El viaje del Rey a Finlandia estrecha el calendario de Sánchez para convocar elecciones el 29 de noviembre

La disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales en España se rigen principalmente por la Constitución Española (arts. 68, 99, 115 y 116) y por la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (LOREG), modificada por la Ley Orgánica 2/2016 para el supuesto de disolución automática por falta de investidura. A continuación detallo los pasos y plazos clave del régimen vigente.

1. Disolución “ordinaria” por decisión del presidente del Gobierno

El artículo 115 de la Constitución reconoce al presidente del Gobierno la facultad de proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras:

• El presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, propone la disolución.
• El Rey decreta la disolución y, en el mismo decreto, se realiza la convocatoria de elecciones. Para las elecciones generales, se disuelven ambas Cámaras.
• El decreto de disolución y convocatoria se publica en el BOE y entra en vigor el mismo día de su publicación.

Existen tres límites materiales y temporales muy relevantes:

• No se puede proponer la disolución mientras esté en trámite una moción de censura (art. 115.2 CE).
• No cabe una nueva disolución por esta vía hasta que haya transcurrido un año desde la anterior (art. 115.3 CE).
• No puede disolverse el Congreso cuando esté vigente un estado de alarma, excepción o sitio; en tal caso, se mantiene o convoca automáticamente el Parlamento (art. 116.5 CE).

2. Disolución “automática” por falta de investidura

El artículo 99.5 de la Constitución establece que, si han pasado dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato logre la confianza del Congreso, el Rey:

• Debe disolver automáticamente ambas Cámaras.
• Debe convocar elecciones generales, con el refrendo del presidente del Congreso.

Este supuesto tiene además una regulación específica en la disposición adicional séptima de la LOREG, introducida por la Ley Orgánica 2/2016:

• El real decreto de convocatoria se expide al día siguiente de expirar el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura.
• Se publica ese mismo día en el BOE y entra en vigor en la fecha de su publicación.
• Las elecciones se celebran el día 47 posterior a la convocatoria (plazo acortado respecto al régimen ordinario).

3. Plazos entre disolución, convocatoria y día de la votación

Los plazos temporales básicos de un proceso electoral a Cortes Generales se encuentran en la LOREG, especialmente en su artículo 42 y preceptos conexos:

• En el régimen ordinario (disolución a iniciativa del presidente o por expiración del mandato), el decreto de convocatoria señala unas elecciones que se celebrarán, con carácter general, el día quincuagésimo cuarto (54) posterior a la convocatoria.
• Cuando se agota el mandato ordinario de cuatro años (art. 68.4 CE), el decreto de convocatoria debe expedirse en torno al 25º día anterior a la expiración del mandato; la votación cae igualmente dentro de ese patrón de 54 días desde la convocatoria.
• En el supuesto de disolución automática por el art. 99.5 CE, como ya se ha señalado, la DA 7ª de la LOREG fija un plazo reducido a 47 días entre la convocatoria y el día de votación.

4. Constitución de las nuevas Cámaras y sesión constitutiva

Una vez celebradas las elecciones:

• La Constitución (art. 68.6) y la LOREG establecen que el Congreso y el Senado deben ser convocados en un plazo máximo de 25 días desde la celebración de las elecciones.
• En esa primera reunión tiene lugar la sesión constitutiva, en la que se eligen las Mesas de ambas Cámaras (Presidencia, Vicepresidencias y Secretarías) y se formaliza el juramento o promesa de los parlamentarios.
• Constituidas las Cámaras, se abre inmediatamente el ciclo de consultas del Rey con los grupos y la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, iniciándose el procedimiento de investidura del artículo 99 CE.

5. Resumen sintético de los plazos clave

• Disolución ordinaria: decisión política del presidente (con límites: sin moción de censura en curso, un año mínimo desde la última disolución, sin estados excepcionales), decreto del Rey que disuelve y convoca elecciones.
• Disolución automática: a los 2 meses desde la primera votación de investidura sin éxito, el Rey debe disolver y convocar; decreto al día siguiente.
• Convocatoria → elecciones (ordinario): 54 días.
• Convocatoria → elecciones (automático art. 99.5 CE): 47 días.
• Elecciones → constitución de las Cámaras: máximo 25 días para la sesión constitutiva de Congreso y Senado.

En el sistema constitucional español, la disolución de las Cortes Generales es un buen ejemplo de la lógica de “poder moderador” del Rey frente al “poder de dirección política” del presidente del Gobierno. La Constitución reparte la competencia entre ambos, pero no de forma simétrica: el Rey es el titular formal del acto de disolución, mientras que la decisión política y la responsabilidad recaen en el presidente del Gobierno.

1. Competencias del presidente del Gobierno en la disolución (art. 115 CE)

La competencia clave del presidente del Gobierno se encuentra en el artículo 115 de la Constitución:

• Iniciativa política exclusiva: el presidente es quien propone la disolución de las Cortes Generales, del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. Sin propuesta del presidente, el Rey no puede disolverlas por esta vía (la llamada disolución “facultativa” o anticipada).
• Control de la oportunidad: la Constitución no fija causas tasadas; el presidente decide cuándo conviene políticamente adelantar elecciones (para desbloquear una mayoría, aprovechar un momento favorable, etc.). Es, por tanto, una competencia de dirección política del Gobierno.
• Deliberación del Consejo de Ministros: antes de elevar la propuesta al Rey, debe haber una deliberación formal del Consejo de Ministros. Esto refuerza el carácter gubernamental y colegiado de la decisión, aunque la iniciativa y la firma sean del presidente.
• Responsabilidad política: el acto de disolución se recoge en un Real Decreto que, además de ser firmado por el Rey, se refrenda por el presidente del Gobierno. El refrendo supone que la responsabilidad jurídica y política del acto recae en el Gobierno y, en última instancia, en su presidente.
• Respeto a los límites constitucionales: el presidente está sometido a límites materiales y temporales:
  • No puede proponer la disolución mientras esté en tramitación una moción de censura (art. 115.2 CE).
  • No puede proponer una nueva disolución antes de transcurrido un año desde la anterior disolución por esta misma vía (art. 115.3 CE).
  • No puede usarse la disolución “facultativa” en situaciones constitucionalmente excepcionales como el estado de sitio, en la interpretación dominante ligada al mismo art. 115.3.

En resumen, el presidente decide si, cuándo y cómo plantea la disolución, dentro de los límites constitucionales, y asume la responsabilidad plena del acto ante las Cortes y ante el electorado.

2. Competencias del Rey en la disolución

El papel del Rey se sitúa en el plano formal y simbólico, no en el de la decisión política:

• Competencia formal de disolución: el Rey “disuelve las Cortes Generales y convoca elecciones en los términos que prevé la Constitución” mediante Real Decreto. Es el titular constitucional de la potestad de disolver, pero no la ejerce libremente.
• Carácter reglado y no discrecional: en la disolución anticipada del art. 115, la actuación del Rey está jurídicamente vinculada a la propuesta del presidente del Gobierno y a la deliberación previa del Consejo de Ministros. No se contempla un margen real para negar la disolución si se cumplen los requisitos constitucionales.
• Necesidad de refrendo: como en casi todos los actos del Rey, el decreto de disolución requiere refrendo del presidente del Gobierno (o, en su caso, del presidente del Congreso en las disoluciones automáticas), lo que desplaza la responsabilidad política del acto hacia el órgano refrendante.
• Disolución “automática” por fracaso de investidura: en el art. 99.5 CE, si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso, “el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones”, con el refrendo del presidente del Congreso. Aquí el Rey tampoco decide la oportunidad de la disolución: la Constitución la impone de forma automática al producirse el supuesto de hecho.

3. Comparación sustantiva entre ambas posiciones

• Titularidad formal vs. decisión efectiva: formalmente, la disolución es un acto del Rey; materialmente, la decisión de disolver (o de provocar la disolución automática al no alcanzar una investidura) es responsabilidad del presidente del Gobierno o, en su caso, de la mayoría parlamentaria.
• Responsabilidad política: el Rey es irresponsable políticamente (art. 56.3 CE) y sus actos siempre están sometidos a refrendo. El presidente, al refrendar y haber tomado la iniciativa, asume la responsabilidad ante las Cortes y la opinión pública por el adelanto electoral.
• Grado de margen político: el presidente cuenta con un amplio margen de apreciación sobre la conveniencia de la disolución (dentro de los límites de la Constitución); el Rey actúa con un margen prácticamente nulo, limitado a verificar requisitos formales.

En suma, la Constitución reserva al Rey la titularidad simbólica y formal de la disolución de las Cortes, pero el poder real de decisión —cuándo disolver y con qué objetivo político— corresponde al presidente del Gobierno (o, en su caso, al propio Congreso en la dinámica de la investidura), que es quien soporta todas las consecuencias políticas del acto.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un economista y político español que pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), formación a la que se afilió en la década de 1990 y de la que es secretario general desde 2014 (con un breve paréntesis entre 2016 y 2017). Desde junio de 2018 ejerce como presidente del Gobierno de España, cargo que ha revalidado en varias legislaturas al frente de ejecutivos de coalición progresista.

Nacido en Madrid en 1972, Sánchez se formó académicamente en el ámbito de la economía. Según los datos biográficos oficiales, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía. Completó estudios de posgrado relacionados con la integración económica y monetaria europea y ha desarrollado también una faceta como profesor universitario de economía, compatibilizando durante etapas su carrera académica con la actividad política. Esta combinación de formación económica avanzada y docencia se refleja después en su discurso político, muy centrado en la política fiscal, la gobernanza económica europea y el Estado del bienestar.

Antes de convertirse en una figura central de la política nacional, Sánchez acumuló experiencia en el ámbito internacional e institucional. Trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y formó parte del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina, lo que le proporcionó una visión cercana de la política exterior, la construcción europea y la gestión de conflictos en el marco de la ONU. Este bagaje internacional ha sido uno de los rasgos que el propio PSOE y la comunicación de Moncloa destacan en sus biografías oficiales.

Su trayectoria política institucional se inicia en el ámbito local. Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid a mediados de la década de 2000, un primer escalón que le permitió conocer la gestión municipal y la estructura orgánica del PSOE madrileño. Desde ahí dio el salto al Congreso de los Diputados, donde ha sido diputado por Madrid en varias legislaturas, integrado en el Grupo Parlamentario Socialista.

El gran salto en su carrera llega en 2014, cuando la militancia socialista lo elige secretario general del PSOE mediante primarias. A partir de entonces pasa a ser también candidato a la Presidencia del Gobierno y líder de la oposición. Tras una etapa de fuertes tensiones internas que desembocan en su salida de la secretaría general en 2016, Sánchez regresa en 2017, de nuevo a través de unas primarias, consolidando un liderazgo apoyado directamente en la base militante.

En junio de 2018, su figura se proyecta definitivamente al primer plano de la política española al encabezar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esa moción prospera y Sánchez es investido presidente del Gobierno, inaugurando un periodo en el que el PSOE vuelve a liderar el Ejecutivo. Desde entonces ha permanecido en la jefatura del Gobierno, revalidando su posición tras las elecciones generales posteriores y negociando distintos acuerdos de coalición y de investidura.

Como presidente, ha tenido que gestionar algunos de los episodios más complejos de la política reciente. Las fuentes oficiales destacan su papel durante la pandemia de COVID‑19, la respuesta a la inflación y la gestión de la cuestión catalana, en particular a través de medidas de desjudicialización y de búsqueda de acuerdos con los partidos independentistas. También se señala su papel en la aprobación de una ley de amnistía muy debatida en 2023, así como la construcción de gobiernos de coalición primero con Unidas Podemos y después con Sumar.

En el plano interno del partido, Sánchez lleva una década como referencia central del socialismo español. El PSOE subraya, en sus propios balances, que bajo su liderazgo el partido ha regresado al Gobierno central y ha impulsado una agenda centrada en ampliar el Estado del bienestar, reforzar derechos sociales y apostar por la transición ecológica y digital. A la vez, ha tenido que afrontar crisis internas, escándalos que han afectado a dirigentes próximos y una fuerte polarización política, defendiendo reiteradamente la legitimidad de sus mayorías parlamentarias y de las coaliciones que lo sostienen.

En síntesis, la trayectoria de Pedro Sánchez combina una sólida formación económica y académica, experiencia en instituciones europeas e internacionales, un recorrido desde la política local hasta la dirección del PSOE y una larga etapa como presidente del Gobierno de España. Todo ello siempre vinculado al PSOE, partido al que pertenece y en el que ha construido toda su carrera política.