La inflación ya no es el único problema, en los últimos años también la geopolítica está teniendo un importante impacto en el sector sanitario.
A las secuelas económicas de la pandemia, se han sumado la crisis energética, las tensiones comerciales, las amenazas arancelarias y los conflictos geopolíticos, que han alterado profundamente el comercio internacional introduciendo una inestabilidad y volatilidad de los mercados que suponen un riesgo muy importante para las empresas sanitarias.
La desindexación de los contratos públicos fue una medida impuesta por la Comisión Europea a España en el año 2015 cuando nuestro país se encontraba al borde del rescate y la intervención por parte de las instituciones comunitarias, en un momento en el que había deflación o inflación mínima.
Pero la situación económica actual de nuestro país no es la que llevó a tomar esta decisión, con unas tasas de crecimiento del PIB por encima de las principales economías continentales y con la inflación muy elevada.
Este nuevo escenario requiere dar seguridad jurídica y viabilidad a un sector como el de Tecnología Sanitaria, para que pueda competir y ser viable haciendo realidad su propósito: llevar la mejor tecnología a los pacientes para que tengan la máxima salud y calidad de vida.
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) solicita la indexación de los contratos públicos al IPC. Es decir, recuperar los mecanismos que permitan actualizar las condiciones de los contratos a la evolución de los costes cuando esta haga imposible mantener el equilibrio económico con el que fueron adjudicados.
“España constituye una excepción dentro de Europa por la ausencia de indexación, al impedir la revisión general de los contratos públicos mediante IPC y exigir fórmulas basadas en índices específicos, mientras que la mayoría de países europeos mantienen mecanismos de actualización de precios más flexibles y operativos. Debemos habilitar mecanismos que garanticen que los contratos sigan siendo viables en un entorno económico completamente distinto al existente cuando se licitaron y que no se vea amenazado el acceso a bienes esenciales para la mejor salud y bienestar de la población”, explican desde el sector.
Cuando un contrato deja de ser sostenible
La tecnología sanitaria constituye uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud. Equipos de resonancia magnética, ecógrafos, prótesis, material quirúrgico, sistemas de monitorización o dispositivos de diagnóstico forman parte de un sector altamente innovador que requiere inversiones continuas y estabilidad industrial.
Sin embargo, cuando las empresas deben asumir durante años incrementos extraordinarios de costes sin posibilidad de actualizar los contratos, la rentabilidad desaparece. De hecho, una de cada cinco empresas del sector presenta resultados negativos.
Nuestro sistema sanitario necesita una industria sanitaria competitiva y que pueda seguir invirtiendo en mejorar sus productos y servicios. A medio plazo, advierte el sector, el principal perjudicado puede terminar siendo el propio sistema sanitario, que tendría más dificultades para acceder a las tecnologías más innovadoras, que son clave para obtener diagnósticos y tratamientos más precisos y, por ende, una atención sanitaria más eficiente.
También nuestra economía podría resultar penalizada debido a que se podrían dar situaciones de pérdida de empleo y reducción de las inversiones de un sector de alto valor añadido.
La reforma del año 2023 no ha funcionado
El Gobierno introdujo una modificación mediante la Ley 11/2023, que, en teoría, debería permitir la revisión de precios en determinados contratos públicos de suministro y servicios.
La reforma fue recibida positivamente por la industria pero, dos años después, continúa sin producir efectos prácticos. El motivo es que la norma vincula la actualización de precios a determinados indicadores oficiales sobre materias primas que, en muchos casos, no existen o no resultan aplicables a los productos sanitarios.
En consecuencia, la indexación prevista por la ley se ha convertido en un mecanismo imposible de utilizar. Desde Fenin consideran que esta situación obliga a replantear el sistema y recuperar el modelo existente antes de 2015, basado en la evolución del IPC.
Una cuestión de competitividad
Para Pablo Crespo, secretario general de Fenin, la discusión trasciende el ámbito estrictamente contractual y afecta directamente a la capacidad competitiva del sector.
“La transformación de nuestro sistema sanitario para ser más eficiente y aportar más calidad a la atención sanitaria pasa por hacer alianzas estratégicas con las empresas de tecnología sanitaria para poder mejorar los procesos clínicos a través de las nuevas tecnologías. Para ello debemos garantizar la viabilidad de los contratos públicos plurianuales y hacerlos viables a medio plazo. La nueva coyuntura geopolítica requiere de un entorno de mayor certidumbre contractual para las empresas del sector de tecnología sanitaria”, explicó recientemente en declaraciones a Demócrata.
A su juicio, los acontecimientos de los últimos años ilustran perfectamente esa volatilidad. “Hemos tenido pandemias, Filomena, las guerras de Ucrania y ahora el conflicto en Oriente Medio, un cambio en la política arancelaria... Toda esta situación hace que la economía sea mucho más inestable e impredecible. En los últimos cinco años el IPC acumulado ha superado el 20% y, cuando los contratos no pueden actualizarse conforme evolucionan los costes, se resiente la competitividad de las empresas y también su capacidad para traer la tecnología de mayor calidad a nuestro país”, afirma.
Para Crespo, abordar este problema constituye una prioridad estratégica. “Son retos que necesitamos afrontar como sistema si queremos seguir garantizando que nuestro sector pueda aportar la tecnología de mayor calidad a los pacientes, que es precisamente nuestro propósito”, recalca.
Mucho más que una reivindicación empresarial
La posición de Fenin parte de una premisa: la indexación es una medida estructural y estratégica para el sistema sanitario público que debe preservar el equilibrio económico-financiero de contratos que, en muchos casos, tienen una duración de varios años.
En otras palabras, se trata de evitar que circunstancias extraordinarias e imprevisibles hagan inviables contratos cuya ejecución resulta esencial para el funcionamiento del sistema sanitario.
Además, la organización considera que recuperar la indexación favorecería una mayor concurrencia y competencia en las licitaciones públicas y reforzaría la seguridad jurídica tanto para las administraciones como para los proveedores.
Esta filosofía ya aparece recogida en la Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria, elaborada por Fenin junto a expertos en contratación pública, donde se recomienda incorporar cláusulas de revisión de precios que permitan mantener el equilibrio económico durante toda la vigencia de los contratos.
El factor geopolítico acelera el debate
La discusión adquiere una dimensión aún mayor en el contexto internacional actual: las amenazas de nuevas políticas arancelarias, la creciente rivalidad comercial entre grandes bloques económicos y los conflictos armados han incrementado la incertidumbre sobre las cadenas globales de suministro.
Para un sector intensivo en inversión en I+D, en talento y en tecnología y altamente dependiente de componentes electrónicos, materias primas y logística internacional, cualquier alteración puede traducirse rápidamente en nuevos incrementos de costes.
Precisamente por ello, Fenin ha trasladado esta necesidad de recuperar la indexación de los contratos públicos de tecnología sanitaria y de la prestación farmacéutica y ortoprotésica tanto al Gobierno como a las instituciones europeas.
Asimismo, esta reivindicación también ha estado presente en los encuentros mantenidos durante 2025 y 2026 con diferentes gobiernos autonómicos. En fechas recientes, Fenin ha pedido que se aproveche la próxima tramitación en el Congreso del proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios para incorporar la indexación de los contratos en el articulado de este texto.
Un debate sobre el modelo de contratación pública
Más allá de la coyuntura económica, la discusión refleja una cuestión de fondo: si el actual modelo de contratación pública está preparado para responder a un mundo cada vez más incierto.
La experiencia de los últimos años demuestra que las crisis sanitarias, energéticas o geopolíticas pueden alterar profundamente los costes de producción en muy poco tiempo. Mantener contratos completamente rígidos durante varios años puede comprometer su ejecución y limitar la capacidad del sistema sanitario para incorporar innovación.
En este contexto, la indexación deja de ser una cuestión exclusivamente económica para convertirse en una herramienta de política industrial y sanitaria. El objetivo, sostienen desde Fenin, no es otro que preservar un ecosistema competitivo capaz de suministrar a hospitales y profesionales las mejores tecnologías disponibles y garantizar que los pacientes sigan beneficiándose de la innovación en un entorno internacional cada vez más complejo.