Sánchez defiende la "legalidad intachable" del 'rescate' de Plus Ultra en medio del proceso judicial

La investigación penal sobre el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra se encuentra actualmente en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, dirigida por el juez José Luis Calama. El foco ya no está en la legalidad formal de la concesión de la ayuda (que fue archivada por un juzgado de Madrid), sino en el posible tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo en torno al uso de esos fondos y a las gestiones para obtenerlos. Los próximos pasos inmediatos son las declaraciones como investigados del presidente y el CEO de la aerolínea, fijadas para el 7 y 8 de septiembre, y la resolución de los recursos y peticiones de nulidad y medidas cautelares planteados por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. A más largo plazo, la instrucción culminará en un auto que decidirá si se abre juicio oral o se decreta el sobreseimiento.

De la investigación inicial al caso en la Audiencia Nacional

Según recogió elDiario.es, el rescate de 53 millones a Plus Ultra fue investigado “durante meses” por un juzgado de Madrid tras denuncias de PP, Vox y Manos Limpias, pero esa causa se archivó al no apreciarse indicios de delito ni en la ayuda ni en la actuación de la SEPI. Paralelamente, un juzgado madrileño abrió en 2025 diligencias por presunto blanqueo de capitales y uso irregular de parte de ese dinero, lo que dio lugar a la detención del presidente y el consejero delegado de la aerolínea, como recogió el periódico Demócrata en diciembre de 2025 (noticia sobre las detenciones).

En marzo de 2026, la Audiencia Nacional asumió la causa y la mantuvo bajo secreto, al considerar que se trataba de un asunto de especial relevancia económica e institucional, según informó Demócrata en esta crónica sobre la asunción del caso. A partir de ahí, el “caso Plus Ultra” se ha centrado en una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo en torno al rescate.

Situación actual: fase de instrucción y principales investigados

La causa está hoy claramente en fase de instrucción, como explica Demócrata en el perfil del magistrado: el juez Calama dirige el Juzgado Central de Instrucción que tramita el procedimiento, ha ordenado registros, analizado documentación financiera y “su función no consiste en dictar ahora una condena, sino en determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento y, llegado el momento, proponer la apertura de juicio o el archivo” (artículo sobre el juez Calama).

Entre los investigados figuran, según diversas informaciones de Demócrata:

• José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presunto blanqueo y como supuesto dirigente de una estructura de tráfico de influencias ligada al rescate (imputación de Zapatero, “quién es quién” del caso).
• Sus hijas y su secretaria, recientemente imputadas en la misma causa (imputación de hijas y secretaria).
• El empresario Julio Martínez Martínez, cercano a Zapatero, llamado a declarar como investigado el 21 de julio (citación de Martínez Martínez).
• El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, ya detenidos en 2025 y de nuevo citados ahora como investigados.

La propia UE ha señalado que el esquema español del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) estaba autorizado y que no examinó individualmente el caso Plus Ultra, al quedar por debajo de los umbrales de notificación, como recuerda Demócrata en su pieza sobre la posición de Bruselas.

Batalla procesal y recursos de nulidad

La defensa de Zapatero ha intentado frenar el procedimiento cuestionando la validez de las pruebas (dispositivos electrónicos, chats remitidos desde EE UU, etc.), y ha pedido la nulidad de la causa y la exclusión de las evidencias, como detallan varias piezas de Demócrata (petición de nulidad, alegaciones sobre dispositivos y efecto de las filtraciones).

Sin embargo, el juez Calama ha rechazado el incidente de nulidad por presentarse fuera de plazo, manteniendo íntegra la instrucción. Demócrata subraya que esta decisión “desactiva la estrategia” de Zapatero y abre una nueva fase de la investigación con la citación de los directivos de Plus Ultra (rechazo de la nulidad). Pese a ello, la defensa ha vuelto a recurrir (nuevo recurso de la defensa), por lo que siguen abiertos frentes procesales accesorios mientras la instrucción principal continúa.

Próximos pasos procesales previsibles

A corto plazo, las actuaciones ya acordadas son:

• Las declaraciones como investigados de Julio Martínez Sola y Roberto Roselli los días 7 y 8 de septiembre, respectivamente, para ratificar comunicaciones y contratos vinculados a la presunta mediación de Zapatero, según la providencia reproducida por Demócrata (citaciones de septiembre y el perfil ampliado en este análisis).
• La valoración por parte del juez de las medidas cautelares solicitadas por Anticorrupción tras la declaración de Zapatero (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas), recogidas en esta información sobre cautelares.
• La resolución de los recursos de nulidad y de las diligencias sobre filtraciones, que podrían afectar a la validez de parte de las pruebas, aunque el juez insiste en que siguen existiendo indicios suficientes para proseguir la investigación (análisis sobre filtraciones).

En paralelo, la Fiscalía General ha decidido congelar el expediente disciplinario abierto a dos fiscales mencionadas en conversaciones del caso hasta que exista sentencia o auto de sobreseimiento firmes, vinculando el resultado disciplinario a lo que se declare probado en la causa penal, según explica Demócrata en esta pieza sobre la Fiscalía.

A medio y largo plazo, una vez practicadas estas diligencias, Calama deberá decidir si concluye la instrucción y dicta un auto de apertura de juicio oral contra los investigados o un sobreseimiento total o parcial. Mientras tanto, la causa continúa en fase de instrucción, sin fecha fijada todavía para su cierre.

Por último, la dimensión política y europea del asunto sigue viva: el PP ha pedido a la Comisión Europea que investigue y audite el rescate mediante varias iniciativas (denuncia de Dolors Montserrat, petición tras la imputación de Zapatero y otras intervenciones como críticas sobre los informes de la SEPI, comparecencias en la comisión de investigación o peticiones de revisión del rescate), mientras la Audiencia Nacional mantiene incluso una pieza separada bajo secreto, como avanzó Demócrata en esta información sobre una nueva derivada.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el holding público que agrupa las principales participaciones empresariales del Estado y gestiona recursos públicos vinculados a esas sociedades. Su marco básico está en la Ley 5/1996, de creación de determinadas entidades de derecho público, modificada por el Real Decreto‑ley 15/1997 y por la Ley 20/2006, entre otras. La normativa fija que SEPI actúa bajo derecho privado, con patrimonio y endeudamiento propios, pero sometida a límites y controles presupuestarios y parlamentarios específicos. En materia de fondos públicos, la ley define tanto sus funciones financieras como las condiciones para recibir transferencias, endeudarse con garantía del Estado y someterse a control de Cortes Generales y Ministerio competente.

Naturaleza jurídica y adscripción

Según la Ley 5/1996, SEPI es una Sociedad Estatal del artículo 6.1.b) de la Ley General Presupuestaria. Está adscrita a un ministerio económico (originariamente Industria y Energía; hoy, tras sucesivas reformas, Hacienda y Función Pública), que ejerce el control de eficacia sobre su actividad.

La ley establece que:

• Actúa con carácter general bajo derecho privado civil, mercantil y laboral.
• En contratación se rige por derecho privado, pero con sujeción a principios de publicidad y concurrencia, sin aplicación directa de la ley general de contratos del sector público (según la redacción vista del art. 12.1).
• Tiene patrimonio propio, distinto del del Estado, formado por bienes, derechos, obligaciones y participaciones accionariales de las que es titular.

Objetivos y funciones como holding público

El artículo 10 de la Ley 5/1996, en la redacción consolidada consultada, asigna a SEPI estos objetivos generales (bajo dependencia y supervisión ministerial):

• Obtener mayor rentabilidad de las acciones y participaciones públicas que se le adjudican.
• Fijar criterios de gestión de esas participaciones coherentes con el interés público.
• Gestionar y amortizar la deuda generada por el antiguo INI.
• Ejecutar, en las empresas de las que sea titular, las directrices del Gobierno en modernización y reestructuración industrial y en la aplicación de regímenes especiales y derogaciones de normas de competencia de la UE (según el propio tenor del art. 10.2).

Las funciones concretas (art. 11) son, entre otras:

• Impulsar y coordinar las actividades de las sociedades de las que es titular.
• Fijar la estrategia y supervisar la planificación de las sociedades que controla, y hacer seguimiento de su ejecución, velando por el cumplimiento de objetivos.
• Realizar la tenencia, administración, adquisición y enajenación de sus acciones y participaciones.
• Realizar todo tipo de operaciones financieras pasivas (incluidas emisiones de obligaciones, bonos, pagarés, etc.) y garantizar operaciones de las participadas.
• Realizar, respecto de las participadas, operaciones financieras activas y pasivas.
• Asumir las demás funciones que le atribuya el Gobierno en materia de modernización del sector público empresarial.

Gestión de recursos y fondos públicos

En materia de medios financieros, la Ley 5/1996 (art. 12) distingue:

• Recursos propios de SEPI: productos y rentas de su patrimonio, ingresos por su actividad y recursos de operaciones financieras.
• Aportaciones presupuestarias: se prevé que pueda recibir aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, si bien el régimen de estas aportaciones y de las subvenciones ha sido endurecido por el Real Decreto‑ley 15/1997 y posteriormente reajustado por la Ley 20/2006 (no se dispone de más detalle literal de esta última en los extractos, pero sí de que modifica los apartados 3 y 4 del art. 12 y añade un apartado 7).

El Real Decreto‑ley 15/1997, de 5 de septiembre, que reordena el sector público industrial, refuerza la idea de que SEPI debe actuar como “inversor a largo plazo” sin apoyo presupuestario sistemático, preservando un fondo patrimonial mínimo y su capacidad financiera. En el texto se indica que los ingresos de los Presupuestos no pueden dedicarse “sistemáticamente a la cobertura de las pérdidas” de ciertas empresas públicas, y se introduce una regla de fondos propios mínimos y restricciones al recurso a subvenciones y avales públicos.

Endeudamiento, garantías del Estado y límites fijados en los Presupuestos

La Ley 5/1996, con sus modificaciones, habilita a SEPI a:

• Realizar todo tipo de operaciones financieras, incluyendo emisiones de valores negociables que se admiten de oficio a cotización en mercados (art. 14.1).
• Endeudarse con el límite neto que en cada ejercicio fijen los Presupuestos Generales del Estado (art. 14.2).
• Emitir deuda que puede gozar de garantía del Estado, hasta el importe máximo vivo que establezca la Ley de Presupuestos para cada ejercicio (art. 12.7).

Además, el propio artículo 12.6 reserva preferentemente los recursos que obtenga SEPI a atender los vencimientos de principal, intereses y otros gastos de la deuda histórica del INI.

Autorizaciones del Gobierno y control parlamentario

Determinadas operaciones de gestión de participaciones y fondos públicos requieren autorización previa del Gobierno (art. 12.5):

• Compra o venta de participaciones cuando la operación supere un determinado umbral cuantitativo.
• Adquisiciones significativas en sociedades cotizadas (más del 10 % del capital en 12 meses).
• Adquisición o pérdida de la participación mayoritaria en sociedades participadas.
• Operaciones que supongan la adquisición o venta de un 10 % o más del capital de una empresa deben comunicarse a las Cortes Generales.

El control parlamentario se refuerza en el artículo 16: el presidente de SEPI y de sus sociedades mayoritariamente participadas deben comparecer ante las comisiones del Congreso y del Senado cuando sean requeridos. Además, SEPI y sus empresas deben remitir a las Cortes la misma información y en los mismos plazos que las sociedades cotizadas envían a la CNMV, canalizada a través de la Oficina Presupuestaria.

Normativa principal de referencia

• Ley 5/1996, de creación de determinadas entidades de derecho público.
• Real Decreto‑ley 15/1997, que reestructura el sector público industrial y modifica el régimen de SEPI.
• Ley 20/2006, de modificación de la Ley 5/1996.
• Ley 22/2013 y Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado, que actualizan diversos aspectos de órganos y límites financieros de SEPI.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una de las figuras centrales del socialismo español en las últimas dos décadas. Según el perfil elaborado por el periódico Demócrata, fue un diputado poco conocido que dio la gran sorpresa al hacerse con la Secretaría General del PSOE en el año 2000, y presidió el Gobierno entre 2004 y 2011, impulsando algunas de las reformas sociales más profundas de la democracia española. Tras su salida de La Moncloa, se ha reconvertido en mediador internacional, consultor y referente político de Pedro Sánchez, pero también está hoy seriamente cuestionado por la investigación judicial del llamado caso Plus Ultra. Su trayectoria combina, por tanto, una etapa de fuerte impulso reformista en el Gobierno con una pospresidencia marcada por la diplomacia paralela y, recientemente, por la judicialización de sus actividades.

Antes de llegar a La Moncloa

Las piezas de Demócrata describen a Zapatero como nacido en 1960 en Valladolid y criado en León, donde se forja su identidad política y su vinculación con el PSOE. El artículo biográfico Quién es José Luis Rodríguez Zapatero subraya que llegó a la Secretaría General del PSOE en el año 2000 “como un diputado prácticamente desconocido para la mayoría de los españoles”.

Ese congreso federal de 2000 fue el punto de inflexión: tras la derrota de Joaquín Almunia frente a José María Aznar, el partido buscaba relevo y Zapatero se impuso por un margen muy estrecho a dirigentes consolidados como José Bono, Matilde Fernández o Rosa Díez. Su victoria fue interpretada como la apuesta por un líder joven y moderado, con un discurso centrado en el diálogo, la regeneración democrática y la ampliación de derechos civiles, como recuerda también la crónica de su investidura recuperada por Demócrata en el 20.º aniversario de aquel debate (revive el discurso presidencial y primer debate de investidura).

Las fuentes consultadas no detallan de forma sistemática sus cargos institucionales previos ni su trayectoria profesional fuera de la política antes de 2000; se limitan a situarlo ya como diputado socialista en el Congreso cuando da el salto a la dirección del partido.

Presidente del Gobierno (2004‑2011)

El perfil de Demócrata y la reconstrucción parlamentaria de su investidura destacan que, tras los atentados del 11‑M, el PSOE ganó las elecciones de marzo de 2004 con 164 escaños y Zapatero fue investido presidente con 43 años. En su discurso ante el Congreso, estructuró su proyecto en cinco ejes: renovación de la vida pública, política exterior, modernización económica, políticas sociales e igualdad y ampliación de derechos civiles, tal y como recoge el especial de memoria parlamentaria de Demócrata sobre aquel debate (discurso de investidura).

En su primer mandato se aprobaron algunas de las normas más simbólicas de la etapa democrática reciente: bajo su Gobierno se impulsó la Ley 13/2005 que reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, situando a España como el tercer país del mundo en garantizar ese derecho con plena igualdad, incluida la adopción, como recuerda Demócrata en un reportaje sobre la evolución de los derechos LGTBI+ (10 figuras LGTBI+). También se aprobaron la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Dependencia, y se materializó la retirada de las tropas españolas de Irak.

En el plano territorial, su etapa estuvo marcada por la reforma del Estatuto de Cataluña y por una concepción de España basada en el reconocimiento de la pluralidad territorial, tal y como se subraya en las crónicas parlamentarias del debate de investidura. La segunda legislatura quedó, sin embargo, profundamente condicionada por la crisis financiera internacional de 2008. Según el perfil de Demócrata, su Gobierno combinó inicialmente políticas de fuerte gasto público, como el Plan E, con posteriores ajustes y reformas exigidas desde Bruselas, lo que provocó un fuerte desgaste y una severa derrota del PSOE en 2011, cuando decidió no optar a un tercer mandato.

Pospresidencia, mediación internacional y asesoría

Tras dejar La Moncloa, Zapatero mantuvo unos años de perfil más bajo y fue construyendo una agenda internacional muy centrada en América Latina. Diversas piezas de Demócrata lo sitúan como intermediario clave con el régimen de Nicolás Maduro y con figuras como Delcy y Jorge Rodríguez, participando en procesos de diálogo y en excarcelaciones de presos políticos. El diario recoge, por ejemplo, su viaje a Caracas en 2026 para un foro sobre “paz y convivencia”, invitado por Delcy Rodríguez, donde se subraya que lleva una década implicado en negociaciones entre Gobierno y oposición en Venezuela (viaje a Caracas). Otra información del periódico Demócrata destaca el agradecimiento oficial del Gobierno venezolano por sus “valerosas gestiones” en un intercambio de presos con Estados Unidos (gestiones en intercambio de presos).

Al mismo tiempo, Zapatero ha desarrollado una intensa actividad como conferenciante y consultor internacional, con trabajos de asesoramiento estratégico y actividades académicas y geopolíticas. La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra detalla pagos vinculados a una consultora utilizada, según la UDEF, como vehículo de intermediación y menciona ingresos complementarios procedentes de conferencias y labores de mediación. En paralelo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en que Zapatero “no actúa en nombre ni por mandato del Gobierno de España, pero sí realiza una labor que el Ejecutivo reconoce y valora” en Venezuela, según declaró en rueda de prensa recogida por Demócrata (declaraciones de Albares).

En el plano interno, su influencia se ha proyectado como referente político en el PSOE de Pedro Sánchez, con presencia habitual en actos de partido y en campañas autonómicas y estatales. El PSOE resalta a menudo los avances sociales de sus mandatos y su papel en derechos civiles, memoria democrática e igualdad.

Reconocimientos y controversias recientes

En 2025, el Gobierno decidió concederle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las máximas distinciones civiles en el ámbito de la Justicia. El reconocimiento se formalizó mediante el Real Decreto 549/2025, publicado en el BOE, “en atención a los méritos y circunstancias que concurren” en el ex presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros (Real Decreto 549/2025).

En paralelo, su figura se ha visto envuelta en una creciente polémica. La Audiencia Nacional lo ha citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra, situándolo, según la reconstrucción que hace Demócrata, en el centro de una presunta red de influencias con ramificaciones en Venezuela y China. El propio PSOE ha salido públicamente a defender su presunción de inocencia y a reivindicar su legado político, mientras que la oposición, especialmente el PP y Vox, vincula su trayectoria reciente con un supuesto entramado de negocios internacionales.

Pese a la investigación, Zapatero mantiene una elevada presencia pública: presenta libros –como el volumen sobre sus discursos parlamentarios–, participa en actos del PSOE y en debates sobre paz y seguridad europeas, como muestran sus intervenciones recogidas por El País y su defensa de una Europa pacifista en la presentación de su libro “La solución pacífica” (defensa europea y paz). También sigue participando en actos del PSOE en campaña, como en 2026, donde reivindica políticas públicas e igualdad frente a la derecha, según recoge la web del partido (acto en Jaén).

En síntesis, la trayectoria de José Luis Rodríguez Zapatero se articula en tres grandes etapas: la del dirigente emergente que lidera la renovación del PSOE y llega a La Moncloa, la del presidente que se asocia a una profunda agenda de reformas sociales y a la gestión de una crisis económica sin precedentes, y la del expresidente que combina mediación internacional, consultoría y un papel de “hombre de confianza” de Sánchez, hoy bajo la lupa judicial por el caso Plus Ultra.