Las autoridades de Malasia han informado este martes de que el número de ciudadanos birmanos devueltos a su país desde enero supera ya los 10.000, en el marco de un programa oficial de retorno que, según el Gobierno, facilita el traslado “voluntario” de quienes lo pidan.
El primer ministro, Anwar Ibrahim, explicó que se trata de personas que habían llegado a territorio malasio escapando de la guerra civil que ha sumido a Birmania en una profunda crisis humanitaria y ha obligado a miles de personas a abandonar el país.
Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, Malasia ha acogido a unos 193.000 refugiados birmanos, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, una situación que ha generado controversia. El Ejecutivo ha advertido de las tensiones económicas ligadas a su presencia prolongada y de un deterioro de la seguridad.
Ante el Parlamento, Anwar confirmó que el plan de deportaciones continuará y detalló que en la última semana alrededor de 1.400 personas han sido enviadas de vuelta por mar en virtud de un acuerdo bilateral, una medida que ha provocado críticas de organizaciones de derechos humanos, que alertan de los riesgos que afrontan a su regreso, en particular los integrantes de la minoría rohingya.
La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR para la Protección, Edem Wosornu, recordó que Birmania sigue inmersa en el conflicto y en una grave emergencia humanitaria. “Nos preocupan estas devoluciones en un momento en el que las personas enviadas de vuelta a Birmania pueden enfrentarse a graves riesgos y algunas de ellas podrían necesitar protección internacional”, lamentó la semana pasada.
“Aunque las autoridades afirman que los retornos son voluntarios, las personas devueltas se encontraban bajo detención migratoria. Esto plantea serias dudas sobre si las decisiones de regresar fueron realmente libres e informadas. ACNUR no tuvo acceso a estas personas para poder evaluar su situación”, recalcó.
La agencia de la ONU considera igualmente imprescindible un “mayor apoyo regional e internacional par avanzar hacia una solución política a la crisis y poner fin al conflicto en Birmania”, al tiempo que insta a la comunidad internacional a “mantener su apoyo a los países de la región que acogen a personas refugiadas procedentes de Birmania”.