La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha arremetido contra el nuevo Real Decreto ley de vivienda al considerar que “penalice” a quienes sacan sus inmuebles al mercado. La entidad advierte de que el endurecimiento de las condiciones, las nuevas prórrogas y los topes al alquiler pueden contraer todavía más la oferta y elevar la inseguridad jurídica en plena crisis residencial.
En particular, Asval reprocha que la norma extienda de 2028 a 2030 la limitación a ciertas adquisiciones de vivienda y que esta se aplique a personas jurídicas con más de diez inmuebles, o cinco en zonas tensionadas, sin diferenciar entre fondos de inversión, pymes o sociedades de carácter familiar.
Según la asociación, de este modo se equipara al “gran tenedor” con el perfil del especulador únicamente por el volumen de viviendas en propiedad. Del mismo modo, cuestiona el refuerzo del derecho de adquisición preferente del inquilino, que pasa a ser irrenunciable.
Tal y como detalla Asval, un propietario que pretenda vender una vivienda actualmente arrendada, incluso a un hijo, pareja u otro familiar, estará obligado a ofrecérsela antes al inquilino en idénticas condiciones.
La organización alerta igualmente de que, en ciertos procedimientos de desahucio por impago, cuando el arrendatario se halle en situación de vulnerabilidad, si la Administración no proporciona una alternativa habitacional ni abona la renta al propietario una vez transcurridos dos meses, este tampoco podrá recuperar la vivienda y el contrato seguirá en vigor mientras persista dicha vulnerabilidad.
Asval rechaza además la prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler y el límite del 2% a las actualizaciones de la renta cuando no exista acuerdo entre las partes ni resulte de aplicación un tope inferior.
En áreas declaradas tensionadas, subraya que la prórroga puede llegar hasta los tres años. Asimismo, critica que el arrendador deba asumir nuevos costes y restricciones sin recibir compensación alguna.
En otro frente, la asociación denuncia la modificación de la fiscalidad del alquiler, ya que entiende que la nueva escala de reducción en el IRPF castiga a quienes ajusten las rentas a los precios de mercado.
También rechaza el recargo del IBI de hasta el 50% para viviendas vacías, que podría elevarse hasta el 100% en el caso de titulares con cuatro o más inmuebles.
Asval sostiene que este paquete de medidas choca con el déficit residencial de 750.000 viviendas que, según reconoce el propio decreto, arrastra España. Por ello, reclama incrementar la promoción de vivienda, activar suelo, atraer inversión privada y reforzar la colaboración público-privada en lugar de seguir acumulando trabas sobre los propietarios.