Madrid rechaza el decreto de centros de datos al considerar que frenará la inversión

Madrid critica el decreto estatal sobre centros de datos por generar inseguridad jurídica y poner en riesgo miles de millones en inversión y empleo.

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Uno de los Centro de Procesamiento de Datos del Gobierno de Navarra. GOBIERNO DE NAVARRA

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La Comunidad de Madrid ha expresado su rechazo al proyecto de Real Decreto del Gobierno central para regular los centros de datos, una norma que, a su juicio, “frenará la inversión” y “restará competitividad a España”, poniendo trabas al crecimiento de esta actividad digital.

El pasado jueves, el Ejecutivo autonómico remitió al Gobierno de Pedro Sánchez varias alegaciones en las que defiende que la actual saturación de la red eléctrica no debe afrontarse limitando la demanda ni las inversiones, sino mediante el refuerzo y ampliación de las infraestructuras eléctricas existentes.

Según la Comunidad de Madrid, el texto concentra una batería de exigencias y obligaciones en ámbitos como la energía, el agua, los contratos y la soberanía digital, y las supedita al acceso y conexión a la red eléctrica. El incumplimiento de estas condiciones podría implicar recargos económicos e incluso la retirada de los permisos de acceso ya otorgados.

Todo ello, advierten desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, generaría una “inseguridad jurídica” que impactaría tanto en los proyectos en fase de tramitación como en aquellos que ya disponen de autorizaciones de acceso y conexión.

El Gobierno regional subraya que muchas de estas iniciativas se diseñaron bajo otro marco normativo y que ahora podrían enfrentarse a nuevas obligaciones no contempladas inicialmente.

Más de 50 proyectos en la región 

En la Comunidad de Madrid hay actualmente 56 proyectos de centros de datos, de los cuales 15 se encuentran en construcción y 41 en fase de diseño. En conjunto, suponen una inversión estimada de 15.000 millones de euros y la creación de entre 17.000 y 24.000 empleos, tanto directos como indirectos.

De acuerdo con las cifras del Ejecutivo autonómico, el compromiso inversor podría traducirse en hasta 26.250 millones de euros de impacto directo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) madrileño, sin incluir el efecto de “arrastre” sobre el resto del tejido de la industria del conocimiento que se apoya en estas infraestructuras.

El Gobierno madrileño sostiene que los centros de datos son una pieza clave para el avance de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los servicios digitales. Por ello, defiende que la regulación combine la eficiencia energética y la sostenibilidad con la seguridad jurídica y la capacidad de atraer capital.

En esta línea, el Ejecutivo autonómico alerta de que el nuevo marco diseñado por el Gobierno central puede convertirse en un obstáculo para la instalación de estas infraestructuras y reclama que España aproveche su potencial energético y el auge de las renovables para consolidarse como uno de los grandes polos europeos de digitalización.

Exigen tramitación parlamentaria

La Comunidad de Madrid también cuestiona que el Gobierno de Sánchez haya optado por articular estas medidas mediante un real decreto. Considera que, por su carácter “cuasi prohibitivo”, su contenido sancionador y su posible efecto retroactivo, debería tramitarse como una norma con rango de ley y someterse al debate y aprobación de las Cortes.

Por este motivo, el Ejecutivo regional reclama la retirada y una profunda reformulación del proyecto, con el fin de fijar un marco regulatorio que, sin renunciar a los objetivos de eficiencia, sostenibilidad, descarbonización y soberanía digital, favorezca la inversión, la expansión de las redes eléctricas y la disponibilidad de energía.

Mientras tanto, el Gobierno central continúa dialogando con las empresas del sector tecnológico para perfilar los detalles del futuro real decreto sobre centros de datos y sostiene, según fuentes del propio Ejecutivo, que los nuevos requisitos ambientales, energéticos y de soberanía digital no supondrán un freno para la llegada de inversiones a España.

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