El Ministerio de Hacienda ha conseguido este viernes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) respalde su propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica, gracias al apoyo de Cataluña y Canarias, pese al rechazo del resto de comunidades autónomas.
El esquema diseñado por el Gobierno prevé casi 21.000 millones de euros adicionales para las autonomías, con el objetivo de reforzar la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha subrayado que llevaban 17 años sin que un Consejo de Política Fiscal y Financiera abordara un modelo de financiación y 12 años desde que el actual “ha caducado”.
España ha recalcado que la propuesta del Ejecutivo es “el único modelo que hay sobre la mesa” y ha afeado al Partido Popular que no haya presentado “ningún modelo, ninguna propuesta alternativa al actual”.
El responsable de Hacienda ha puesto en valor la voluntad de diálogo del Gobierno durante la preparación de la reforma y ha rememorado que la reunión del Consejo prevista para finales de julio se pospuso a petición de las comunidades autónomas, que solicitaron más tiempo y más documentación.
El ministro ha insistido en que el modelo aprobado será común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común, que no se trata de “un modelo especial” ni “a la carta” y que la incorporación al mismo tendrá carácter voluntario.
La propuesta incorpora una mayor autonomía tributaria, instrumentos de nivelación horizontal y vertical y una aportación del Estado cercana a los 21.000 millones de euros adicionales. Asimismo, preserva el ‘statu quo’ para asegurar que ninguna comunidad vea reducidos sus recursos respecto al sistema vigente.
España ha asegurado que el nuevo modelo servirá para acortar las brechas de financiación entre territorios y hacerlo “más equitativo, más igualitario, más solidario y más transparente”.
El acuerdo alcanzado en el CPFF constituye un trámite previo a su elevación al Consejo de Ministros y, posteriormente, a su remisión al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, donde, tal y como ha remarcado el ministro, “tendrán la última palabra” los grupos parlamentarios.