El informe elaborado por la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil y remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón concluye que las advertencias recibidas antes de la crisis migratoria de Ceuta no permitían anticipar la entrada masiva de personas que finalmente se produjo por el paso fronterizo los días 30 y 31 de julio desde territorio marroquí.
Según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, la Guardia Civil ha contestado de forma detallada a las preguntas planteadas por la magistrada el pasado 5 de agosto, entre ellas si los agentes desplegados en Ceuta contaron con algún aviso específico sobre la avalancha, así como otras cuestiones relativas al número de efectivos, las labores de rescate y los fallecidos.
En sede parlamentaria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo no recibió en los días anteriores a la crisis ninguna alerta o comunicación de carácter extraordinario que hiciera prever la magnitud de lo sucedido. En la misma intervención insistió en que no existen "pruebas" sobre la autoría de Marruecos, si bien garantizó que respondería con "contundencia" en caso de que llegara a acreditarse.
Las mismas fuentes subrayan que el documento de la Guardia Civil recoge la información que se compartió a través de los cauces habituales de cooperación sobre la presencia de grupos de personas en el lado marroquí de la frontera, pero sin que de esos datos se desprendiera el escenario de colapso que se vivió posteriormente, con más de 72.000 personas accediendo a nado a Ceuta y rodeando a pie el espigón fronterizo.
En su providencia, la jueza solicitó a la Guardia Civil que detallara los avisos recibidos con "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de una entrada irregular de gran magnitud en la ciudad autónoma.
También pidió información sobre el "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sobre sus circunstancias personales "conocidas".
En relación con las personas fallecidas, la magistrada reclamó que se precisara si constaba "la causa y la data de la muerte" y, respecto a los "supervivientes", que se informara de "su identidad y datos de localización" que los agentes hubieran podido obtener.
Otro informe del CENIF de la Policía
La jueza Tardón, que se encontraba en funciones de guardia cuando se desencadenó la crisis de Ceuta a finales de julio, también reclamó un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que fue redactado y remitido por el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF). En concreto, preguntó si se trató de "una acción concertada" y promovida por "un grupo criminal".
El documento del CENIF, de 55 páginas, apunta a la implicación de gendarmes marroquíes en el "guiado" y en la planificación de la entrada de migrantes en la ciudad autónoma. El Gobierno, sin embargo, mantiene que no existen pruebas concluyentes sobre la autoría intelectual ni sobre la participación de ningún gobierno o servicio de inteligencia.
El hecho de que la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras remitiera directamente su informe a la jueza de la Audiencia Nacional generó malestar en el Ministerio del Interior. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, reclamó explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, y envió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la que expresaba su "preocupación".
Tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtieron de que el desconocimiento por parte de la cadena de mando del contenido del informe del CENIF podía tener impacto en la seguridad nacional. No obstante, la presidenta del CGPJ respaldó la actuación de la magistrada María Tardón y exigió "máximo respeto" a la independencia judicial.
La jueza acordó la apertura de diligencias previas tras la denuncia penal presentada por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras "que pudieran ser identificadas", por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y del tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
La Fiscalía ya se ha pronunciado a favor de que la Audiencia Nacional asuma la competencia para investigar estos hechos y, a partir de ahí, continuar con las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido en Ceuta a finales de julio.