El Ibex pierde los 19.800 puntos y encadena otra sesión a la baja

Para modificar la regulación de los mercados bursátiles en España, en términos parlamentarios, el cauce principal es el de la ley ordinaria (incluida la propia Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión). Como alternativa, el Gobierno puede recurrir a un real decreto-ley que, una vez convalidado, se tramite como proyecto de ley. Además, suele haber un desarrollo reglamentario posterior mediante normas del Gobierno que ya no pasan por las Cortes.

a) Reforma mediante ley ordinaria o ley del mercado de valores

La regulación básica de los mercados de valores se contiene en leyes ordinarias estatales. Para modificarlas, el procedimiento de referencia es el de un proyecto de ley del Gobierno, aunque también cabe una proposición de ley de los grupos parlamentarios. En ambos casos, el recorrido parlamentario es similar:

• Presentación e inicio: si es proyecto de ley, el Gobierno lo aprueba en Consejo de Ministros y lo remite al Congreso de los Diputados. Si es proposición de ley, la presentan uno o varios grupos o al menos 15 diputados. El texto se califica por la Mesa y se ordena su tramitación.
• Enmiendas a la totalidad: en el Congreso puede celebrarse un debate de totalidad en el Pleno, donde los grupos pueden presentar:
  • Enmiendas de devolución (rechazo completo del texto).
  • Enmiendas de texto alternativo (propuesta de una nueva redacción completa).
  Para que el proyecto siga adelante, debe rechazarse la devolución por mayoría simple de los diputados presentes.
• Tramitación en comisión: superada la totalidad, el texto pasa a la Comisión competente (habitualmente, Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital o equivalente). Aquí:
  • Los grupos presentan enmiendas parciales al articulado.
  • Se designa una Ponencia que elabora un informe sobre el texto y las enmiendas.
  • La Comisión debate y vota las enmiendas y aprueba un dictamen.
  Todas las votaciones se deciden por mayoría simple.
• Pleno del Congreso: el dictamen de la Comisión se eleva al Pleno, donde los grupos pueden mantener enmiendas vivas para su defensa. El Pleno:
  • Debate el texto y las enmiendas reservadas.
  • Vota las enmiendas y el texto final, también por mayoría simple.
  Con esta aprobación, la Cámara Baja fija la posición principal sobre la reforma de la normativa bursátil.
• Tramitación en el Senado: el texto pasa al Senado, donde se repite el esquema:
  • Presentación de enmiendas parciales y, en su caso, un veto al conjunto del proyecto.
  • Trabajo en Comisión y dictamen.
  • Debate y votación en Pleno.
  El Senado puede:
  • Aprobar el texto sin cambios.
  • Aprobar enmiendas.
  • Aprobar un veto (devolución), que requiere mayoría absoluta.
• Segunda vuelta en el Congreso: si el Senado introduce enmiendas o un veto:
  • El Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta de sus miembros, o por mayoría simple si transcurren dos meses desde la interposición.
  • Respecto a las enmiendas, puede aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple.
• Sanción y publicación: culminado el trámite parlamentario, el Rey sanciona y promulga la ley, que se publica en el BOE. Solo desde ese momento la nueva regulación bursátil entra en vigor (salvo que la propia ley difiera la fecha).

b) Reforma mediante real decreto-ley

Si el Gobierno considera que concurren “casos de extraordinaria y urgente necesidad”, puede aprobar cambios en la regulación de los mercados bursátiles mediante real decreto-ley. El procedimiento incorpora dos planos:

• Aprobación por el Gobierno: el Consejo de Ministros aprueba el real decreto-ley, que entra en vigor de forma inmediata o en la fecha fijada en el propio texto y se publica en el BOE.
• Convalidación en el Congreso: en el plazo máximo de 30 días, el Congreso debe debatirlo en Pleno. Puede:
  • Convalidarlo por mayoría simple, con lo que el real decreto-ley sigue vigente.
  • Derogarlo, también por mayoría simple, con lo que pierde vigencia hacia el futuro.
• Tramitación como proyecto de ley: en el mismo debate de convalidación, el Congreso puede acordar, por mayoría simple, que el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. En tal caso:
  • El texto sigue el cauce ordinario descrito antes (enmiendas, comisión, Plenos de Congreso y Senado), pero con plazos abreviados.
  • Los grupos pueden introducir enmiendas para matizar o corregir la reforma bursátil inicialmente aprobada por decreto-ley.

c) Desarrollo reglamentario posterior

La ley o el decreto-ley que reforme la regulación de los mercados de valores suele remitir muchos detalles técnicos a normas de rango inferior:

• Reales decretos del Gobierno, aprobados en Consejo de Ministros.
• Órdenes ministeriales (por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Económicos).
• Circulars de la CNMV, dentro de sus competencias.

Estas normas de desarrollo no siguen trámite parlamentario ordinario: se elaboran en el ámbito del Ejecutivo, con eventuales consultas públicas y dictámenes, pero las Cortes Generales solo intervienen indirectamente (control político, preguntas, comparecencias, etc.). Desde la perspectiva estrictamente parlamentaria, el núcleo de la modificación de la normativa bursátil se concentra, por tanto, en la aprobación de la ley o del real decreto-ley que fija el marco básico.

El Banco de España es una de las piezas centrales del entramado institucional encargado de preservar la estabilidad financiera en España. Sus competencias combinan funciones de supervisión prudencial, diseño y ejecución de la política macroprudencial, análisis de riesgos sistémicos y participación en los marcos europeo y nacional de resolución de crisis bancarias.

1. Vigilancia de la estabilidad financiera y política macroprudencial

Según las intervenciones oficiales del gobernador y la subgobernadora, la actividad del Banco de España se estructura, entre otras, en la función específica de “vigilancia de la estabilidad financiera, diseño y ejecución de la política macroprudencial” (comparecencia en el Congreso 2024). Esto significa que:

• Identifica riesgos y vulnerabilidades sistémicas, tanto cíclicas como estructurales, para el sistema financiero español (por ejemplo, en los Informes de Estabilidad Financiera).
• Define y aplica instrumentos macroprudenciales para reforzar la resiliencia del sistema bancario y mitigar la prociclicidad del crédito.
• Integra nuevos riesgos (climáticos, tecnológicos, de criptoactivos, etc.) en el análisis de estabilidad financiera.

2. Herramientas macroprudenciales: colchones de capital y límites al crédito

La normativa derivada de la Directiva 2013/36/UE (CRD) y su trasposición mediante la Ley 10/2014 y su desarrollo reglamentario otorgan al Banco de España competencias para aplicar herramientas macroprudenciales, entre ellas:

• Colchón de capital anticíclico (CCA), principal herramienta para abordar la dimensión cíclica de los riesgos sistémicos, que el Banco de España puede activar y liberar en función del ciclo financiero (discurso sobre la revisión del CCA y nota sobre su fijación trimestral).
• Colchones para entidades de importancia sistémica, fijando requerimientos adicionales de capital a bancos cuya quiebra tendría un impacto especialmente grave en la estabilidad financiera (designación de entidad sistémica mundial y su colchón).
• Límites a los estándares crediticios (por ejemplo, ratios préstamo/valor o servicio de la deuda/ingresos) sobre nuevas operaciones, que la institución está desarrollando para poder utilizarlos de forma preventiva si detecta riesgos excesivos, especialmente en el mercado hipotecario, tal como se explica en el Informe de Estabilidad Financiera y en las notas sobre límites al crédito.

3. Supervisión prudencial bancaria y coordinación europea

La estabilidad financiera descansa también en la supervisión microprudencial de las entidades. En el marco del Mecanismo Único de Supervisión:

• El Banco de España participa, junto con el Banco Central Europeo, en la supervisión de las entidades significativas, aportando equipos y análisis técnicos.
• Ejerce directamente la supervisión de las entidades menos significativas, comprobando el cumplimiento de las normas de solvencia, liquidez, gobernanza y gestión de riesgos (presentación de la Guía del sistema financiero español).
• Elabora regulación de segundo nivel (circulares) y criterios interpretativos que concretan el marco prudencial y supervisa también la conducta con la clientela, lo que reduce fuentes de riesgo reputacional y legal para el sistema.

4. Resolución de crisis y coordinación institucional

La Ley 11/2015 y su desarrollo han configurado un modelo en el que el Banco de España:

• Asume funciones de resolución en fase preventiva para las entidades de crédito (planes de resolución, análisis de resolubilidad, medidas de actuación temprana), con independencia operativa respecto de sus tareas supervisoras.
• Coopera con las autoridades de resolución europeas y con el FROB; y, según las reformas más recientes, se refuerza su papel como autoridad de resolución para la banca, lo que cierra el ciclo entre supervisión, prevención y gestión ordenada de crisis.
• Participa en la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), que coordina a Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros y el Ministerio de Economía en la identificación de riesgos sistémicos y en la emisión de opiniones, alertas y recomendaciones.

5. Análisis, comunicación y rendición de cuentas

Finalmente, el Banco de España sostiene la estabilidad financiera mediante:

• La elaboración periódica de Informes de Estabilidad Financiera y pruebas de resistencia del sistema bancario, que evalúan la capacidad de absorción de shocks.
• Su participación activa en foros internacionales (FSB, Comité de Basilea, EBA, Junta Europea de Riesgo Sistémico), donde se define el marco regulatorio global y europeo que condiciona la estabilidad del sistema.
• La comunicación pública y la rendición de cuentas ante Cortes Generales y Tribunal de Cuentas, subrayadas en intervenciones como “Control externo e independencia” del gobernador (discurso ante el Tribunal de Cuentas), que buscan dar transparencia a su mandato en materia de estabilidad financiera.

Las últimas elecciones al Parlamento Europeo se celebraron en España el 9 de junio de 2024. Los datos oficiales están recogidos en el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 27 de junio de 2024, publicado en el BOE, que detalla los votos y escaños por candidatura. A partir de ese acuerdo y de los resúmenes de prensa citados en las fuentes consultadas, se puede hacer la siguiente síntesis para los principales partidos españoles.

En primer lugar, el Partido Popular (PP) fue la lista más votada en España. Según el análisis de resultados citado por el medio especializado Diario Farma, el PP obtuvo un 34,19 % de los votos y 22 escaños en el Parlamento Europeo. Esto supuso una victoria clara en términos de porcentaje de voto y un aumento significativo de su representación respecto al ciclo anterior, consolidando a la delegación popular española como una de las más numerosas dentro del grupo del PPE a nivel europeo.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quedó en segundo lugar en voto total, aunque las fuentes consultadas coinciden en que fue la fuerza con más escaños. El artículo de Diario Farma señala que el PP consiguió 22 escaños, “dos menos que el PSOE”, de lo que se desprende que los socialistas lograron 24 escaños. En cuanto al voto, distintos análisis periodísticos hablan de un resultado en torno al 30 % a nivel estatal (en una pieza de Demócrata se menciona expresamente un 30,4 %). Es decir, el PSOE quedó por detrás del PP en porcentaje, pero por delante en número de eurodiputados.

En tercer lugar se situó Vox. Las piezas de análisis de Demócrata sobre las elecciones europeas recogen que la formación de extrema derecha logró “casi un 10 % de los votos” y obtuvo seis escaños, dos más que en la legislatura europea anterior. Ese resultado consolidó a Vox como tercera fuerza española en el Parlamento Europeo y reforzó su presencia en el grupo de conservadores y reformistas (ECR) a nivel comunitario.

Entre las fuerzas a la izquierda del PSOE, las fuentes revisadas señalan dos bloques principales: por un lado, la candidatura de Sumar; por otro, la lista Podemos. Los artículos consultados no proporcionan porcentajes de voto desagregados para estas dos candidaturas, pero sí indican el reparto de escaños en términos generales: Sumar y Ahora Repúblicas obtienen “tres escaños cada una”. Es decir, para Sumar podemos afirmar que consiguió 3 escaños, aunque sin un dato de porcentaje concreto en los fragmentos disponibles. En el caso de Podemos, lo que sí se aprecia en los documentos de la Junta Electoral Central es que figura entre las candidaturas que han obtenido representación, junto a otras como “Junts i Lliures per Europa” o la “Agrupación de electores «Se Acabó la Fiesta»”, pero en los extractos manejados no se indica cuántos escaños le corresponden ni su porcentaje de voto.

Dentro del espacio nacionalista y de izquierdas, la coalición Ahora Repúblicas (que agrupa a ERC, EH Bildu, BNG y ARA Més) aparece claramente identificada en la cobertura consultada. Se indica que obtuvo 3 escaños en el Parlamento Europeo, con un resultado que la sitúa como una de las principales candidaturas no estatales en España. De nuevo, los porcentajes exactos de voto por candidatura se encuentran en las tablas anexas al acuerdo de la Junta Electoral Central, pero no se reproducen en los fragmentos a los que se ha tenido acceso.

En cuanto a Junts i Lliures per Europa, la coalición CEUS (Coalición por una Europa Solidaria) y la Agrupación de electores «Se Acabó la Fiesta», todos ellos figuran en el Acuerdo de la Junta Electoral Central como candidaturas que han obtenido escaño. El propio BOE contiene un cuadro específico (“Relación de votos correspondientes a cada una de las candidaturas que han obtenido escaño y número de estos”) en el que se desglosa, para cada lista, el total de votos y el número de eurodiputados. Sin embargo, en los pasajes concretos reproducidos en las fuentes de prensa y en los extractos del BOE empleados aquí no aparecen las cifras resumidas de escaños para Junts, CEUS, Podemos ni «Se Acabó la Fiesta», ni un porcentaje nacional de voto, por lo que no es posible ofrecer esos datos sin acudir directamente al texto completo del BOE.

En síntesis, con la información disponible de forma explícita en las fuentes consultadas se puede afirmar con seguridad:

• PP: 34,19 % de los votos; 22 escaños.
• PSOE: en torno al 30 % de los votos; 24 escaños.
• Vox: casi 10 % de los votos; 6 escaños.
• Sumar: 3 escaños (porcentaje no indicado en los extractos usados).
• Ahora Repúblicas: 3 escaños (porcentaje no indicado en los extractos usados).

Para conocer con precisión el porcentaje de voto y el número exacto de escaños de cada una de las candidaturas restantes (Podemos, Junts, CEUS, «Se Acabó la Fiesta»), es imprescindible consultar directamente las tablas completas del acuerdo de la Junta Electoral Central publicado en el BOE, donde se recoge el escrutinio oficial consolidado.