El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles, gracias a los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley impulsado por el Gobierno para ordenar la actividad de los 'lobbies'. La norma, que había generado malestar en el socio minoritario del Ejecutivo y en varios de sus aliados, era cuestionada sobre todo por incluir entre los grupos de interés a sindicatos y organizaciones empresariales.
La convalidación del decreto solo ha contado con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC y Bildu, insuficiente frente a los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía previsto oponerse, pero rectificó en el último momento y se alineó con el PSOE, pese a que su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había emitido telemáticamente su voto en contra.
Se trataba del segundo intento del Ejecutivo para fijar un marco legal para los grupos de interés: en enero de 2025 ya remitió al Congreso un proyecto de ley cuya tramitación quedó bloqueada por falta de consenso. El decreto ley estaba vigente desde finales de agosto, pero al no ser refrendado por la Cámara queda automáticamente derogado.
Durante el debate, buena parte de los grupos ha reprochado al PSOE que optase por el decreto ley en lugar de buscar un acuerdo amplio en el Parlamento, amparándose en la urgencia de cumplir los plazos exigidos para acceder a 1.500 millones de fondos europeos.
El principal foco de rechazo ha sido la equiparación de organizaciones empresariales y sindicatos con otros grupos de influencia. Al defender el texto, el ministro de Transición Digital, Óscar López, ha adelantado que, si se convalidaba, antes de noviembre el Gobierno registraría una enmienda a otra ley en tramitación para precisar que los actores del diálogo social quedarían fuera de esta regulación.
Choque por la inclusión de sindicatos y patronal
El ministro ha subrayado que el decreto ley incorporaba el 90% de las aportaciones de los grupos, incluidas las del PP y Junts, y ha arremetido de forma especial contra 'populares' y Vox: “Cuando en Europa pregunten por qué en España no hay una ley de 'lobbies' habrá que responder que fue porque lo impidieron la derecha y la ultraderecha”, ha aseverado.
A su entender, a la ciudadanía le resultará difícil comprender “que la oposición no quiere aprobar un proyecto por el cual el Gobierno eleva los controles sobre el Gobierno” y que, además, está “pactado con Bruselas” y con el sector lobista.
Los portavoces de casi todos los grupos, salvo Vox, han coincidido en reclamar más transparencia en las relaciones de los 'lobbies' con el poder político, pero han juzgado que la propuesta llega “tarde” y se queda corta.
Para el diputado de Bildu Óskar Matute, el decreto no aclara “quien influye, en quién, con qué recursos y con qué consecuencias”. Néstor Rego, del BNG, lo ha descrito como la “legalización del lobismo” y ha lamentado que no ataje las 'puertas giratorias', mientras que Àgueda Micó (Compromís) ha denunciado que el plan contra la corrupción del Gobierno sigue “a medio hacer” al no contemplar aún sanciones para los corruptores.
Buena parte de las críticas se han concentrado en la inclusión de los sindicatos, un “despropósito mayúsculo” para el BNG y un “dislate” y un “gravísimo error” para Carlos Martín, de Sumar. Oskar Matute (Bildu) ha censurado la “incongruencia” de equiparar a las centrales sindicales con la patronal. “No creo que Repsol sea igual que el movimiento de pensionistas”, ha señalado, denunciando que se intente “dificultar la acción de colectivos sociales”.
“Una cosa es el diálogo social en un sentido abstracto y genérico y otra la relación de influencia directa que puede tener un sindicato sobre una decisión gubernamental o legislativa, no nos gusta esta ambigüedad”, ha avisado el diputado de ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal, cuestionando que se excluya como 'lobbies' a los colegios profesionales mientras se incluye a los sindicatos.
Desde Junts, Josep Pagès ha criticado que se pretenda obligar a pymes y asociaciones a pasar “por el mismo aro” que las grandes compañías y consultoras. A su juicio, la norma está “a medida” de los lobistas profesionales y termina desinfrentando el contacto de pequeñas empresas y entidades sociales con la administración.
Reproches al uso del decreto ley
La diputada del PP Edurne Uriarte se ha mostrado partidaria de regular la actividad de los grupos de interés, pero no mediante un decreto ley “repentino” que, según ha dicho, “elimina el papel constitucional de los sindicatos y organizaciones empresariales”. Además, ha cuestionado la autoridad de López para hablar de calidad democrática y le ha reclamado reactivar el proyecto de ley ordinaria.
El representante del PNV, Mikel Legarda, ha centrado sus reproches en el recurso al decreto ley pese a existir ya una ley en tramitación y ha acusado al Ejecutivo de ir mucho más lejos que en su propuesta inicial. Por ello, ha instado al ministro a plantear un nuevo decreto de mínimos, alineado con los estándares europeos y realmente pactado con los grupos, si quiere garantizar su convalidación.
Emilio del Valle, de Vox, ha evitado entrar al fondo del texto y se ha limitado a acusar al Gobierno de despreciar al Parlamento. “Convalidar en estas condiciones normaliza el decreto ley como atajo frente a un Congreso que no da los votos”, ha denunciado, reprochando al Ejecutivo que pretenda “sustituir la negociación de enmiendas por un procedimiento en el que solo cabe decir sí o no”.
Por último, el socialista José Luis Aceves ha acusado a los partidos que han tumbado el decreto de querer que sus contactos con los lobbies “sigan produciéndose en la oscuridad” y ha afeado al PP que vote en contra de propuestas suyas que el Gobierno había incorporado al texto.