La llamada de la Comunidad de Madrid a boicotear el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha fracasado. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no participará en la reunión convocada este viernes por Hacienda, pero ninguna de las demás comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha secundado el plantón.
El Ejecutivo madrileño pretendía que la ausencia conjunta de los territorios populares impidiera alcanzar el quórum necesario para constituir el Consejo y, de esta manera, bloquear la votación del nuevo modelo de financiación autonómica. Sin embargo, las demás comunidades del PP han optado por acudir a la reunión, defender sus posiciones y votar en contra de la propuesta.
La decisión deja a Madrid sola en una estrategia que no ha recibido el respaldo de la dirección nacional del PP ni de sus principales presidentes autonómicos, pese al rechazo generalizado que suscita el modelo planteado por el Gobierno.
Madrid necesitaba un plante masivo del PP
El reglamento interno del Consejo de Política Fiscal y Financiera establece que para la válida constitución del órgano es necesaria la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros. Por tanto, la ausencia exclusiva de Madrid no impide celebrar la reunión ni someter la propuesta a votación.
La iniciativa de Ayuso únicamente habría prosperado si la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP hubiera aceptado dejar sus asientos vacíos. Madrid defendió que esa era "la única manera" de impedir que el acuerdo pudiera materializarse en el Consejo y sostuvo que el nuevo sistema supone una "ruptura de la igualdad de todos los españoles".
No obstante, gobiernos autonómicos como los de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares o La Rioja mantienen su intención de asistir. Algunas comunidades reconocieron, además, que el anuncio madrileño las había sorprendido.
Las comunidades del PP prefieren votar en contra
La falta de respaldo al boicot no implica que las comunidades populares apoyen la propuesta de Hacienda. Al contrario, la mayoría ha anunciado su voto en contra porque considera que el modelo se negoció previamente con Cataluña y no responde a un acuerdo multilateral entre todos los territorios.
La diferencia es estratégica. Los gobiernos autonómicos del PP prefieren acudir al Consejo, presentar sus cálculos y dejar constancia formal de su rechazo. Su presencia permitirá también exhibir que el modelo sale del CPFF pese a contar con la oposición de la mayoría de las comunidades.
Ausentarse supondría, además, renunciar a participar en un debate que afecta directamente al reparto de los recursos con los que se financian la sanidad, la educación y los servicios sociales. La propuesta del Gobierno contempla aportar en 2027 unos 20.975 millones de euros adicionales al sistema.
Génova no convierte la iniciativa de Ayuso en estrategia nacional
El Gobierno madrileño aseguró que había comunicado su posición a la dirección nacional del PP y que el planteamiento se había abordado con los responsables autonómicos del partido. Sin embargo, Génova no asumió el boicot como una estrategia común ni pidió a sus comunidades que dejaran de asistir.
La negativa de los demás territorios vuelve a evidenciar las diferencias entre Ayuso y otros barones populares sobre cómo ejercer la oposición institucional al Gobierno. Mientras Madrid apuesta por el plantón, las demás autonomías buscan combatir el modelo desde dentro del órgano.
A esta falta de unidad se suma la posición de Canarias, gobernada por Coalición Canaria en alianza con el PP. El Ejecutivo canario respalda el nuevo sistema después de conseguir varias modificaciones técnicas durante la negociación con Hacienda.
Hacienda tiene asegurada la votación, pero no el Congreso
La presencia de las comunidades garantiza que el Consejo pueda constituirse. Además, el sistema de votación del CPFF permite al Gobierno sacar adelante su propuesta con el apoyo de al menos una comunidad autónoma, debido a la ponderación de los votos. Hacienda cuenta inicialmente con los respaldos de Cataluña y Canarias.
Después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reforma deberá pasar por el Consejo de Ministros y convertirse en un proyecto legislativo. Su viabilidad definitiva dependerá del Congreso de los Diputados, donde el Gobierno tendrá que reunir una mayoría parlamentaria que todavía no está asegurada.
Ayuso ha conseguido elevar la confrontación política en torno al nuevo modelo, pero no arrastrar al resto del PP a un bloqueo institucional de Hacienda.