El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dado nuevas instrucciones a los consulados para que certifiquen los casos de quienes han adquirido la nacionalidad española al amparo de la conocida “ley de nietos”, tras acreditar su condición de descendientes de exiliados y que, según precisó el Tribunal Supremo, conservan el derecho de sufragio pese a las medidas cautelares dictadas.
Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han indicado a Europa Press que tanto el Ministerio como la red de oficinas consulares en el extranjero “cumple escrupulosamente con lo que la normativa señala en materia de nacionalidad y de inscripción en el censo electoral”.
Del mismo modo, han subrayado que se observa “con las instrucciones que, en el ámbito de sus competencias, dictan respectivamente el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Oficina del Censo Electoral”, adscrita a la Junta Electoral Central (JEC).
Exteriores recuerda que, del mismo modo que los consulados han venido aplicando la instrucción emitida en diciembre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática —que flexibilizó los requisitos para obtener la nacionalidad y abrió la vía también a quienes no eran descendientes directos de exiliados—, ahora procederán igualmente conforme a lo acordado por la JEC.
El organismo electoral asumió este lunes el criterio fijado por el Tribunal Supremo sobre el derecho de voto de las personas nacionalizadas en virtud de la llamada “ley de nietos” (una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022). El alto tribunal dejó en suspenso su derecho de participación en las urnas hasta que se dicte sentencia definitiva, salvo en los casos en que se haya acreditado de forma fehaciente el origen en exiliados de la guerra civil y la posguerra.
La JEC traslada a Exteriores la expedición de certificados
En este contexto, la JEC solicitó a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores que ordene a los responsables de los Registros Consulares la expedición de los certificados acreditativos para quienes obtuvieron la nacionalidad y presentaron la documentación que demuestra su condición de descendientes de exiliados conforme a la ley.
Según otras fuentes diplomáticas citadas por Europa Press, Exteriores se ha limitado a distribuir el auto de la JEC a las oficinas consulares, sin añadir instrucciones adicionales, y ha comunicado que se facilitará un modelo de certificado que deberán emitir ahora para los nuevos nacionales descendientes de exiliados.
La obligación de emitir estos certificados, requisito para que estos nuevos ciudadanos españoles puedan ejercer el voto en las próximas convocatorias electorales, supondrá un aumento de la carga de trabajo en los consulados, especialmente en los ubicados en países de Iberoamérica, donde siguen pendientes de tramitación cientos de miles de solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Desde Exteriores no han precisado si se reforzarán las plantillas para poder acelerar la gestión de los nuevos certificados. En cualquier caso, se recuerda que la suspensión de las altas en el CERA y la exigencia de acreditar la condición de descendiente de exiliado tiene carácter temporal y está condicionada al fallo definitivo del Supremo.
Con vistas a que el próximo año se celebrarán tanto elecciones generales como autonómicas, el Gobierno ha insistido en pedir al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes este asunto, reprochando además que las medidas cautelares suponen una discriminación para parte de la ciudadanía española al privarle de su derecho constitucional al voto.
Según desveló a finales de abril Albares durante una visita a México, hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas habían manifestado su intención de solicitar la nacionalidad española, de las que ya se habían recibido 1,2 millones de expedientes. De ellos, “545.000 ya habían sido aprobados, de los que 306.500 habían sido inscritos en el Registro Civil consular”.