El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha rubricado este martes un decreto con el que deja sin efecto la suspensión generalizada de los permisos para el porte de armas de fuego en el país, aunque ha remarcado que no implica un uso "indiscriminado" y que se mantendrán vigentes regulaciones "estrictas" sobre el acceso y manejo de armamento.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, De la Espriella ha defendido su decisión apelando a los compromisos adquiridos durante la campaña electoral. "La palabra de un hombre es su honor y yo tengo honor. Por eso, cumplo mi palabra, y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas no hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse", ha explicado el mandatario.
El jefe del Estado ha subrayado que "el 99,9% de los delitos armados se cometen con armas "ilegales"" y ha insistido en que los controles seguirán siendo rigurosos. "Los requisitos para portar armas siguen siendo muy estrictos: las personas tienen que reunir las condiciones físicas psíquicas y emocionales, así como no tener antecedentes ni problemas", ha detallado, recalcando que no se relajan las exigencias para obtener estos permisos.
De la Espriella ha añadido que, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, las fuerzas de seguridad colombianas han decomisado 15.700 armas de fuego, de las que "14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos". Ha concretado, además, que 980 de esas armas están vinculadas a estructuras narcoparamilitares, con 551 asociadas al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros", ha precisado el presidente en otro mensaje en redes sociales, antes de asegurar que el objetivo del Gobierno es retirar todas las armas en manos de las organizaciones criminales en el país.