El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha confirmado este martes ante el Parlamento que el máximo responsable de la junta militar birmana y actual presidente del país, Min Aung Hlaing, tiene previsto desplazarse a territorio malasio “en los próximos días”, en un contexto marcado por la expulsión de cientos de refugiados birmanos, incluida población rohingya, desde Malasia hacia Birmania.
“Durante la visita, el ministro de Exteriores y el del Interior abordarán el asunto de las deportaciones para buscar una solución”, ha aclarado el primer ministro malasio ante el Parlamento, donde ha confirmado que está prevista la visita.
Anwar ha subrayado que Birmania “debe garantizar un trato adecuado a su propia población para que no se den actos de abuso, opresión y violación de los Derechos Humanos” cuando estos migrantes sean retornados. “Para mí, cualquier país que quiera que sus ciudadanos vuelvan a su lugar de origen puede contar con nosotros”, ha resaltado, dejando claro que Malasia está dispuesta a cooperar siempre que se respeten las garantías básicas.
En relación con el encuentro con Min Aung Hlaing, el dirigente malasio ha indicado que su objetivo es trasladarle que existe margen para impulsar proyectos económicos y “ser amigos”. “Podemos aceptar Birmania, pero ellos deben aceptar de vuelta a sus refugiados”, ha aclarado, condicionando la normalización de las relaciones al retorno seguro de estas personas.
Las expulsiones se inscriben en un programa puesto en marcha por las autoridades malasias que contempla la devolución de unos 5.000 nacionales birmanos que habrían aceptado regresar de forma “voluntaria” a su país de origen. Por ahora, el Gobierno ha comenzado con el envío de un contingente inicial de alrededor de 1.500 migrantes, según han detallado las autoridades responsables del operativo.
Varias organización de defensa de los Derechos Humanos han alertado de que esta medida podría no ser “suficientemente segura”, especialmente para las población rohingyas que se encuentran entre los deportados y que corren peligro en caso de volver al país, especialmente al estado de Rajine, en el oeste, donde sus familiares “viven todavía una situación desesperada que sigue deteriorándose”.