La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso tiene previsto este jueves marcar el calendario para la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo con el fin de investigar al diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné, denunciado por actuaciones vinculadas a su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona).
Félix Alonso compareció de manera voluntaria ante el Supremo el pasado 15 de junio, donde defendió "la legitimidad de las contrataciones" y negó haber incurrido en irregularidades. Un mes más tarde, el 14 de julio, el Alto Tribunal remitió al Congreso la petición formal de suplicatorio para que se suspenda su inmunidad y poder continuar con la investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación de contratos públicos cuando era regidor.
El magistrado instructor sostiene en su exposición que "existen indicios de que durante el periodo" en el que Alonso fue alcalde de Altafulla "y con su participación", se efectuaron adjudicaciones públicas acudiendo a contratos menores. En el mismo escrito detalla que "se recurrió a la figura del contrato menor para realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública".
La Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, acordó a finales de julio dar curso al suplicatorio y lo envió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que este jueves iniciará el estudio del expediente y organizará los siguientes pasos del procedimiento.
Tramitación interna y plazos a puerta cerrada
Este órgano, encabezado por el 'popular' Manuel Cobo e integrado por un representante de cada grupo parlamentario, celebra todas sus reuniones a puerta cerrada. De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta sobre el suplicatorio. En ese periodo deberá escuchar a Félix Alonso, que podrá intervenir personalmente o remitir alegaciones por escrito en la fecha que determine la propia comisión.
Una vez concluya su labor, la comisión remitirá su dictamen al Pleno del Congreso, que será el encargado de adoptar la decisión definitiva. En ocasiones anteriores, la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en torno a dos semanas.
El debate y la votación de los suplicatorios en el Pleno también se desarrollan a puerta cerrada, sin publicidad y sin difusión del contenido de las intervenciones. Los diputados no están sujetos a disciplina de voto, ya que la votación es secreta y únicamente se hace público el resultado final.
En los ocho días siguientes al acuerdo del Pleno sobre la concesión o denegación de la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá comunicar formalmente la decisión a la autoridad judicial, recordándole su obligación de informar a la Cámara de los autos y sentencias que se dicten y afecten de manera directa al diputado.
Si el Congreso no se pronunciara en un plazo de sesenta días naturales, contados en periodo de sesiones desde el día posterior a la recepción del suplicatorio, se entenderá que la autorización ha sido denegada.
Un suplicatorio con antecedentes en la legislatura
El caso de Alonso Cantorné constituye el segundo suplicatorio que se tramita en la presente legislatura. El anterior se aprobó en enero de 2025 y afectó al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo pretendía investigar por supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Finalmente, el Alto Tribunal le impuso una pena de 24 años de prisión por su papel en el denominado 'caso mascarillas'.
Hasta la fecha, el Congreso ha autorizado 34 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos referidos al mismo parlamentario). La última negativa se remonta a 1988 y estaba relacionada con un litigio por derecho al honor en el que figuraban como protagonistas el exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa), a raíz de la inclusión de sus fotografías en carteles del Ministerio del Interior.
En la legislatura anterior, la Cámara Baja dio luz verde al Supremo para investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación vinculados a contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres); y a la expresidenta de Junts Laura Borrás, posteriormente condenada por fraccionar contratos en beneficio de un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y recientemente indultada por el Gobierno de PSOE y Sumar.
Asimismo, se concedió el suplicatorio para investigar a Alberto Rodríguez, entonces diputado de Podemos, que fue condenado por haber propinado una patada a un policía en una manifestación previa a su etapa parlamentaria. El Supremo le impuso una multa y la inhabilitación para concurrir a elecciones, lo que supuso la pérdida de su escaño, si bien el Tribunal Constitucional anuló después la retirada del acta, cuando ya no era posible su restitución.
En legislaturas anteriores también se autorizó juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- por dar positivo en controles de alcoholemia al volante, y se permitió investigar al 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El procedimiento contra el exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, quedó sin completarse debido a su dimisión.
Entre los suplicatorios más relevantes concedidos figuran los del exministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' y los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes ocurridos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa formación llevaron a cabo protestas durante un acto presidido por los Reyes.