El PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN han sumado este viernes sus apoyos en el Congreso para rechazar el decreto ley del Gobierno que preveía la renovación automática de los contratos de alquiler y que imponía al propietario la obligación de compensar al inquilino con doce mensualidades si optaba por resolver el contrato de forma anticipada.
Con esta votación, el segundo decreto ley de Vivienda, promovido por Sumar a propuesta del Sindicato de Inquilinas, queda anulado tras haber estado en vigor solo unas horas, desde su entrada en vigor a las cero horas de este mismo viernes.
Todos los grupos que finalmente han optado por el voto negativo ya habían adelantado su posición antes del pleno. Durante la defensa del texto, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha aprovechado para arremeter contra PP, Vox y Junts por su rechazo al decreto, acusándoles de "traicionar al pueblo" en beneficio del "rentismo".
Bustinduy acusa a PP, Vox y Junts de “vendepatrias”
"Ustedes defienden a los ricos, no tienen bandera ni vergüenza", ha reprochado el ministro, que ha llegado a tildar de "vendepatrias" a quienes, según ha indicado, priorizan los intereses de grandes multinacionales frente a los de la ciudadanía.
Concluido el debate de este y del otro decreto ley de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido a la tribuna para lanzar un aviso a los grupos que se oponen a las normas: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".
A petición de PSOE y Sumar, la votación se ha realizado de manera pública y por llamamiento, de forma que cada diputado se ha ido levantando desde su escaño para expresar su voto en voz alta.
Finalmente, y conforme a lo ya anunciado por las distintas formaciones, el escrutinio ha arrojado 166 votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís, frente a 184 en contra de PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN. "En consecuencia, queda derogado el decreto ley --ha zanjado la presidenta del Congreso, la socialista, Francina Armengol--. Se levanta la sesión".
Claves del decreto: prórrogas y compensaciones
El decreto ley contemplaba que, una vez superado un periodo mínimo de cinco años de contrato, o de siete si el arrendador era una persona jurídica, el alquiler se renovaría de forma obligatoria por periodos sucesivos de cinco años, o de siete en el caso de arrendadores personas jurídicas.
La norma establecía que, si el propietario optaba por no continuar con el arrendamiento, tendría que abonar al inquilino una compensación equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de la renta de una vivienda de características similares.
Esta indemnización quedaba excluida en ciertos casos, como cuando el propietario, siendo persona física, precisara la vivienda para uso propio o de familiares de hasta segundo grado, cuando el arrendatario no hubiera residido en la vivienda más de seis meses en los doce anteriores a la notificación o cuando dispusiera de otra vivienda adecuada en el mismo municipio.
Tampoco procedía el pago si las partes firmaban un nuevo contrato o si el inquilino rechazaba una oferta fehaciente de nuevo contrato que respetara las condiciones fijadas en la norma.
Además, el decreto mantenía las prórrogas extraordinarias para situaciones de vulnerabilidad social y económica y para viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado. La primera podía alcanzar un año y la segunda, tres años, con carácter preferente frente a otras prórrogas extraordinarias ya previstas en la legislación.