Procedimiento formal del decreto de disolución y convocatoria

En síntesis, el procedimiento constitucional ordinario es:

  • El presidente del Gobierno decide políticamente proponer la disolución.
  • La propuesta se debate en el Consejo de Ministros, que la delibera (art. 115.1 CE).
  • El Rey dicta un real decreto de disolución de las Cámaras y convocatoria de elecciones, que debe:
    • Especificar qué Cámara(s) se disuelven y la fecha de las elecciones.
    • Respetar los límites temporales del art. 68.6 CE (intervalo para la celebración de elecciones y constitución del nuevo Congreso).
    • Ir refrendado por el presidente del Gobierno (art. 64 CE).
  • El decreto se publica en el Boletín Oficial del Estado, momento a partir del cual produce efectos: se disuelven las Cámaras y queda fijado el calendario electoral.

Fuera de este mecanismo discrecional, la Constitución prevé la disolución automática por fracaso de la investidura (art. 99.5 CE), donde la iniciativa ya no es del presidente del Gobierno, sino que deriva directamente del propio texto constitucional.

¿Cuáles son los resultados de las últimas elecciones generales en España y cómo está compuesto el Congreso de los Diputados?

Las últimas elecciones generales celebradas en España, a fecha de hoy, fueron las del 23 de julio de 2023 (23‑J), que dieron lugar a la XV Legislatura y a la composición actual del Congreso de los Diputados. El adelanto electoral para el 29 de noviembre de 2026 ya está convocado, pero aún no se ha votado.

Resultados del 23‑J de 2023

En las elecciones de julio de 2023 el voto se tradujo en el siguiente reparto de escaños en el Congreso (350 diputados), según los datos recogidos en fuentes oficiales y de prensa generalista:

  • PP: 137 escaños – 8.160.837 votos (aprox. 33,1 % del voto válido).
  • PSOE: 121 escaños – 7.821.718 votos (aprox. 31,7 %).
  • Vox: 33 escaños – en torno al 12,4 %.
  • Sumar: 31 escaños – alrededor del 12,3 %.
  • ERC: 7 escaños (casi el 1,9 % estatal).
  • Junts: 7 escaños (en torno al 1,6 %).
  • EH Bildu: 6 escaños.
  • PNV: 5 escaños.
  • BNG: 1 escaño.
  • Coalición Canaria (CC): 1 escaño.
  • UPN: 1 escaño.

El PP ganó en votos y escaños, pero quedó lejos de la mayoría absoluta de 176 diputados. El bloque de derechas estatal (PP + Vox) alcanzó 170 escaños, que pueden llegar a 171–172 sumando UPN y CC, todavía por debajo de la mayoría absoluta.

Composición de partida del Congreso (XV Legislatura)

La cámara resultante del 23‑J se configuró inicialmente así:

  • PP – 137 diputados.
  • PSOE – 121 diputados.
  • Vox – 33 diputados.
  • Sumar – 31 diputados (incluyendo en origen a los 5 diputados de Podemos).
  • ERC – 7 diputados.
  • Junts – 7 diputados.
  • EH Bildu – 6 diputados.
  • PNV – 5 diputados.
  • BNG – 1 diputada.
  • Coalición Canaria – 1 diputada.
  • UPN – 1 diputado.

Formalmente, esto se tradujo en varios grupos parlamentarios: Grupo Socialista (PSOE), Grupo Popular, Grupo Vox, Grupo Plurinacional de Sumar y los grupos de ERC, Junts, EH Bildu y PNV, además del Grupo Mixto donde se ubican, entre otros, BNG, CC y UPN. Posteriormente, los cinco diputados de Podemos abandonaron el grupo de Sumar y pasaron al Grupo Mixto, pero los escaños siguen perteneciendo a la misma candidatura que se presentó en 2023; la aritmética de partidos en el Congreso continúa basada en los números del 23‑J.

Mayorías posibles y bloques

La mayoría absoluta en el Congreso se sitúa en 176 escaños. Con la configuración salida de las urnas, los escenarios de bloques principales son:

Bloque de derechas
  • PP + Vox: 137 + 33 = 170 escaños.
  • PP + Vox + UPN: 171 escaños.
  • PP + Vox + CC: 171 escaños.
  • PP + Vox + UPN + CC: 172 escaños.

Ni siquiera sumando a los partidos de ámbito foral o insular habituales (UPN y CC) se alcanza la mayoría absoluta, lo que impidió a Alberto Núñez Feijóo formar gobierno.

Bloque de investidura de Pedro Sánchez

La investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 se apoyó en una mayoría plurinacional y muy fragmentada, integrada por:

  • PSOE: 121.
  • Sumar: 31.
  • ERC: 7.
  • Junts: 7.
  • EH Bildu: 6.
  • PNV: 5.
  • BNG: 1.
  • Coalición Canaria: 1.

En total, 179 escaños, es decir, tres por encima del umbral de 176. Esta mayoría incluye al núcleo gubernamental (PSOE y Sumar) y a varios aliados parlamentarios externos, con agendas territoriales y exigencias diferenciadas.

Equilibrio político en el Congreso

Desde el punto de vista político, el Congreso se caracteriza por:

  • Un Gobierno en minoría numérica (PSOE + Sumar = 152 escaños) que necesita negociar casi cada ley con varias fuerzas: ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y, en ocasiones, Podemos y otros miembros del Mixto.
  • Una derecha más fuerte en votos tras el 23‑J (PP primera fuerza, con 16 escaños más que el PSOE), pero sin una mayoría alternativa cerrada que permita formar gobierno.
  • Un alto grado de fragmentación territorial: los 7 escaños de Junts, los 7 de ERC o los 6 de EH Bildu pueden resultar decisivos en votaciones ajustadas.
  • Una legislatura de negociación permanente, en la que el Ejecutivo debe recomponer la mayoría de investidura o conseguir abstenciones en presupuestos, decretos‑leyes y grandes reformas, mientras la oposición no dispone de una suma estable para sustituirlo.

En suma, las elecciones del 23‑J dejaron un Congreso muy equilibrado entre un bloque de derechas que no llega solo a la mayoría absoluta y un bloque de investidura progresista y plurinacional que sí la alcanza, pero a costa de una enorme complejidad negociadora en cada decisión relevante.

Juega

¡Pon a prueba lo que sabes con FREN!

¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Cuál es una de las principales demandas de los empresarios españoles en el contexto del adelanto electoral?

Pregunta 1 de 3

¿Qué opinión expresó Lorenzo Amor, presidente de ATA, sobre la convocatoria de elecciones?

Pregunta 2 de 3

¿Qué situación legislativa destaca la noticia tras la disolución de las Cortes?

Pregunta 3 de 3