El líder de ERC, Oriol Junqueras, tiene una inhabilitación vigente hasta 2031, pero la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de Dolors Bassa abre un nuevo escenario para el dirigente republicano. La doctrina fijada sobre la aplicación de la amnistía a la malversación acerca la posibilidad de que esa pena deje de ejecutarse y, con ello, Junqueras pueda recuperar la capacidad de ejercer cargos públicos.
El calendario añade una consecuencia inmediata a esa discusión jurídica. España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre y, si la situación judicial de Junqueras cambia antes de que se cierren las candidaturas, podría modificarse también su situación electoral. El pronunciamiento del Constitucional, sin embargo, no permite afirmar todavía que el líder de ERC esté habilitado para concurrir a esos comicios.
La clave está ahora en las decisiones que adopte el Tribunal Supremo y, posteriormente, en lo que decida hacer ERC con sus listas electorales.
Qué impide ahora que sea candidato
El principal obstáculo es la pena de inhabilitación que Junqueras todavía tiene vigente. El dirigente de ERC fue condenado por el Tribunal Supremo en la causa del procés y, aunque fue indultado de la pena de prisión en 2021, aquella medida de gracia no eliminó la inhabilitación.
La situación cambió nuevamente con la aprobación de la Ley de Amnistía, pero el Supremo consideró que la malversación atribuida a los dirigentes del procés no podía beneficiarse de la norma en los términos planteados. Esa interpretación ha mantenido hasta ahora la inhabilitación de Junqueras.
La legislación electoral también resulta determinante. El artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece causas de inelegibilidad para condenados por determinados delitos, entre ellos los cometidos contra la Administración Pública, cuando la sentencia incluye las penas de inhabilitación contempladas en el propio precepto.
Por tanto, la cuestión no consiste únicamente en que Junqueras quiera presentarse o en que ERC decida incluirlo en una candidatura. Para poder hacerlo debe desaparecer previamente el impedimento jurídico derivado de su condena.
Qué cambia con la decisión del Constitucional
El movimiento que puede alterar esa situación procede ahora del Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías ha estimado el recurso presentado por Dolors Bassa frente a la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación, una decisión que trasciende el caso concreto de la exconsellera por la doctrina que establece sobre este delito.
Aunque el pronunciamiento no resuelve directamente la situación de Junqueras, sí afecta al criterio jurídico que había permitido mantener fuera de la amnistía la malversación del procés.
La aplicación de la amnistía permitiría poner fin a la ejecución de las penas correspondientes a los hechos amnistiados, pero ese efecto no se produce automáticamente para todos los dirigentes afectados por el mero pronunciamiento del Constitucional. La ley atribuye a los tribunales competentes la aplicación de la medida en cada procedimiento.
De ahí que el fallo abra la puerta a un cambio sustancial para Junqueras, pero todavía sea necesario que esa doctrina se traslade a su situación concreta.
Qué debe resolver ahora el Supremo
El siguiente paso corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá determinar las consecuencias de la doctrina fijada por el Constitucional sobre las condenas por malversación vinculadas al procés.
Está previsto que el Supremo tenga que actuar también respecto de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, cuyas situaciones se encuentran afectadas por la discusión sobre la aplicación de la amnistía a este delito.
En el caso del líder de ERC, la cuestión fundamental será qué ocurre con la pena de inhabilitación que continúa vigente hasta 2031. Si el Supremo aplica la amnistía a los hechos por los que fue condenado y deja sin efecto esa pena, desaparecería el principal obstáculo que actualmente condiciona su elegibilidad.
Hasta que exista esa resolución, sin embargo, no puede darse por recuperada su plena capacidad para concurrir a unas elecciones.
El calendario del 29N mete presión a los tiempos judiciales
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre convierte los tiempos del procedimiento en una cuestión especialmente relevante. Las candidaturas deben formalizarse durante el calendario electoral y quienes formen parte de ellas tienen que cumplir en ese momento las condiciones exigidas por la legislación.
La LOREG establece que la presentación de cada candidatura debe ir acompañada de la aceptación de sus integrantes y de los documentos que acrediten sus condiciones de elegibilidad. Por eso, no basta con que exista una expectativa de que la inhabilitación vaya a desaparecer: habrá que atender a la situación jurídica de Junqueras cuando llegue el momento de formalizar las listas.
El margen temporal entre la decisión del Constitucional y las elecciones convierte así las próximas resoluciones del Supremo en determinantes para despejar la incógnita.
Ser elegible no significa que vaya a ser candidato
Existe, además, una segunda cuestión distinta de la estrictamente judicial. Que Junqueras recupere la elegibilidad no significa automáticamente que vaya a presentarse a las elecciones generales del 29N.
La primera decisión corresponde a los tribunales: determinar si la amnistía pone fin a su inhabilitación. La segunda es estrictamente política y corresponde a ERC y al propio Junqueras, que tendrían que decidir su eventual incorporación a una candidatura y formalizarla dentro de los plazos establecidos.
Por tanto, hay dos incógnitas sucesivas. Primero debe resolverse si Junqueras vuelve a ser elegible y, solo después, si ERC decide presentarlo a las elecciones.
El dirigente republicano ha celebrado este martes el giro judicial en una declaración desde la sede de ERC. “Ahora vuelve la política”, ha afirmado Junqueras, en un momento en el que la decisión del Constitucional puede modificar no solo su situación judicial, sino también las opciones que tendrá abiertas ante las elecciones del 29 de noviembre.