La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha instado al Gobierno a endurecer los requisitos ante la llegada de capital productivo procedente de China y a ligar cualquier apoyo presupuestario a “inversión ejecutada y a hitos verificables”, evitando así sufragar simples promesas o anuncios preliminares.
En un extenso informe firmado por Judith Arnal sobre el “China shock 2.0”, el 'think tank' defiende mantener una política de apertura, recordando que España es el segundo fabricante de automóviles de la UE sin contar con un gran grupo nacional propio.
No obstante, subraya que “apertura no significa aceptación incondicional” ni ampara la concesión de subvenciones a proyectos sin garantías claras de retorno para la economía local.
Para impedir que comunidades autónomas y ayuntamientos se enreden en una carrera de incentivos a la baja, Fedea plantea crear “un registro único de ayudas y compromisos que permita conocer el apoyo público total, comparar ofertas y comprobar posteriormente su ejecución”.
En el caso de iniciativas de gran tamaño, la entidad recomienda además una consulta temprana con la Comisión Europea, con el fin de reducir el riesgo de que las ayudas concedidas por España se sumen a subvenciones extranjeras incompatibles con las normas del mercado interior.
Fedea precisa igualmente que las “condiciones industriales” —vinculadas al empleo, la capacitación, el recurso a proveedores locales y la generación de valor añadido genuino frente al mero ensamblaje— deben fijarse exclusivamente a través de las bases reguladoras de las ayudas públicas y aplicarse por igual con independencia del origen del inversor.
Adaptar el control de inversiones a las nuevas plantas
En el ámbito normativo, el estudio reclama una actualización del marco nacional de control de inversiones (screening) para ajustarlo a la nueva realidad.
El documento señala que la regulación vigente se centra en cambios de propiedad o de control en compañías ya existentes, dejando fuera del escrutinio las reestructuraciones internas y las ampliaciones de filiales que ya están bajo dominio extranjero.
Para cerrar este vacío, Fedea propone reformar la ley e incorporar de forma expresa las inversiones de nueva planta (greenfield) y las ampliaciones relevantes en sectores estratégicos, estableciendo umbrales y criterios claros y previsibles.
El 'think tank' insiste en que este instrumento debe reservarse únicamente para atajar “riesgos concretos de seguridad, salud u orden público”, y no convertirse en un mecanismo general para imponer contenido nacional o exigir transferencias de tecnología.
De los grandes anuncios a la inversión efectiva
El análisis de Fedea pone el acento en la distancia entre los anuncios de inversión y su materialización real. La entidad calcula alrededor de 14.500 millones de euros en operaciones de capital chino en España desde 2019, con una fuerte concentración a partir de 2024.
Sin embargo, detalla que solo 1.700 millones se corresponden con proyectos ya culminados, mientras que 6.100 millones están en fase de construcción y 6.800 millones siguen siendo anuncios pendientes de ejecutarse. “La variable relevante no es cuánto se anuncia, sino cuánto acaba ejecutándose”, destaca el informe.
En esta línea, el documento aclara que las plantas dedicadas únicamente al ensamblaje no tienen por qué vetarse, pero no deberían recibir el mismo nivel de apoyo público que una fábrica integrada con procesos de estampación, soldadura e ingeniería desarrollada en España.
Según Fedea, cuando haya subvenciones deben asociarse a una senda verificable de integración industrial y a la consecución de una verdadera “autonomía operativa” en licencias, software y capacitación de la plantilla.
El “China shock 2.0” y el riesgo de represalias
El informe sitúa estas propuestas en el tránsito del “China shock 1.0” —centrado en la entrada masiva de bienes de consumo intensivos en mano de obra— al “China shock 2.0”, en el que China compite en el corazón del tejido industrial europeo (maquinaria, electrónica, química, baterías y automóvil) y levanta factorías dentro de la propia UE.
Aunque el índice de exposición elaborado por Fedea coloca a España en la mitad baja de los 27 socios comunitarios, lejos del nivel de riesgo de Alemania, la economía española presenta puntos débiles concretos.
China se ha convertido desde el primer semestre de 2026 en su principal proveedor, y el déficit comercial bilateral ronda el 2,5% del PIB, dado que España solo cubre el 15,5% de sus compras a China con ventas a ese mercado, según el estudio.
Al concentrarse las exportaciones españolas a China en partidas como el porcino —cerca de 1.000 millones de euros en 2025—, el documento alerta de que el país es vulnerable a “represalias comerciales selectivas” por parte de Pekín.
Por este motivo, Fedea reclama que cualquier instrumento de defensa comercial que impulse la UE incluya desde el principio un análisis de vulnerabilidad y articule mecanismos de solidaridad a escala comunitaria para compensar los daños en los territorios o ramas productivas más afectados.