Avisos de la AEMET hoy: dónde y a qué hora habrá tormentas, granizo y fuertes rachas este jueves 20 de agosto

AEMET establece y actualiza los avisos meteorológicos oficiales dentro del Plan Meteoalerta, que regula en España la vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos. El proceso combina redes de observación, modelos numéricos, umbrales fijados por zonas y una coordinación estrecha con Protección Civil estatal y autonómica para que la información sirva de base a las decisiones de emergencia, pero sin sustituirlas.

En primer lugar, la emisión de avisos se apoya en el Sistema Nacional de Predicción de AEMET. Según el informe remitido por la agencia a la jueza que investiga la DANA de octubre de 2024, la organización interna de AEMET para avisos incluye: la predicción meteorológica operativa, la fijación de umbrales en Meteoalerta y la comunicación de esos avisos por distintos canales oficiales a Protección Civil y al público general (boletines, web, redes sociales y medios de comunicación).

Para alimentar ese sistema, AEMET integra múltiples fuentes de datos: redes de estaciones meteorológicas propias, redes hidrológicas y otras redes abiertas; radares meteorológicos (como el radar de Cullera citado en el informe sobre la DANA); radiosondeos (globos con sondas dos veces al día que miden temperatura, viento y humedad en la troposfera, descritos por el delegado de AEMET en Cantabria); imágenes de satélite y modelos numéricos de predicción. Incluso puede apoyarse en redes externas como la de AVAMET, cuyos datos se usaron en tiempo real y en el análisis posterior del episodio del 29-O en Valencia.

Con esa información, AEMET valora si un fenómeno entra en la categoría de fenómeno meteorológico adverso (FMA). Diversos documentos oficiales —incluidos convenios colectivos publicados en el BOE que remiten expresamente a la definición de AEMET— recogen que la agencia establece umbrales específicos por fenómeno (lluvias intensas, nevadas, viento, fenómenos costeros, temperaturas extremas, etc.) y por zona. El delegado de Cantabria explica que la zonificación responde a criterios climáticos: por ejemplo, el umbral para avisos de heladas o de nieve en la costa es mucho más bajo que en zonas de interior habituadas al frío, porque la misma intensidad tiene impactos distintos según la vulnerabilidad local.

A partir de esos umbrales, Meteoalerta define los niveles de aviso que se ven en los mapas oficiales de AEMET, ampliamente descritos en normas laborales y en la prensa especializada:

• Amarillo: riesgo meteorológico bajo en general, pero con posibilidad de incidencias en actividades concretas o colectivos vulnerables.
• Naranja: riesgo meteorológico importante; el fenómeno previsto puede causar daños y requiere medidas de prevención más estrictas.
• Rojo: riesgo meteorológico extremo; es el nivel máximo y se reserva para situaciones excepcionales con potencial de graves daños, como lluvias torrenciales o calor extremo. Los datos de AEMET sobre 2024 muestran que estos avisos son muy poco frecuentes.

En la práctica, los predictores de AEMET deciden activar, ampliar o cancelar avisos combinando tres factores, tal como resume un artículo explicativo del periódico Demócrata: la intensidad prevista del fenómeno, su probabilidad de ocurrencia, su duración y la vulnerabilidad de cada zona. Por ello, un mismo episodio atmosférico puede traducirse en diferentes niveles según la provincia o comarca. El informe sobre la DANA del 29 de octubre de 2024 detalla, por ejemplo, la cronología diaria de predicciones, la emisión del aviso rojo, su prolongación y las sucesivas actualizaciones conforme cambiaban los datos observados.

Una vez decidido el nivel, AEMET emite boletines de avisos que se distribuyen a los servicios de Protección Civil (como los 112 autonómicos) y se publican en el mapa Meteoalerta. El informe remitido al juzgado indica que esos avisos se complementan con llamadas telefónicas directas a los centros de emergencias, participación en comités (Cecopi u órganos equivalentes) y presencia en medios y redes sociales para explicar la situación. En la DANA de Valencia, AEMET documenta las llamadas a Protección Civil para comunicar la prolongación del aviso rojo y la evolución de las tormentas.

En episodios graves se activa el CECOPI u otros comités de protección civil. Una nota de Emergencias sobre la misma DANA subraya que, una vez activado el Cecopi, la información de AEMET pasa a tener carácter “prioritario y oficial”: las decisiones operativas y la evaluación continua de la emergencia se apoyan fundamentalmente en sus informes, avisos y actualizaciones, lo que garantiza una respuesta coordinada entre organismos. Convenios como el firmado con Illes Balears recogen expresamente que AEMET suministra predicciones específicas orientadas a Protección Civil, y las notas del Govern balear muestran cómo sus planes (METEOBAL u otros) se reúnen y se actualizan “junto con AEMET”, siguiendo los avisos que la agencia va emitiendo.

Finalmente, es clave diferenciar el aviso meteorológico de AEMET de las alertas al móvil (ES-Alert). Los análisis publicados por Demócrata recuerdan que AEMET se limita a proporcionar la información técnica (avisos amarillos, naranjas o rojos), mientras que la decisión de enviar un mensaje de emergencia a los teléfonos de la población corresponde a las autoridades de Protección Civil competentes, que valoran el riesgo inminente y las medidas a adoptar. Es perfectamente posible tener un aviso rojo sin mensaje al móvil, o un ES-Alert activado cuando el fenómeno ya está en curso.

En resumen, los avisos de AEMET son el resultado de un proceso técnico reglado: observación intensiva, modelización, umbrales adaptados a cada zona, decisión experta y comunicación multicanal; y se integran en una cadena de decisión compartida con Protección Civil, que es quien adopta las medidas de protección a la población.

Las competencias y funciones legales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en materia de predicción y alerta meteorológica se regulan, principalmente, por el Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba su Estatuto, y por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Ambas normas encajan a AEMET como servicio meteorológico nacional y como pieza del sistema de alertas de protección civil.

Marco jurídico básico de AEMET

El Real Decreto 186/2008 crea AEMET y aprueba su Estatuto, configurándola como organismo público responsable de la ejecución de la política meteorológica y climatológica del Estado. El preámbulo y el capítulo I precisan que AEMET ostenta la condición de autoridad meteorológica del Estado y autoridad meteorológica aeronáutica, asumiendo las funciones antes atribuidas al antiguo Instituto Nacional de Meteorología.

En el artículo relativo a su objeto y funciones, el Estatuto establece que, para la adecuada prestación de los servicios meteorológicos y climatológicos y el apoyo a las políticas públicas, corresponde a la Agencia el ejercicio de un conjunto de competencias entre las que destacan, para predicción y alerta, las letras a), b), f), g) y h) del catálogo funcional.

Funciones de predicción y emisión de avisos

El Estatuto de AEMET define como función esencial:

• «La elaboración, el suministro y la difusión de las informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos en todo el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales.»

Esta previsión convierte a AEMET en el proveedor público de referencia de la predicción meteorológica general y, en particular, de los avisos por fenómenos meteorológicos adversos que sirven de base a la actuación de protección civil, de los servicios de emergencia y de otros operadores públicos y privados.

Asimismo, el Estatuto le atribuye:

• La provisión de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea y marítima, para garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito aéreo y la seguridad del tráfico marítimo.
• El mantenimiento de una vigilancia continua de las condiciones meteorológicas y climáticas sobre el territorio nacional, lo que incluye la detección y seguimiento de situaciones de riesgo.
• El establecimiento, desarrollo, gestión y mantenimiento de redes de observación y sistemas técnicos necesarios para la observación, predicción y difusión de información meteorológica.
• El mantenimiento y actualización del registro histórico de datos meteorológicos y climatológicos, que sustenta los estudios de riesgo y los mapas de peligrosidad utilizados en protección civil.

Relación con el Sistema Nacional de Protección Civil

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece la arquitectura general de alertas y respuesta ante emergencias. En su Título relativo a la anticipación y prevención, la ley subraya el papel de los sistemas de información y predicción para identificar riesgos y activar mecanismos de respuesta.

En concreto, la ley crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes, gestionado por el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. El artículo correspondiente dispone que:

• Todos los organismos de las Administraciones Públicas que puedan contribuir a la detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para personas y bienes deben comunicar de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento cualquier situación que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil.

En este esquema, AEMET actúa como el organismo especializado del Estado que genera la información de base (predicciones y avisos por fenómenos meteorológicos adversos), mientras que el Ministerio del Interior canaliza esos avisos a través de la Red de Alerta Nacional hacia las autoridades de protección civil y la ciudadanía.

Cooperación interadministrativa y apoyo sectorial

El Estatuto de AEMET prevé expresamente un marco de colaboración con comunidades autónomas y entes locales, permitiendo foros de coordinación con servicios meteorológicos autonómicos y el despliegue de sus servicios en todo el territorio según criterios de eficiencia. Esta cooperación es clave para la coherencia de los mapas de aviso y de los planes especiales de protección civil por inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales u otros riesgos, a los que la Ley 17/2015 otorga rango de Planes Especiales.

AEMET tiene también la función de asesoramiento a las Administraciones Públicas en materia de variabilidad y cambio climático y en políticas medioambientales, lo que repercute en la planificación de medidas preventivas y de adaptación frente a riesgos meteorológicos y climáticos.

Síntesis

En suma, las competencias legales de AEMET en predicción y alerta se centran en: elaborar y difundir predicciones de interés general, emitir avisos de fenómenos adversos que afecten a la seguridad de personas y bienes, mantener la vigilancia y las redes de observación, proporcionar información especializada a sectores clave (navegación aérea y marítima, defensa, protección civil) y alimentar, con esa información, el funcionamiento de la Red de Alerta Nacional y de los planes de protección civil definidos por la Ley 17/2015.

En el ámbito español, una autoridad municipal (normalmente la Alcaldía o el concejal con delegación en seguridad/protección civil/educación) puede ordenar el cierre preventivo de instalaciones públicas ante alertas meteorológicas, pero debe hacerlo ajustándose a sus competencias legales, a los planes de protección civil y a los principios generales del Derecho administrativo.

1. Marco competencial general

La competencia se fundamenta, de forma resumida, en:

• Las facultades de la Alcaldía como máxima autoridad municipal en materias de seguridad, orden público local y protección civil, derivadas del régimen local.
• Las competencias municipales sobre servicios y equipamientos públicos (colegios de titularidad municipal, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, etc.), que incluyen su organización, horarios y condiciones de uso.
• Las obligaciones de los municipios en materia de protección civil y gestión de emergencias, que les permiten adoptar medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las personas y los bienes.

Sobre esta base, el cierre preventivo es una medida de gestión y protección cuando exista un riesgo relevante para la seguridad derivado de fenómenos meteorológicos adversos.

2. Activación de planes y declaración de emergencia

No siempre es imprescindible que exista una declaración formal de emergencia autonómica o estatal, pero sí es recomendable que la decisión se vincule al marco de protección civil:

• Si está activado el Plan Territorial Municipal de Emergencias o un plan específico (por ejemplo, frente a inundaciones, nevadas o calor extremo), el cierre puede adoptarse como medida prevista en dicho plan.
• Muchos municipios actúan cuando la agencia meteorológica competente (normalmente AEMET) emite avisos de nivel naranja o rojo por lluvias, viento, nieve o temperaturas extremas, integrando esos avisos en su propia planificación.
• En episodios graves, la activación de planes autonómicos o estatales de protección civil refuerza la justificación del cierre y puede implicar instrucciones o recomendaciones que el municipio debe seguir.

3. Informes técnicos y coordinación interadministrativa

Aunque la Alcaldía puede actuar de forma urgente, es muy conveniente, y en la práctica casi imprescindible, disponer de:

• Informes técnicos de servicios municipales (protección civil local, policía, servicios de mantenimiento, servicios de prevención de riesgos laborales, etc.) que acrediten el riesgo: caída de ramas o elementos de fachada, inundabilidad de accesos, imposibilidad de garantizar climatización adecuada, riesgo de resbalones, etc.
• Coordinación con la comunidad autónoma cuando se trata de servicios compartidos o competencias concurrentes (por ejemplo, centros educativos donde la programación lectiva depende de la consejería autonómica). En estos casos suele haber protocolos para el cierre de centros escolares según niveles de alerta.
• Comunicación con la Delegación/Subdelegación del Gobierno cuando la situación pueda afectar a la seguridad ciudadana en sentido amplio o se estén aplicando planes estatales de protección civil, aunque la decisión concreta de cerrar instalaciones municipales siga correspondiendo al Ayuntamiento.

4. Principios y límites de la decisión

La medida debe respetar los principios del Derecho administrativo:

• Proporcionalidad: el cierre debe ser adecuado al nivel de riesgo. No es lo mismo un aviso amarillo que un aviso rojo con riesgo grave para la población. Puede bastar con limitar horarios o actividades, en lugar de cerrar completamente.
• Motivación: la resolución (decreto de Alcaldía o acuerdo del órgano competente) debe exponer las razones, citando los avisos meteorológicos, informes técnicos y, en su caso, la activación de planes de protección civil.
• Temporalidad: el cierre debe fijarse por un plazo determinado o hasta que cese la causa que lo justifica (por ejemplo, “durante la vigencia del aviso rojo” o “hasta nueva valoración técnica”), evitando medidas indefinidas.
• Publicidad y comunicación: es esencial informar de forma clara y accesible a la ciudadanía y a los usuarios (páginas web, redes sociales, bandos, comunicaciones directas a centros escolares, clubes deportivos, etc.), indicando alcance, fechas y servicios alternativos si los hay.
• No discriminación y coherencia: deben aplicarse criterios homogéneos para instalaciones similares, salvo que existan razones objetivas (estado de un edificio concreto, ubicación en zona inundable, etc.).

5. Cierre total, parcial y restricciones de uso

La autoridad municipal puede graduar la medida:

• Cierre total: se justifica cuando el riesgo afecta al conjunto del edificio o recinto (por ejemplo, acceso impracticable o estructura comprometida) o cuando no es posible garantizar condiciones mínimas de seguridad a ningún usuario.
• Cierre parcial: puede limitarse a determinadas dependencias (pistas exteriores, patios, zonas ajardinadas, pabellones con cubiertas en mal estado) manteniendo otras áreas seguras abiertas, con señalización y control adecuados.
• Restricción de uso: en vez de cerrar, puede prohibirse o limitarse la realización de ciertas actividades de riesgo (eventos multitudinarios, deportes al aire libre, actividades en horario de máxima insolación en olas de calor, etc.).

En cualquier caso, la clave es que la decisión esté apoyada en criterios técnicos, documentada y comunicada, y que se revise tan pronto como evolucionen las condiciones meteorológicas o los informes de protección civil.