El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Audiencia Nacional que deje fuera de la investigación del 'caso Plus Ultra' las presuntas gestiones que el juez le atribuye en Bolivia para, supuestamente, favorecer a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros.
Mediante un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, el exlíder socialista se dirige a la Sala de lo Penal para pedir la “extracción” del informe de la Policía Nacional que recoge esas supuestas actuaciones, al entender que se refiere “a hechos ajenos” a la causa y que “no derivar directamente de la documentación incorporada”.
La defensa de Zapatero —investigado en la causa como presunto dirigente de una red de tráfico de influencias— sostiene que el informe policial y los datos que examina “trazan una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica”.
Según denuncia la representación legal del expresidente, ello se habría hecho “sin que el juez instructor hubiera habilitado el acceso y tratamiento de esa información que afecta al derecho fundamental, previo juicio de ponderación y dictado de resolución motivada”.
“En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero”, afirma el escrito.
Por este motivo, la defensa solicita que se aparte del procedimiento el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) relativo a lo que describe como “actividad de asesoramiento”.
En esa línea, insiste en que dicho informe “viene de una investigación general sobre Rodríguez Zapatero no autorizada judicialmente, vulnerando su derecho a la intimidad, y consolida una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía 'ex ante' sospecha alguna”.
Críticas al juez instructor y al alcance de la investigación
Bajo el epígrafe “PATENTE DE CORSO”, la defensa reprocha lo que considera una “patente de corso” otorgada por el magistrado instructor, José Luis Calama, para que las pesquisas “se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”.
De acuerdo con el informe de la UDEF, el expresidente habría percibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como “contraprestación económica” por interceder ante el Gobierno de Bolivia con el fin de “beneficiar los intereses” del Grupo Gloria, una compañía peruana con procedimientos judiciales abiertos en ese país.
La unidad policial detalla que el pago se habría canalizado mediante “un contrato simulado con una sociedad interpuesta”, denominada Focus Social Research, por la “prestación de servicios de asesoría”, y sostiene que el exdirigente habría realizado gestiones para facilitar una reunión de directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.
El informe destaca igualmente que esa sociedad “únicamente aparece en dos momentos, para la firma del contrato y para el abono de las facturas, no habiendo referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de esta sociedad”.
Además, los agentes señalan que Zapatero “se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia” como el entonces presidente Luis Arce o “los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado”, concretando encuentros presenciales durante un viaje que realizó a las ciudades de La Paz y Sucre en septiembre de 2024.
Según la UDEF, el propósito de esas gestiones habría sido tratar de mediar o influir a favor del Grupo Gloria en varios litigios millonarios que mantenía con la Administración Pública boliviana.
Para los investigadores, estos elementos “apuntalan” los indicios sobre “la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”.
Asimismo, consideran que existen nuevos elementos que indicarían que “el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos 'ad hoc' para justificar dichos pagos”.