El grupo socialista en el Parlamento Europeo se está moviendo para lograr introducir algunas de sus propuestas en una de las leyes insignia de la Comisión Europea para la actual legislatura, como es la Ley del Acelerador Industrial o "Made in Europe". Si el Gobierno propuso un sistema basado en tres niveles para incluir socios al sistema que exigirá origen europeo en los procesos industriales, la delegación española ha planteado en sus enmiendas medidas encaminadas a la salvaguardia de cadenas de suministro críticas o la ampliación de la producción nacional de tecnologías limpias.
Las propuestas consultadas por DEMÓCRATA también plantean ajustes normativos para la inversión extranjera directa en sectores estratégicos emergentes, tales como semiconductores, industria aeroespacial y tecnologías renovables, a través de la imposición de condiciones específicas relativas a la retención de mano de obra local. “Hemos trabajado conjuntamente para darle una orientación clara al dosier legislativo: reforzar nuestra industria, defender el empleo y convertir la transición industrial en una oportunidad de crecimiento, seguridad y autonomía europea”, afirman fuentes socialistas.
Lo que plantea la delegación española de los socialistas es, en realidad, un endurecimiento de las exigencias de soberanía industrial, acompañado de requisitos laborales, autonomía energética y trazabilidad de componentes europeos. El objetivo de las enmiendas pasa por elevar las garantías de producción dentro de la Unión y reducir el margen para que determinadas inversiones o productos puedan acogerse a los requisitos de origen europeo mediante estructuras de producción o aprovisionamiento que mantengan una elevada dependencia de terceros países.
Ampliación del ámbito de aplicación
Por ejemplo, los socialistas piden ampliar sustancialmente el ámbito de aplicación del Reglamento. Sus enmiendas incorporan explícitamente a los astilleros, fabricantes de equipos marítimos y la cadena de valor de buques especializados. La propuesta extiende así el perímetro de aplicación de las medidas a actividades industriales que consideran estratégicas, del mismo modo que se hace con la fabricación de locomotoras, las actividades de eficiencia de recursos o las tecnologías de distribución de la electricidad.
El grupo de trabajo de la delegación española quería que la ley “responda a las necesidades de nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestras regiones”. “Aportamos medidas para fortalecer nuestra capacidad industrial en sectores estratégicos y reducir dependencias de terceros países, apoyar el despliegue de renovables e infraestructura energética fabricada en Europa”, explican voces presentes en la elaboración de las enmiendas.
Esta orientación se traduce en una batería de cambios que afectan tanto a las condiciones de acceso de inversores extranjeros como a los requisitos de origen, la contratación pública y determinados sectores tecnológicos. La propuesta socialista busca, en este sentido, que el criterio de producción europea no quede limitado a una declaración de origen, sino que pueda ser acreditado mediante condiciones concretas sobre empleo, aprovisionamiento, valor añadido y localización efectiva de determinadas fases de producción.
Más exigencias para la inversión extranjera
En lo que respecta a las condiciones para inversores extranjeros de terceros países con más del 40% de capacidad global de fabricación, el grupo socialista pide reforzar de forma drástica las exigencias de aprobación. Por ejemplo, plantean reducir de 100 a 10 millones de euros el umbral a partir del cual se aplican las restricciones.
Para evitar el fraccionamiento de inversiones, proponen sumar todas las inversiones sucesivas o vinculadas realizadas sobre el mismo activo de la UE en un plazo de cinco años por el mismo beneficiario final. Con ello, la propuesta busca evitar que una operación pueda quedar por debajo del umbral establecido mediante su división en diferentes fases o vehículos de inversión.
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Las filas de la presidenta del grupo socialista, Iratxe García, exigen además que, al inicio de la inversión, al menos el 50% de la plantilla esté formada por trabajadores de la UE, evitando concentraciones ad hoc destinadas únicamente a cumplir con el trámite. Igualmente, elevan esta exigencia hasta el 75% a partir de los cinco años de operación continua.
A ello se suma un cambio en las obligaciones de aprovisionamiento local. Los socialistas quieren pasar de un redactado condicional a una obligación estructural de comprar al menos un 30% de los insumos en la UE, en un plazo máximo de cinco años desde el inicio de las operaciones.
Las enmiendas contemplan, al mismo tiempo, la creación de procedimientos acelerados cuando el inversor demuestre creación de empleo estable, investigación en la UE, ausencia de transferencia de tecnología crítica y compromisos vinculantes con proveedores locales. De esta forma, las condiciones de acceso se combinarían con incentivos regulatorios para aquellas inversiones que aporten capacidades industriales consideradas estratégicas para la Unión.
Endurecer la trazabilidad del origen europeo
De cara a evitar la elusión de origen, una de las propuestas socialistas tiene que ver con la sustitución del criterio de “precio Ex-Works” por el de “valor añadido”. En la industria del automóvil y en los componentes de propulsión, plantean sustituir el cálculo basado en el primero por el valor añadido generado en el bloque comunitario.
A juicio de los socialistas, este cambio permitiría garantizar una mayor trazabilidad hasta los componentes de nivel más bajo de la cadena de suministro, incluidas piezas de fundición. La intención es que el origen europeo de un producto no pueda determinarse únicamente atendiendo a la última fase de transformación o ensamblaje, sino considerando cuánto valor se ha generado efectivamente dentro de la Unión.
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En esta misma línea, el acero y los productos intensivos en acero solo calificarían como de origen europeo si han sido originalmente fundidos y vertidos dentro del continente europeo. Se introduce así un requisito específico sobre una fase inicial de la cadena de producción con el objetivo de evitar que materiales fabricados fuera de la UE puedan adquirir posteriormente la consideración de producto europeo tras una transformación posterior.
Del mismo modo, para considerar un vehículo como “ensamblado en la UE”, exigen que la estampación de piezas de la carrocería, el ensamblado de la carrocería en blanco, la pintura y el ensamblado final se realicen en la misma planta de fabricación. La propuesta establece, por tanto, una definición más estricta de lo que debe entenderse por producción efectiva dentro del territorio comunitario.
Contratación pública y autonomía estratégica
En cuanto a la contratación pública, los socialistas elevan el umbral de presunción de coste desproporcionado del 25% al 40% del valor total del contrato, dificultando que las administraciones públicas puedan descartar productos europeos únicamente por razones de precio.
El grupo socialista quiere además que el Reglamento prohíba que la contratación pública se guíe principalmente por el menor precio. En su lugar, plantea obligar a priorizar criterios de calidad, resiliencia de la cadena de suministro y autonomía estratégica, además de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los procedimientos de contratación.
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La propuesta extiende también su enfoque de autonomía industrial al sector químico. Los socialistas exigen a la Comisión Europea que establezca, en un plazo máximo de nueve meses, medidas de demanda para moléculas críticas y productos químicos básicos de origen UE. Se trata de incorporar al marco regulatorio instrumentos específicos para reforzar la producción y demanda comunitarias en ámbitos considerados relevantes para la capacidad industrial europea.
Los socialistas también refuerzan los requisitos de producción europea para tecnologías específicas. En el caso de la industria fotovoltaica, ponen sobre la mesa la obligatoriedad de utilizar polisilicio de origen europeo, así como componentes clave adicionales desde el primer y el tercer año de entrada en vigor. En el ámbito de la energía eólica, pretenden que palas, torres y hasta cuatro componentes específicos adicionales sean obligatoriamente de origen europeo en las licitaciones.
Las enmiendas de la delegación española del grupo socialista buscan elevar el nivel de exigencia del futuro marco industrial europeo, combinando criterios de origen, requisitos laborales, obligaciones de aprovisionamiento y condiciones de inversión. La propuesta desplaza así el foco desde la mera capacidad de producción hacia la construcción de cadenas de valor más arraigadas en territorio comunitario y con una menor exposición a dependencias externas. El resultado es un planteamiento más exigente sobre qué debe considerarse producción europea y sobre las condiciones que deben cumplir tanto los inversores de terceros países como los proveedores que quieran acceder a determinados instrumentos o contratos dentro de la Unión.