La crisis migratoria de Ceuta da un nuevo salto al escenario europeo. Iustitia Europa ha presentado este martes una denuncia formal ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea para reclamar una investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos y sobre la respuesta que, a su juicio, han ofrecido las instituciones comunitarias y varios Estados miembros tras los acontecimientos.
La iniciativa llega en un momento de máxima tensión política y diplomática, después de que Italia decidiera reforzar los controles sobre los viajeros procedentes de España y de que varios gobiernos europeos hayan reclamado explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis. En este contexto, Iustitia Europa considera que la Unión Europea está trasladando las consecuencias al país que, según sostiene, ha sufrido la agresión, en lugar de centrar el foco sobre Marruecos.
En el escrito remitido a las instituciones comunitarias, la formación sostiene que la entrada de cerca de 70.000 personas desde territorio marroquí no puede interpretarse como un fenómeno migratorio espontáneo, sino como una actuación de extraordinaria gravedad que afectó a la soberanía nacional, a la seguridad del Estado y a una de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
En contra de la posición de Italia
La denuncia recuerda además que la Audiencia Nacional ya ha incoado diligencias previas tras la denuncia presentada por el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, para investigar si los hechos pudieron responder a una actuación organizada o dirigida por una organización criminal. A juicio del partido, la existencia de esa investigación judicial refuerza la necesidad de que las instituciones europeas analicen también lo sucedido.
Uno de los principales reproches de la formación se dirige contra la reacción de algunos socios comunitarios. Iustitia Europa considera "incomprensible" que, mientras la Justicia española investiga unos hechos que considera de especial gravedad, determinados Estados miembros hayan optado por imponer restricciones o reforzar controles sobre España, en lugar de exigir responsabilidades al Reino de Marruecos.
En este sentido, la organización sostiene que esa respuesta resulta incompatible con los principios de solidaridad, cooperación leal y defensa de las fronteras exteriores que inspiran el proyecto comunitario. A su juicio, si la frontera afectada es una frontera de la Unión Europea, la respuesta también debería ser común y orientarse a esclarecer el origen de los hechos.
¿Qué pasa con el Estado agredido?
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, afirma que "no aceptamos que la Unión Europea guarde silencio frente al agresor mientras señala al Estado agredido". En su opinión, si la Audiencia Nacional considera que existen elementos suficientes para investigar lo ocurrido, "las instituciones europeas tienen la obligación política y moral de investigar también qué ocurrió, quién lo permitió y por qué algunos gobiernos decidieron castigar a España en lugar de exigir responsabilidades a Marruecos".
Pardo defiende además, que la protección de la soberanía nacional debe situarse por encima de las diferencias ideológicas y partidistas. "Defendemos un patriotismo por encima de ideologías y de partidos, transversal, que sitúe la defensa de España por encima de cualquier interés partidista o supranacional. Ninguna institución tiene sentido si no protege antes a las naciones y a los ciudadanos que la sustentan", señala.
Investigar a Marruecos
En su denuncia, Iustitia Europa sostiene que España no puede convertirse en el único Estado que soporte las consecuencias de una actuación ejecutada desde territorio extranjero mientras, según afirma, se evita analizar el origen de los hechos. Por ello, solicita formalmente a las instituciones europeas la apertura de una investigación que abarque tanto la actuación de Marruecos como la respuesta ofrecida por los Estados miembros y por los propios órganos de la Unión Europea.
La formación concluye que la crisis de Ceuta ha dejado de ser un asunto exclusivamente español para convertirse en un desafío que afecta directamente a la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión. En consecuencia, reclama que Bruselas esclarezca lo sucedido, depure las responsabilidades que puedan derivarse de la investigación y adopte las medidas necesarias para impedir que una situación similar vuelva a repetirse en territorio europeo.