Desde que el BOE publicó la disolución de las Cortes, en muchos comités de dirección se repite la misma frase: “ya lo retomaremos después del 29N”. Es comprensible. El ruido invita a pensar que las políticas públicas y la regulación dejan paso por unas semanas a la pura confrontación electoral.
Es, sin embargo, una visión muy simplista del ecosistema político y regulatorio. La disolución paraliza gran parte de la actividad parlamentaria, pero no el funcionamiento del Estado. Muchos centros de poder normativo, la mayoría de hecho, siguen funcionando.
La disolución paraliza gran parte de la actividad parlamentaria, pero no el funcionamiento del Estado
La maquinaria del Estado y de la Unión Europea no se apaga
Conviene empezar por lo básico. Hasta el 29 de noviembre el Gobierno no está en funciones: conserva la plenitud de sus competencias. Puede aprobar reales decretos, órdenes ministeriales y, si lo considera urgente, reales decretos-ley. Los ministerios siguen tramitando normas, abriendo consultas públicas y resolviendo expedientes que impactan directamente en la vida económica y social.
El Parlamento tampoco desaparece del todo. La Diputación Permanente, esa gran protagonista estos días, asume las funciones de las Cámaras y es quien debe convalidar, o no, los reales decretos-ley que se puedan aprobar. Con los de vivienda aún frescos, nadie debería descartar que el Gobierno vuelva a legislar por esa vía.
Las comunidades autónomas siguen funcionando a pleno rendimiento, tanto en sus gobiernos como en sus asambleas legislativas, y en ese ámbito se siguen aprobando normas que inciden en el tejido empresarial. Y a ello se suman los ayuntamientos y otros organismos, que adoptan decisiones que impactan en la cuenta de resultados de las compañías.
Por último, pero quizá lo más importante, está Bruselas, que no vota el 29N. Los ministros españoles siguen sentados en los consejos, los trílogos avanzan, el Parlamento sigue legislando y la Comisión prepara su agenda para 2027. Nada de esto se detiene por el calendario electoral de un Estado miembro.
Buena parte de la regulación que afectará a la energía, la industria, el sector agroalimentario, la salud, las relaciones comerciales con terceros Estados o la tecnología en los próximos años se siguen escribiendo allí.
Las políticas públicas que están por venir
Pero el argumento más potente no es lo que sigue funcionando, sino lo que empieza a gestarse. Los partidos están cerrando ahora sus programas y en pocas semanas tendrán que traducir eslóganes en propuestas concretas sobre vivienda, fiscalidad, energía, sanidad, economía circular o industria. Esas propuestas no nacen solo de los aparatos de los partidos: se alimentan de datos, de diagnósticos y de ideas que, más allá de las internas, alguien les hace llegar. Y hacerlo llegar con el máximo rigor. No me cansaré de decirlo: no hay mayor legitimidad técnica que la de quien dedica su día a día a hacer prosperar su negocio con responsabilidad; ni mayor legitimidad social que la de quien mantiene un diálogo activo y una capacidad de comprensión, que no de necesaria anuencia, con la sociedad civil. Es responsabilidad de las organizaciones buscar espacios para que exista ese diálogo; también ahora.
Los partidos están cerrando ahora sus programas y en pocas semanas tendrán que traducir eslóganes en propuestas concretas
Un programa electoral es mucho más que un documento de campaña. Es el primer borrador de las políticas públicas que un futuro Gobierno querrá poner encima de la mesa en sus primeros cien días. Por eso, quien renuncia a participar en este debate deja que otros definan el marco en el que después tendrá que moverse.
Hay otro elemento que se suele pasar por alto: en un sistema parlamentario marcado ya hace años por la ausencia de mayorías absolutas, ningún programa se aplica tal cual. Lo que acabe en el BOE viene condicionado por la capacidad de negociación con los potenciales socios. Y es aquí donde hay que hacer una lectura inteligente, trascendiendo por tanto al puro eslogan, de las líneas rojas que aquellos van deslizando precisamente durante este periodo en el que nos encontramos inmersos.
El debate y la inteligencia, también en las redes sociales.
Circunscribir la labor de inteligencia a la lectura de unos programas electorales o al seguimiento de los mítines electorales es demasiado simplista. El debate de las políticas públicas, que no es lo mismo que el debate político, trasciende a la dinámica de la actualidad de los partidos políticos durante el periodo electoral.
Y aquí las redes sociales, más allá de la relación que cada uno tenga con ellas, hace ya tiempo que se ha demostrado como un foco de atención absolutamente necesario. Y sí, hay que eliminar el ruido, saber leerlas, trascender al comentario efímero, huir de la inmediatez. Eso se hace con profesionalidad, siendo conocedor del verdadero poder digital, de la capacidad de influencia, que va mucho más allá del número de seguidores, o de la interacción que alguien pueda tener. Es mucho más complejo y sería irresponsable no dedicar esfuerzos a saber leerlo e, incluso, a participar activamente en él.
Circunscribir la labor de inteligencia a la lectura de unos programas electorales o al seguimiento de los mítines electorales es demasiado simplista
Momento también para reivindicar la profesionalidad de la influencia
No debo dejar pasar la oportunidad de reivindicar la actividad institucional o de asuntos públicos como una actividad estratégica. Sé que el calificativo está demasiado vacío de contenido en muchas ocasiones. Démosle contenido: hoy día es inconcebible e irresponsable que la dirección de un negocio se lleve a cabo sin dedicar esfuerzos a estructurar esta actividad internamente, dotarla de estabilidad, ejercerla profesionalmente y rendir cuentas al respecto.
Y eso se hace también ahora, porque como hemos reflejado la maquinaria no se detiene y en el plano nacional, el 29 de noviembre se votará quién conformará las Cámaras, pero buena parte de lo que hará ese futuro Gobierno se está decidiendo ya. Las empresas que entiendan el periodo electoral como una pausa descubrirán en enero que las políticas públicas y la agenda regulatoria se escribieron sin ellas.