CEOE y Cepyme han rechazado este lunes la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios, cuestionando incluso su posible encaje jurídico, al considerar que las reivindicaciones que han motivado la convocatoria se dirigen contra decisiones legislativas y presupuestarias del Gobierno en materia de vivienda y, por tanto, no tienen en esencia naturaleza laboral.
Las organizaciones empresariales han reaccionado al anuncio de los sindicatos, realizado este lunes pocas horas después de que Pedro Sánchez comunicara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Para CEOE y Cepyme, la movilización constituye fundamentalmente una medida de presión para provocar cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda, cuestiones que corresponden a la Administración y que quedan fuera de la gestión de las empresas.
En un comunicado conjunto, las patronales sostienen que las reivindicaciones planteadas por los sindicatos «no son, en esencia, de naturaleza laboral». De ahí que consideren inadmisible trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una protesta cuyo destinatario es, en realidad, el Gobierno y su política de vivienda.
La posición empresarial introduce además una cuestión jurídica que queda pendiente de determinar. CEOE y Cepyme advierten de que, con la información disponible en este momento, no pueden realizar todavía una valoración definitiva sobre el encaje legal de la convocatoria, entre otras razones porque la huelga está pendiente de ratificación, no tiene una fecha determinada y todavía no se ha formalizado el preaviso exigido legalmente.
Las empresas, ante una protesta dirigida al Gobierno
Las patronales consideran que no corresponde a las empresas asumir las consecuencias de una medida de presión planteada para reclamar decisiones que competen al Ejecutivo y al Parlamento. La vivienda, señalan, es objeto de decisiones legislativas y presupuestarias cuya responsabilidad corresponde a las administraciones públicas.
CEOE y Cepyme rechazan así que la actividad empresarial y sus trabajadores sean utilizados como instrumento para presionar al Gobierno sobre estas cuestiones. Su argumento parte de una distinción: una huelga laboral puede dirigirse a defender intereses relacionados con las condiciones de trabajo, pero las reivindicaciones que han acompañado al anuncio de esta convocatoria se centran en la política de vivienda y en las decisiones que adopten las instituciones públicas.
Por ello, las organizaciones empresariales consideran que la protesta no tiene, al menos según la información conocida hasta ahora, un contenido esencialmente laboral, y dejan abierta la cuestión de si la convocatoria reunirá finalmente los requisitos necesarios para desplegar sus efectos jurídicos.
Una huelga convocada en plena convocatoria electoral
CEOE y Cepyme cuestionan además el momento elegido para la movilización. Los ciudadanos están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre después de que Sánchez anunciara este lunes el adelanto electoral.
A juicio de las patronales, resulta difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como «tablero» para tratar de influir en un proceso político que, precisamente, va a someter estas cuestiones al pronunciamiento de los ciudadanos.
Las organizaciones empresariales reclaman que ese proceso se desarrolle con «sosiego y normalidad democrática» y advierten de que la convocatoria de huelga, tal y como se conoce actualmente, todavía no permite determinar de forma definitiva su alcance.
CEOE y Cepyme analizarán la convocatoria cuando sea ratificada y se concreten sus objetivos, ámbito y condiciones. Será entonces cuando estudien también el cumplimiento de los requisitos legales y su eventual encaje jurídico.
Mientras tanto, las patronales defienden la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas ante una movilización que, en su opinión, traslada al tejido productivo el coste de una reivindicación esencialmente dirigida contra la política de vivienda del Gobierno.