El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles la reforma del código aduanero comunitario, que a partir de noviembre incorporará una nueva tasa de gestión para todos los paquetes comprados fuera de la Unión Europea. La revisión también incluye cambios destinados a reforzar la supervisión sobre vendedores y plataformas 'online' como Shein y Temu, que pasarán a ser responsables de que los productos que comercializan en el mercado único respeten la normativa comunitaria.
Durante las conversaciones sobre la reforma se barajó que este recargo pudiera situarse en torno a los 2 euros, aunque la cantidad definitiva deberá ser fijada aún por Bruselas. Esta tasa será independiente del arancel de 3 euros que la Unión Europea aplica desde julio a las compras inferiores a 150 euros, tras la eliminación de la exención que hasta entonces beneficiaba a ese tipo de envíos.
El propósito de la nueva "tasa de gestión" es compensar la carga adicional que soportan las autoridades aduaneras ante el fuerte auge de las compras por Internet en plataformas como Temu, Shein o Amazon. El importe deberá ser asumido por la misma entidad que ya se encarga de los demás costes aduaneros del envío, con el fin de que no recaiga directamente sobre el consumidor final.
La Comisión Europea calculará el importe de la tasa en función de los costes mínimos que afrontan las aduanas al tramitar los paquetes, incluidos los recursos informáticos y de personal necesarios para verificar la información, efectuar análisis de riesgos y realizar los controles pertinentes. Esta cuantía se revisará cada dos años.
La reforma contempla además la creación de una plataforma centralizada de gestión de datos y un refuerzo de la coordinación entre los Estados miembro a través de la Autoridad Aduanera Europea (EUCA, por sus siglas en inglés). Málaga aspiraba a acoger esta institución, pero finalmente su sede se ubicará en la ciudad francesa de Lille.
Este centro europeo de datos aduaneros deberá estar operativo en 2028 para el comercio electrónico y alcanzar su funcionamiento pleno para todo tipo de empresas en 2031, con la meta de convertirse en el "único punto de entrada aduanero" de la Unión en 2034. Con ello se pretende simplificar los trámites y reducir costes tanto para las autoridades de control como para las compañías.
Las empresas que vulneren de forma reiterada la normativa comunitaria se enfrentarán a sanciones de al menos el 1% y de hasta el 6% del valor total de las mercancías importadas al mercado único en los últimos 12 meses. Además, las aduanas podrán suspender, revocar o anular su condición de operador de confianza u Operador Económico Autorizado y clasificarlas como operadores de "alto riesgo".
Según los datos de la Comisión Europea, sólo en 2025 llegaron al mercado único 5.900 millones de artículos de bajo valor enviados directamente a consumidores finales, el 90% de los cuales procedían de China. El notable incremento del volumen y la complejidad de los procedimientos dificultaban el control aduanero y aumentaban la probabilidad de que productos peligrosos o ilegales alcanzaran a los ciudadanos europeos.
Las plataformas asumirán la responsabilidad directa
Otro de los pilares de la reforma pasa por hacer "responsables" a los operadores de las mercancías que introducen en la Unión Europea. Las plataformas y el resto de vendedores online deberán comunicar al centro aduanero de datos la información sobre las ventas inmediatamente después de efectuarlas, lo que permitirá a las autoridades intervenir incluso antes de que los productos lleguen a la frontera exterior.
Los operadores serán igualmente responsables de asegurar el cumplimiento de toda la legislación de la UE aplicable a sus artículos, incluidas las normas fiscales y no fiscales, por lo que se contemplan sanciones específicas en caso de infracciones sistemáticas. Bruselas subraya que este nuevo enfoque aliviará la carga de responsabilidad que, con el modelo actual, recaía en gran medida sobre los consumidores individuales.
Con este marco, las plataformas de venta de bajo coste que envían directamente al consumidor europeo pasarán a ser consideradas también empresas importadoras. En consecuencia, estarán obligadas a facilitar a las aduanas todos los datos necesarios, pagar o garantizar los gastos correspondientes y velar por que los productos respeten la legislación comunitaria.
Para evitar que recurran a "empresas fantasma" con las que eludir sus obligaciones, estas compañías deberán estar establecidas en la Unión Europea o estar representadas por una entidad con sede en la UE que cuente con el estatus de operador económico autorizado o de operador de confianza.