Mientras las miradas en España están puestas sobre los dos reales decretos-ley propuestos por el Gobierno en materia de Vivienda, Bruselas continúa con la tramitación de su propia estrategia. "Permanecer en la región no es un privilegio. El cuidado no es un privilegio. La vivienda no es un privilegio. Son derechos. Y tenemos que dárselos a los europeos", llegó a afirmar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el Estado de la Unión.
Sobre la mesa de los colegisladores está ya la Ley de Vivienda Asequible, con la que se pretende dotar de garantías jurídicas a ayuntamientos y administraciones locales que busquen tomar partido ante la crisis de la vivienda. El texto legal aterrizará ahora en los despachos europeos, un trámite que exigirá el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los Gobiernos de los veintisiete Estados miembros. Desde la Comisión Europea se argumenta que estas directrices buscan facilitar que las administraciones detecten con precisión las llamadas "zonas tensionadas" en materia residencial para intervenir de forma directa. Entre los mecanismos planteados destaca la opción de limitar la adquisición de segundas residencias siempre que su finalidad no sea constituir la vivienda habitual.
En este contexto, y con la votación en el Congreso de los Diputados como telón de fondo, el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, atiende a DEMÓCRATA. "Mientras Bruselas no advierta la presión de la inmigración sobre la vivienda, no habrá solución", advierte.
Pregunta: Una de las medidas del reglamento que propuso la Comisión, uns limitar esa compra especulativa, es decir, que los ayuntamientos puedan limitar la compra de segundas residencias que no sean de uso principal.
Respuesta: No se trata de limitar, reprimir o restringir, sino de atajar los dos elementos que sabemos que están produciendo el problema de la vivienda. Por una parte, un incremento brutal de la demanda como consecuencia de la inmigración masiva y, por otra, la inexistencia de un incremento de la oferta en toda Europa, especialmente en España. No se construye vivienda, no se construye vivienda de protección oficial, no se construye vivienda de compra, porque todo lo que se hace es alquiler. Y, por tanto, eso creo que ha destrozado el mercado. No hay mercados de vivienda en España ya.
Cuando desde Bruselas se proponen estas cosas, luego caen en manos de un tipo como Pedro Sánchez y aprovecha el capote que le echa Bruselas y entonces ya se lanza al control total del mercado.
Pregunta: esta será una ley que llegará al Parlamento ahora. ¿Qué recorrido prevén?
Respuesta: Pues yo creo que el Partido Popular Europeo sigue en ese problema de no saber qué quiere ser. Si quiere seguir en su gran coalición con socialistas, verdes y Renew, o darse cuenta de que Europa está cambiando y de que los pueblos europeos quieren otra cosa. Vamos a trabajar para eliminar de cualquier iniciativa todo eso que es estatalismo vacío de contenido y recuperar el sentido común, que es que solo equilibrando la oferta y la demanda vas a poder controlar el precio.
Luego, cuando ya tengas el precio controlado, cuando hayas equilibrado la oferta, es cuando procede analizar otras cosas. Pero cuando está todo desequilibrado, tú no puedes empezar a establecer prohibiciones. La prueba la hemos tenido aquí en España. Cuando se aprueba ese real decreto-ley, hace 48 horas, el efecto inmediato ha sido la retirada de 4.000 pisos de Idealista, que es la principal plataforma de compra y alquiler de bienes, automáticamente. Primero tienes que equilibrar la oferta y la demanda, hacer que eso te equilibre y que se produzca una reducción natural del precio de las cosas por ese equilibrio.
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Pregunta: La evaluación de impacto de la Unión Europea también señalaba cómo la regulación de los alquileres de corta duración afecta a pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se debe encontrar ese equilibrio entre disponibilidad para residentes de clase media sin lesionar la libertad de empresa?
Respuesta: Primero tenemos que atajar el desequilibrio del mercado.
Cuando tú tienes un equilibrio, cuando tengamos vivienda disponible y muebles disponibles suficientes, con una demanda controlada, entonces podremos establecer criterios de ordenación, de ubicación de las viviendas de temporada o turísticas. Pero ahora no. Ahora cualquier medida que se adopte sin tener en cuenta lo que está sucediendo con la inmigración está abocada al fracaso.
El problema es que hay dos líneas: quienes consideramos que ese aumento de precio de la vivienda se debe principalmente a la llegada masiva de extranjeros a Europa, pero no turistas, y la izquierda, que está animando a la llegada de esa inmigración masiva y que ha considerado que el enemigo es el turista. El turista sale y viene y se va. No es alguien que produce un peso sobre el Estado. Incluso en muchas ocasiones deja ingresos, otros no, pero deja ingresos suficientes.
El turista no colapsa los servicios públicos, no utiliza nuestros sistemas educativos, no pide becas, no pide ayudas. Es decir, ese inmigrante, ilegalmente o legalmente incluso, genera una presión sobre el precio de la vivienda y que, encima, está colapsando los servicios públicos. Esta es la realidad de Europa. Mientras la Comisión Europea no advierta esto y lo ponga en un documento, no vamos a encontrar la solución.
Jorge Buxadé:“La desregulación significa derogar leyes innecesarias y quitar trabas”
Pregunta: Precisamente hablando de construcción, una de las recomendaciones del texto de la Comisión es implantar un plazo máximo de 60 días para la concesión de licencias. ¿Va a exigir Vox allí, en las administraciones, ayuntamientos y comunidades donde gobierne, que se apliquen estos 60 días de concesión de licencias?
Respuesta: Ojalá. Ojalá pudiéramos llegar a eso. Ahora mismo estamos en dos años o tres años. No hay que engañar a la gente. Lo que hay que hacer es reducir, mejorar las leyes para reducir los plazos, incluir el silencio administrativo positivo, es decir, si la Administración no responde en plazo, que el empresario o el promotor pueda continuar y no tenga que estar esperando lo que le dice la Administración. Y eso está en los compromisos de gobierno regionales, Partido Popular y Vox.
Nosotros estamos por la desregulación y la desregulación significa derogar leyes innecesarias, quitar trabas y, por supuesto, agilizar los procedimientos. Con el urbanismo es más complejo porque Partido Popular y Partido Socialista han creado un sistema en España absolutamente demencial que requiere cambios de muchas leyes. Por tanto, eso va a ser un poco más lento, pero a nivel municipal es mucho más posible.
Pero repito que eso ya está en nuestros acuerdos de desregulación y, en algunas regiones, pues, por ejemplo, en Castilla y León se ha eliminado la cita previa, que suponía otro trámite más. Primero tienes que pedir una cita para que te atiendan. No, pues directamente el empresario puede iniciar el proceso y estamos en un camino de incluir el silencio administrativo positivo en todas las cosas.
Jorge Buxadé:“Estamos muy lejos de que Vox pueda apoyar el texto europeo sobre vivienda”
Pregunta: Otra de las propuestas que se hace para las comunidades autónomas es esto de los impuestos a los inmuebles vacíos. ¿Qué incentivos o reducciones fiscales imagináis para activar este stock vacante?
Respuesta: Yo creo que lo más importante es darle seguridad jurídica al propietario y dejar de proteger al ocupa y al inquilino que ocupa. Un procedimiento ágil para que los propietarios puedan, en caso de incumplimiento del inquilino, recuperar su inmueble y ponerlo otra vez en el mercado es el principal incentivo para que alguien que tiene una propiedad la ponga en compra o en alquiler.
Es una cosa idiota pretender que alguien tiene una propiedad y no quiere sacarle rentabilidad, que prefiere tenerla vacía y desocupada. No hay nadie, ningún ser humano normal y racional, que quiera sacar rentabilidad de sus cosas. Porque ese empresario, promotor o ese españolito de a pie que tiene una vivienda no la pone en el mercado básicamente porque no tiene ninguna seguridad de que, ante el incumplimiento del inquilino, va a poder recuperar.
Con lo cual, el principal incentivo es ese. No puede ser nunca imponer un impuesto o poner multas. Eso no es un incentivo, es una limitación.
Pregunta: Volviendo a la ley europea, en el Parlamento Europeo, ¿cuáles serán sus líneas rojas? ¿Hay elementos que Vox no apoyaría en ningún caso si el Partido Popular necesitara sus votos?
Respuesta: Ahora mismo, tal como está el texto, es muy difícil que el Partido Popular pueda tener los votos de Vox. El documento tiene que, para empezar, introducir un diagnóstico correcto. Y, por tanto, el Partido Popular tiene que dar pasos en la línea de incluir la inmigración masiva como un elemento distorsionador del mercado de la vivienda y, por supuesto, reducir todo lo que diríamos "comunista" ahí, en la propuesta. Solo en esa línea puede que Patriotas y, en general, los grupos soberanistas podamos apoyarlo masivamente. Lo que puedo hablar en nombre de Vox ahora mismo es que estamos muy lejos, lejísimos. Lejísimos.
Básicamente porque es que es una propuesta ilegal. La Comisión Europea carece de competencias en materia de vivienda y busca títulos competenciales en los tratados que le permitan inmiscuirse en esto.